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Política crimen organizado | corrupción | lavado de activos

Mucho ruido y pocas nueces

Seguridad: ¿políticas de Estado o enfoque de crimen organizado?

Promesas de políticas de Estado para mejorar la seguridad, pero el gobierno jugó solo sin ir a fondo en temas poco abordados: lavado de activos y corrupción.

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Es cada vez más frecuente escuchar reclamos desde el sistema político, y especialmente desde el gobierno actual, que tal o cual cosa debe ser una “política de Estado”. La seguridad es recurrente.

Casi siempre esto ocurre cuando el gobierno se muestra incapaz ante la ciudadanía de resolver un problema, e intenta diluir su responsabilidad apelando a un hipotético acuerdo del sistema político en su conjunto, lo que permitiría ganar tiempo y distraer la atención, o al menos ponerla en un otro acontecimiento que, muy improbablemente, ocurriría en un futuro incierto.

Esto ocurre con las políticas de seguridad y la prevención y persecución del delito y este problema se arrastra desde hace tiempo en nuestra sociedad, que a su vez cuestiona a los sucesivos gobiernos porque no encuentran la solución al problema aunque se hayan aplicado distintas políticas.

Esto quedó en evidencia la semana pasada cuando el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, decidió concurrir a la Comisión Permanente del Parlamento y allí brindó una marea de datos, estadísticas e indicios que apuntan al crecimiento de la criminalidad en nuestro país.

Martinelli habló de la necesidad de debatir “por lo alto”, del “enfoque dual” y, como no podía ser de otra manera, reclamó por Políticas de Estado.

Sin dudar de la buena fe del Ministro Martinelli, resulta un poco extravagante creer que tenía mucha y bien fundada esperanza cuando “hace poco más de un año, en diciembre de 2022, este gobierno y el Ministerio del Interior decidieron convocar a todos los partidos políticos para trabajar en un acuerdo multipartidario”

Es muy curioso cómo un cargo de Ministro resulta tan engañoso para el que lo desempeña como para sentirse tan magnífico como Winston Churchill que llegó a prometer sangre, sudor y lágrimas ante sus conciudadanos ingleses frente a la inminencia de los bombardeos alemanes.

En verdad la tal reunión multipartidaria no dio a luz ninguna política de Estado, ni justificó las ínfulas del Ministro, ni su voluntad hazañosa.

La realidad marcó que la tasa de homicidios cerró 2024 cerca de su máximo histórico con un dramático 11 cada 100 mil habitantes. Esto es casi tres veces más que el 3.8 registrado en igual período en la Argentina. Más aún, la tendencia descendente que exhibe el país vecino –los homicidios eran 4.4 por cada 100 mil habitantes en 2023- deja en evidencia que esta vez no podamos explicar la mala performance uruguaya por “factores externos”.

Es más, tal vez no falte quien afirme que se podría estar produciendo un “corrimiento” del crimen hacia nuestro país, ante la cada vez más evidente liberación de nuestro territorio para la circulación y establecimiento de bandas de narcotraficantes.

Cuando escribo estas líneas no salgo de mi asombro leyendo que a tres cuadras de mi casa ,en el Rosedal del Prado, un lugar bucólico en donde otrora soñábamos recitando los poemas de Ruben Darío, a la misma hora y con una diferencia de veinte días, hubo dos homicidios causado por disparos de pistolas 9 mm.

Como si esto fuera poco, desde el sector político del Dr. Pedro Bordaberry se promovió en la última campaña electoral la “libre circulación” con Argentina y Brasil como forma de promover el turismo, medida que parecería a primera vista incompatible con el pretendido interés por fortalecer el control de nuestras fronteras.

Nadie duda de las buenas intenciones del ministro Martinelli, que parecería haber comenzado a comprender la complejidad del problema durante su pasaje por el Ministerio del Interior. Pero hay un enfoque que brilla por su ausencia en el análisis de este problema “multi-causal”: el crimen organizado. Cuando a su predecesor, Luis Alberto Heber, se le planteaba el problema de la presencia de los grandes cárteles de la droga en nuestro país y en especial el puerto de Montevideo, este prefería enfocarse en la represión de la venta al menudeo, cerrando “bocas” que invariablemente abrían al otro día a unas pocas cuadras, y en muchos casos, a escasos metros de la boca que se había cerrado.

Daría la impresión que son pocos los interesados en diagnosticar el problema de seguridad como uno marcado por la presencia del crimen organizado.

Es más, la justicia de Crimen Organizado ha sido usada para presentar denuncias infundadas contra políticos y jerarcas del gobierno frenteamplista , denuncias que han terminado casi siempre archivadas luego de ocupar miles de horas de trabajo de fiscales, actuarios, funcionarios y jueces y cientos de miles de hojas que llenaron centenares de expediente destinados a dormir en un archivo subterráneo de aquí a la eternidad.

