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Política presidente | agua potable | asociaciones fallidas

Asociación público-privados

Un presidente que tropieza dos veces con la misma piedra

¿Por qué Aguas de la Costa y Loma Negra son ejemplos de asociaciones fallidas que ahora pretenden repetir? ¿El presidente tropieza otra vez?

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Caras y Caretas Diario

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Un presidente que tropieza dos veces con la misma piedra: Increíblemente Uruguay tiene un gravísimo problema con el abastecimiento de agua potable, pero no es el único. También Ancap pretende asociar Cementos del Plata con privados. Aguas de la Costa y Loma Negra son ejemplos de asociaciones fallidas que ahora pretenden repetir.

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El filósofo alemán Friedrich Nietzsche elaboró una concepción del tiempo denominada “el eterno retorno”. Consiste en aceptar que todos los acontecimientos del mundo, todas las situaciones pasadas, presentes y futuras se repetirán eternamente.

Sin que se conozca el nombre del autor, otra cita popular expresa que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.

Ambos asertos valen para que podamos remontarnos al pasado con la intención de entender mejor el futuro del agua potable y del cemento portland.

OSE y Ancap en problemas

La región metropolitana atraviesa una gravísima crisis de agua potable acaecida después de una extensa sequía. Según informó Caras y Caretas, el proyecto Neptuno se ha presentó ante la población como la solución para mejorar la capacidad de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana e implica la creación de una planta potabilizadora que, en el marco de la Ley de Reactivación Económica (17.555), posibilitó que un privado presentara un proyecto para llevar a cabo la obra pública.

La planta se ubicaría en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí del departamento de San José, y se utilizaría para procesar agua y trasladarla por bombeo, mediante un caño de 73 kilómetros, hasta la red de abastecimiento de la zona metropolitana. Este proyecto fue presentado por el consorcio privado Agua de Montevideo, conformado por las empresas constructoras Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, y requerirá una inversión de más de 200 millones de dólares.

Pero el sindicato de OSE asegura que “de acuerdo a lo que votó el directorio, este proyecto terminará costando 500 millones de dólares, que se financiarán con lo que paguen los usuarios en sus facturas, además de pasarles el control del agua potable a privados, algo que fue rechazado en el plebiscito de 2004”.

La negativa experiencia de privatización en Maldonado es algo que debe estar en la consideración pública para que no vuelva a repetirse.

En tanto, el directorio de Ancap se dispone a convocar a licitación pública para asociar Cementos del Plata a una empresa privada. Según han señalado, el objetivo es terminar con las pérdidas que provoca al ente la producción de cemento portland.

La Federación Ancap es la principal oposición a esta asociación señalando que “a las empresas extranjeras lo único que les interesa son los yacimientos de piedra caliza”. Y razón no le falta ya que Uruguay tiene la mayor cantidad y mejor calidad de piedra caliza de una amplia región que abarca todo el norte argentino y el sur de Brasil.

Ocurre que Cementos del Plata comenzó a ser deficitaria justo a partir del momento en que se asoció a la argentina Loma Negra y el presidente Jorge Batlle eliminó la obligación de usar portland Ancap en las obras públicas.

Cuando privatizaron el agua en Maldonado

A principios de los 90, más que cambios en el servicio de agua potable, lo que el departamento de Maldonado necesitaba era saneamiento. El abrupto crecimiento provocado por el desarrollo edilicio a partir de 1976, con el consiguiente crecimiento de barriadas enteras de trabajadores inmigrantes, provocaba problemas de contaminación en las playas. Lo único que Punta del Este tiene para ofrecer a los turistas.

En 1994 OSE inauguró lo que pomposamente denominó “planta de tratamiento de aguas servidas” a un costo varias veces millonario en dólares y que se ubicaba frente a Piedras del Chileno, a la altura de la parada 39 de la Mansa.

La planta siempre funcionó mal, provocando olores muy desagradables justo al ingreso del principal balneario de la costa atlántica.

En 1990, a principios de su primer gobierno, el intendente Domingo Burgueño dijo que “o se resolvía el problema del saneamiento o Punta del Este debía bajar la cortina”. Entonces apareció el Presidente del BID, Enrique Iglesias, quien en un foro organizado en el 5º piso del edificio comunal afirmó que “el organismo que presidía estaba dispuesto a prestar 200 millones de dólares para construir la red de saneamiento en todo el departamento”.

Casi al fin de su mandato, Luis Alberto Lacalle Herrera adjudicó a la empresa constructora Niver Benencio, propietaria de Aguas de la Costa SA, los servicios de agua potable y saneamiento en una zona que a partir de entonces es conocida como “el este del arroyo Maldonado”.

El proyecto fue aprobado en Diputados y tuvo los votos de los representantes maldonadenses de los cuatro partidos (PN, PC, FA y PGP). Todo resultó en desastre. Los vecinos del lugar se resistieron a conectarse al servicio porque solo de cargo fijo por agua y saneamiento tenían que pagar el equivalente a 100 dólares de la época por mes a pesar de que el costo del metro cúbico de agua era mucho más barato que lo que cobraba OSE.

