Agua salada, desinversión y sospecha de corrupción

Si bien nadie responsabiliza al gobierno por la falta de lluvias, lo que sí se le puede imputar es su falta de prevención y el recorte de inversiones que provocaron esta situación límite.

Es insólito que uno de los países con mayores reservas de agua dulce del planeta con relación a su territorio esté en esta coyuntura de emergencia, mientras las tres pasteras succionan toneladas del líquido elemento para su producción industrial, tomado de cursos superficiales y de la propia napa freática.

A esta patética coalición tomada de los pelos no le interesa la salud de los uruguayos. Incluso, la inefable vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, le recomendó a la ciudadanía que en lugar de comprar una bebida refrescante adquiera agua mineral.

Tamaño atrevimiento trasunta un absoluto desconocimiento de la realidad de más de 350.000 uruguayos que viven bajo la línea de pobreza, quienes obviamente carecen de recursos suficientes para comprar agua mineral sin afectar su acotado presupuesto. Felizmente, el gobierno emuló a la Intendencia de Montevideo y entregará agua embotellada a los beneficiarios del Mides.

Aunque el cuadro situacional es grave, el problema es aun más profundo, por el recorte de la inversión estatal en OSE de 220 millones de dólares en el quinquenio, que apunta al mantenimiento del equilibrio fiscal, a seguir otorgando un millonario subsidio a la oligarquía empresarial y a la privatización de servicios. Ahora, se permiten la osadía de acusar a los gobiernos del Frente Amplio de no anticiparse a la situación pese a que solo durante la presidencia de Tabaré Vázquez, OSE invirtió más de 500 millones de dólares.

Si este gobierno no hubiera suspendido la ejecución de las obras de la represa Casupá, en Florida, que estaban planificadas y financiadas, la situación no hubiera llegado a este extremo de gravedad.

El debate aterriza inexorablemente en el controvertido Proyecto Neptuno que prevé la construcción de una necesaria planta potabilizadora en Arazití, San José, que cubrirá la demanda del área metropolitana. La obra estará a cargo de un consorcio privado y costará más del triple que si fuera ejecutada por el Estado.

Partiendo de la premisa de que la futura planta será gestionada por privados durante 20 años, la decisión vulnera el artículo 47 de la Constitución de la República, que comete a OSE -en forma preceptiva- la responsabilidad del suministro, distribución y gestión del agua potable. La disposición, que fue la última enmienda que se introdujo a nuestra carta magna, contó con la adhesión del 64% del electorado en el plebiscito celebrado el 25 de noviembre de 2004. También viola la carta orgánica de OSE.

En la inauguración del ciclo progresista, fue revocada la concesión otorgada a la empresa española Aguas del Gran Bilbao, que en nuestro país fue identificada como Uragua, que gestionó los servicios que presta OSE en el este del país, incluyendo balnearios internacionales como Punta del Este y Piriápolis.

Por entonces, el diario La República, en el cual yo trabajaba, denunció -sin éxito- los desaguisados perpetrados por la empresa adjudicataria, que prestó un servicio deficiente aun en temporadas estivales. También se incurrió en el delito de conjunción de interés público y privado, ya que la esposa del presidente del ente, Ariel Moller, trabajaba en la empresa.

De este modo, se cerró uno de los episodios más opacos y oscuros de acomodo y corrupción de los gobiernos de derecha, que ya, a comienzos de la década del noventa, habían fracasado en su intento de privatizar servicios públicos. El avieso propósito fue literalmente demolido en un referéndum celebrado el 13 de diciembre de 1992 por un abrumador 65% de adhesiones a la propuesta derogatoria.

Más de treinta años después de la histórica patinada del gobierno herrerista de Luis Alberto Lacalle Herrera -padre del actual presidente-, la derecha coaligada retoma sus tentaciones privatistas, con el impulso del Partido Nacional y la actitud ambigua de dos principales socios: el Partido Colorado y Cabildo Abierto.

El nuevo capítulo de esta ofensiva privatizadora y entreguista parece ser, sin dudas, el Proyecto Neptuno, que prevé la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua, indispensable para atender la demanda y la mejora del servicio. Si bien nadie objeta que la planta física sea erigida por una empresa privada, lo que sí es pertinente cuestionar es la decisión de conceder la gestión del servicio durante 28 años, lo cual abarcará a los próximos cinco gobiernos.

Lo cierto es que, más allá de la grosera inconstitucionalidad de la decisión, la participación privada costará nada menos que 12 millones de dólares anuales más que si la obra fuera asumida por OSE. Es decir, un redondo negocio para el capital, que se hace cargo de un servicio esencial y genera un grave perjuicio a las finanzas del ente, que se financian con las tarifas que pagamos todos los uruguayos.

No es un tema menor ni de connotaciones meramente filosóficas, sino una cuestión de rango legal y constitucional, que fue laudada en 2004 en las urnas por una abrumadora mayoría de los uruguayos, quienes consideran al agua un bien común al cual debe tener acceso toda la población, con tarifas accesibles.

El Proyecto Neptuno, más allá de su mera inconstitucionalidad, será un pésimo negocio para el Estado que sí favorecerá a los empresarios de un consorcio privado.

En efecto, la planta -que si fuera construida por OSE costaría 200 millones de dólares- insumirá al Estado un desembolso de 743 millones de dólares en 20 años y, además, será gestionada por particulares, lo cual es 300 millones de dólares más costoso que si estuviera en la esfera pública.

Por otra parte, este proyecto soluciona únicamente 10 años de abastecimiento y deja a la planta de Aguas Corrientes en las mismas condiciones y sin inversión, pese a que esta aporta el 80% de la producción de agua potable al área metropolitana

Incluso, el propio estudio de factibilidad de las firmas proponentes identificó unos noventa puntos de impacto ambiental, veinticinco de los cuales pueden provocar daños significativos.

La futura planta trabajará primordialmente con agua procedente del Río de la Plata -que es un estuario-, afectada, por factores climáticos, por un aumento de la salinidad. Además la calidad del líquido elemento puede ser afectada por floraciones de cianobacterias. Es decir, no soluciona el problema de fondo.

El proyecto Neptuno es inconstitucional, muy oneroso por la participación de las pirañas del poder económico y altamente contaminante, como lo señalan estudios técnicos de la Udelar y organizaciones ambientalistas.

Esta es un nueva ofensiva privatizadora que se propone el gobierno, que, como en otros casos, arroja un manto de duda sobre la transparencia de procedimientos y despierta fundadas sospechas de corrupción.