El crimen organizado no parece estar invitado al menú de los medios, ni de la academia, ni siquiera del discurso de los políticos y aún menos de la campaña electoral recientes.

Es más, tampoco se habla de corrupción y de lavado de activos

Sobre esto no parece haber conciencia, ni prevención, ni persecución, aunque sorprende a todos los indicios de emprendimientos raros, inversiones desproporcionadas, torres gigantescas, autos de alta gama, exoneraciones y hasta empresas con beneficiarios finales en Islas Vírgenes, representadas por Estudios Jurídicos de renombre.

No sorprende una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva, ni los sucesivos booms de la construcción en Punta del este, ni los permisos y excepciones en nuestro principal balneario, ni los concordatos y quiebras de empresas de inversión formales y no formales, ni las estafas en los barrios privados, ni siquiera el incremento de supermillonarios en nuestra país eludiendo los rigores impositivos de la vecina orilla.

Menos aún se animan a sugerir cruzamientos entre la política y las redes criminales, vínculo que invariablemente se encuentra presente en todas las experiencias mundiales de crimen organizado.

Concretamente, resulta útil repasar la experiencia italiana, ya que el caso de la mafia en Sicilia es emblemático en cualquier estudio serio sobre el problema del crimen organizado. El crecimiento industrial y urbano de la posguerra había generado las condiciones apropiadas para el fortalecimiento de las bandas criminales. A medida que la población agrícola migraba hacia Palermo y otras ciudades para trabajar en las nuevas fábricas, es producía un boom en la construcción civil y residencial para asegurar la extensión de servicios públicos, y la construcción de viviendas y escuelas. Esto dio lugar a un aparato clientelar de permisos y excepciones que fue muy bien explotado por la Democracia Cristiana (DC), partido que gobernó casi ininterrumpidamente el país hasta que a principios de los ´90 los fiscales de Milán le pusieran el último clavo a su tumba con el proceso “Mani Pulite”.

Paradojalmente, no fue la pobreza la que alimentó el crecimiento y el poder de la mafia siciliana, sino todo lo contrario, fue el cambio en las estructuras económicas que facilitó el surgimiento de una nueva clase de empresarios que basaban su éxito por un lado en conexiones políticas al más alto nivel, y por otro en bandas criminales bien asentadas en el territorio que permitían controlar toda la gama de negocios ilegales, desde la prostitución hasta el narcotráfico, pasando por el juego ilegal. Con el correr del tiempo esta relación se fue haciendo simbiótica, al punto que pasó a ser muy difícil diferenciar a los mafiosos de los políticos. Como explicara el Prof. Ciro Dovizio ,la enorme transferencia de recursos públicos hacia grupos afines del sector privado creó las condiciones para la renovación de liderazgos, tanto en los políticos del gobierno como de los grupos mafiosos, menos comprometidos con el país y más focalizados en fortalecer sus negocios.

La experiencia italiana enseña también que en las redes criminales revistan a menudo personas que difícilmente configuran los estereotipos de “delincuentes”. Este fenómeno lo describe muy bien la Prof. Eleonora Montani, quien explica que no es posible encasillar a estos individuos dentro de los tradicionales análisis socio-criminológicos que alimentan la jurisprudencia. “Recorriendo las páginas de los documentos judiciales, nos encontramos con profesionales que ponen permanentemente sus talentos a disposición de las asociaciones criminales, hasta el punto de asumir, ellos mismos, el papel de partícipes”, argumenta la experta en derecho del crimen organizado.

Para Montani la frontera entre la delincuencia económico-financiera y la de tipo criminal se ha hecho cada vez más difusa, con “conductas que se entrecruzan y roles que se solapan”, a medida que el empresariado mafioso empieza a manejar riqueza y entra en contacto con entornos proclives a la delincuencia económica. De esta manera, “por interés o por ósmosis”, estos empresarios criminales van asumiendo “rasgos híbridos” cada vez más cercano al de sus pares de “cuello blanco”, haciendo converger la lógica mafiosa con la del “beneficio a toda costa”. O de los “malla oro” como les llamamos por aquí.

La experiencia italiana deja en evidencia que políticos, criminales y empresarios representan los tres ejes fundamentales de las redes de crimen organizado. En la medida que pensemos que el flagelo que nos afecta es el resultado del agregado de conductas individuales o de pequeñas bandas criminales, no estaremos preparados para combatirlo efectivamente.

Más que seguir con el sonsonete de las “políticas de Estado”, lo que nuestro país necesita es que las autoridades apliquen seriamente un enfoque de crimen organizado, reconociendo que ya hace tiempo que el desafío dejó de ser simplemente un problema de bandas criminales que se van apoderando del territorio. Para ser sinceros la designación de Carlos Negro para el Ministerio del Interior, Jorge Díaz para la Pro Secretaria de la Presidencia y el Inspector Mario Layera para la Agencia Nacional de Inteligencia me genera expectativa y esperanza.

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