Curiosamente eran socios y directivos de la nueva empresa algunos exjerarcas de OSE, incluso su exgerente regional.

La Barra había vivido momentos de zozobra con el abastecimiento de agua durante veranos anteriores. Los residentes del lugar llegaban a desesperarse porque o bien salían gotas por las canillas o bien se quedaban sin agua. Por eso los que se oponían a la privatización no contaron con el apoyo de los mayoritarios propietarios extranjeros.

Sin embargo, con el correr del tiempo estos comenzaron a percatarse de que pagaban más por la factura de agua y saneamiento que por contribución inmobiliaria; y que sus propiedades se desvalorizaron rápidamente porque ya nadie quería comprar en un lugar con servicios tan caros.

La empresa se vio obligada a negociar con los residentes de todo el año. Pero eso le provocó un desfasaje financiero que la obligó a vender gran parte de su paquete accionario a la española Aguas de Barcelona. La fuente de agua potable empleada por la empresa era la laguna Blanca, ubicada en la zona de Manantiales y definida como la segunda reserva del departamento y una de las más puras del interior. Por lo menos hasta que la tomó Aguas de la Costa.

La incentivación del consumo de agua provocó que la laguna se secara en el primer año y, como no hubo estudios de impacto ambiental ni del origen de los recursos hídricos, la empresa recurrió a lo más fácil: tendió un caño de 14 kilómetros y comenzó a succionar agua del arroyo San Carlos para llenar la laguna Blanca.

Pero el mencionado arroyo era el vertedero natural de las aguas residuales de los carolinos. El curso presentaba un altísimo grado de contaminación y varios técnicos señalaban que había “riesgo de vida para quienes se bañaran en el lugar”. Los carolinos perdieron su lugar natural de esparcimiento veraniego porque el arroyo casi se secó convirtiéndose en una charca infecta.

La laguna Blanca comenzó a presentar un alto grado de contaminación y era frecuente que por las canillas “al este del arroyo Maldonado” saliera agua con color, olor y sabor. Es decir, agua no potable. Todos los gobernantes y dirigentes políticos prometieron estudiar una reducción de las tarifas. Pero fueron sólo promesas vanas. Por eso en verano la zona se llenó de carteles que decían: “Agua sí, robo no”.

En 1996 OSE anunció que llamaría a licitación para concesionar todos sus servicios en este departamento. Con los antecedentes de Aguas de la Costa la ciudadanía reaccionó inmediatamente y una comisión integrada con vecinos de todos los partidos políticos logró recolectar 36.000 firmas, equivalentes al 40 por ciento del padrón electoral, para oponerse al plan privatizador.

En 1998 con esas firmas se presentaron recursos ante el Parlamento y ante la Suprema Corte de Justicia, sin mayor suerte. A fines de ese mismo año se organizó el primer plebiscito popular y voluntario en el que otra vez 33.000 ciudadanos votaron en contra de la privatización. Pero no fueron tenidos en cuenta.

El empuje decisivo que el Foro Batllista, con el vicepresidente de OSE, Ariel Moller, a la cabeza, le dio al proceso privatizador, con el apoyo de la mayoría nacionalista y el del entonces intendente Domingo Burgueño, terminó volcando la balanza a favor de las empresas privadas.

Después de un extenso proceso licitatorio, durante el que se realizaron varias denuncias por irregularidades, se descalificó a una empresa y renunció otra, el servicio fue adjudicado al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, empresa pública propiedad del gobierno del País Vasco, propietaria de Uragua SA.

A dos meses de haber asumido el control del servicio dejó al balneario de Piriápolis sin agua potable durante dos días en plena temporada por una incorrecta maniobra de sus ingenieros. Después debieron advertirla por los sobreprecios incluidos en sus facturas; más tarde se comprobó que el agua potable que vendían en Maldonado estaba contaminada. En el verano de 2002 las aguas servidas y materias fecales desbordaron durante una semana las cámaras ubicadas en la rambla del puerto de Punta del Este, comprobándose que Uragua había construido un desagüe hacia las aguas portuarias provocando la contaminación del mismo. Durante todo 2002 continuaron las denuncias y apercibimiento de OSE e investigaciones parlamentarias.

La empresa nunca inició, como estaba obligada, las obras del colector subacuático y se limitó a tareas de mantenimiento y construcción de subestaciones de bombeo hacia el mar.

Con estos antecedentes nació la Comisión Nacional por el Agua y por la Vida, integrada por el sindicato de OSE y diferentes organizaciones sociales de todo el país; se plantearon la realización de un plebiscito para el que se recolectaron 247.141 firmas validadas por la Corte Electoral.

El 31 de octubre del 2004, junto con las elecciones nacionales, el 64,61% de los uruguayos le dijo no a cualquier intento de privatizar el agua potable. Este resultado canceló inmediatamente todas las concesiones a empresas privadas.

En junio de 2005 el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto definitivo y se creó la Unidad de Gestión Descentralizada, un organismo paralelo a OSE, presidido por un representante de la Intendencia de Maldonado.

