La comisión especial de la Cámara de Senadores que analizará el proyecto del Poder Ejecutivo de reforma jubilatoria se instalará este jueves en el Parlamento.
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Tendrá 17 miembros; de los cuales, nueve representarán al oficialismo y ocho a la oposición. La comisión será presidida por el senador herrerista, Gustavo Penadés.
Este jueves se definirá formalmente el régimen de trabajo, pero ya está acordado entre los coordinadores de las bancadas, que las sesiones serán los miércoles, jueves y viernes, dejando los lunes y martes para el trabajo de las comisiones permanentes.
En la sesión del miércoles próximo, comparecerán representantes del Poder Ejecutivo. Participarán de esa primera reunión, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie; autoridades del Banco de Previsión Social, encabezadas por su presidente Alfredo Cabrera; y el experto y redactor del proyecto de ley, Rodolfo Saldain.
Luego de esta sesión de trabajo, se confeccionará la agenda de visitas a la comisión, por parte de instituciones vinculadas a la seguridad social, involucradas en la reforma. Entre las primeras organizaciones que concurrirán, se encuentran las representantes de las clases pasivas y el Pit-Cnt.
Posición del FA
El Frente Amplio (FA) dio a conocer esta semana su posición formal de rechazo al proyecto de ley de la reforma del sistema previsional.
En un acto en el Club Arbolito, en La Teja, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, anunció que iniciarán una recorrida por todo el país para explicar por qué consideran que la propuesta del oficialismo es “injusta”, y adelantó que sus legisladores trabajarán en el Parlamento “para que se incorporen miradas que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto”.
Una declaración aprobada por la Mesa Política del FA señala que “una reforma de la seguridad social es necesaria, tanto por problemas de sostenibilidad financiera como social, pero no cualquier reforma”. Y agrega que lo que el Poder Ejecutivo propuso, en realidad, es una “reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores” y “reduce el margen de libertad de las personas para decidir de acuerdo con sus necesidades y urgencias”.
Además, afirma que el proyecto de ley “no contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema; no toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación”.