Uragua se fue sin resarcimientos porque no había cumplido con las etapas correspondientes de su contrato.

Cuatro años después cesó la operativa de Aguas de la Costa que aún seguía funcionando al este del arroyo Maldonado. Las acciones de la empresa fueron adquiridas por OSE por 3.400.000 dólares.

El saneamiento para todo el departamento fue construido durante el gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos, financiado con fondos propios de la UGD.

El constante crecimiento del departamento propone nuevos problemas y mejoras del servicio que tiene a Laguna del Sauce como principal fuente de agua potable.

Cementos del Plata comenzó a ser deficitaria cuando se asoció a privados

Cementos del Plata SA fue creada en 1999, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, como una empresa pública bajo derecho privado.

Su creación se debió a un acuerdo firmado en 1998 con la cementera argentina Loma Negra, propiedad de la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. El 55% del capital accionario pertenecía a Ancap y el 45% a su par argentina.

El acuerdo establecía que Ancap vendería portland en Uruguay y Argentina, mientras Loma Negra proporcionaría asesoramiento técnico y financiero.

Cementos del Plata sería la encargada de la comercialización cobrando un 5% como comisión.

La integración societaria debía suponer que la representatividad en la dirección, los costos y los ingresos guardaran la misma relación. Pero no fue así. En el directorio había tres miembros de Loma Negra y dos de Ancap. También el gerenciamiento quedó en manos de los argentinos.

Toda esta información está consignada en el libro Ancap: una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo, publicada en el año 2003 y cuyo autor fue el contralmirante Óscar Lebel, ya fallecido.

Lebel afirma que los compromisos asumidos por Loma Negra fueron:

Mantener el liderazgo de Ancap en el mercado interno.

Pero el resultado fue negativo porque, si bien el ente público mantenía un abastecimiento superior a la competencia, las ventas cayeron del 53% al 46%.

Exportar a Argentina 150.000 toneladas el primer año, 180.000 el segundo, 250.000 el tercero y el cuarto, entre el quinto y el décimo 300.000 toneladas anuales.

Otro resultado negativo, porque jamás se cumplió con esas ventas y al quinto año ya no se vendió nada.

Asistencia técnica. Pero solo significó un sobrecosto sin traducirse en avances tecnológicos. Los diversos subproductos de Cementos del Plata fueron desarrollados por los técnicos que ya estaban en el ente.

Los sellos de calidad habían sido obtenidos antes de la asociación.

En resumen, la División Portland de Ancap, trabajando en régimen de competencia, nunca de monopolio, siempre había dado ganancias.

Las pérdidas comenzaron a partir de la asociación con Loma Negra.

En el proceso deficitario contribuyó una resolución del presidente Batlle eliminando la obligación de usar portland Ancap en las obras públicas.

Hoy Cementos del Plata está integrada por Ancap con el 99,74% de las acciones, mientras Loma Negra, ahora propiedad del grupo brasileño Votorantim, tiene el 0,26%.

El problema es que Votorantim también es socia de Cemento Artigas, hoy la principal competidora de Ancap, cuya planta está en Minas, frente a la de Cementos del Plata.

En el proceso de asociación que ahora propone el directorio de Ancap ingresa también la empresa Pamacor SA (99% Ancap, 1% Cementos del Plata), que es la que se encarga de la prospeccion y explotación de recursos minerales. Es decir, la que explota los yacimientos de piedra caliza, materia prima esencial para la fabricación de cemento. No se entregan los derechos mineros ni la explotación de los mismos. Sí se asegura la provisión necesaria de piedra.

En el llamado a licitación se compromete la venta del 51% de las acciones de Cementos del Plata. Está en duda el mantenimiento de los puestos de trabajo hoy existentes. Y se otorga el derecho de uso de la marca Ancap.

Curiosamente, según el planteo, el directorio tampoco contempla la integración de capital, ya que el socio privado tendrá cuatro directores y Ancap solo uno.

El contrato se extenderá por 40 años, prorrogables.

En el mercado del cemento hay un tercer operador llamado Cielo Azul cuya planta está en el departamento de Treinta y Tres; recién instalada, con una inversión de 140 millones de dólares y propiedad del empresario Ernesto Correa da Silva, brasileño residente en Uruguay.

Además, los futbolistas compatriotas Diego Lugano y Diego Godín son propietarios de la marca Charrúa, con la que venden portland importado desde Turquía. Asociado a ellos está el exdirigente colorado Ricardo Scaglia, un hombre que supo conducir la debacle Pluna-Varig.

Cementos del Plata necesita urgentemente nuevos yacimientos de caliza porque el que opera ahora en el Cerro del Verdún está al borde del agotamiento.

Godín y Lugano necesitan un horno para quemar caliza. Pero, además, según varias fuentes, buscan un acuerdo con la brasilera Votorantim, que ya tiene intereses en Cementos del Plata y en Cementos Artigas.

Demasiados intereses privados, encontrados y confluentes, preanuncian solo más pérdidas para el Estado, con un presidente dispuesto a tropezar nuevamente con la misma piedra.

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