Uruguay es usado por cerealeras argentinas para evadir impuestos

Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti, ambos expertos en economía y ciencias sociales e investigadores del Conicet, publicaron en agosto un trabajo cuyo título es revelador: “Cruzar el charco para evadir impuestos”.

La agencia de noticias Tierra Viva recogió la investigación en la que se asegura que “las compañías Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra, Syngenta, Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y ACA, eluden miles de millones de dólares de impuestos vía Uruguay”.

“El cerealero es el sector que más divisas ingresa al país: casi el 50 por ciento del total de sus exportaciones”, sostiene el Centro de Exportadores de Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario representaron el 60 por ciento del total, con gran protagonismo de granos, aceites y harinas, asegura Tierra Viva.

¿Las ganancias de esas exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores Gaggero y Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40 por ciento del total de su facturación la hicieron acá.

¿Cómo eluden impuestos estas empresas?, es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti. Ambos explican que “las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay empresas cáscara, firmas que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas—, para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del uno por ciento”.

“Cabe destacar —agregan— que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo. En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo dos por ciento de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.

¿Cómo es la operatoria?

Los investigadores explican que “las empresas uruguayas adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en Argentina. La empresa productora en Argentina vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a precios menores al precio de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones a la exportación se sigue cobrando en el país; lo que se busca evadir es, principalmente, el pago del impuesto a las ganancias”.

Las empresas estudiadas —analizando las ganancias declaradas en Argentina, donde tienen producción, y las ganancias declaradas en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las multinacionales Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia del resto que mantienen su nombre original, o parte de él, en la “empresa cáscara”.

“Hicimos este estudio porque habíamos hecho un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero, además, las empresas argentinas estaban en manos de un holding formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”, explicó Gaggero sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería fiscal de las cerealeras.

De acuerdo a información obtenida del Boletín Oficial de Uruguay, las “empresas cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó realizar de forma local, de la producción al consumo, para producirse un proceso de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por “agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas en otras industrias.

En el caso particular de la Argentina, los investigadores afirman que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por grandes empresas multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país, pero crecieron de la mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura cívico-militar, como una modificación de la Ley de Granos, y la autorización para la construcción de puertos privados, lo que le dio a las firmas de molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la región, producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990, en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la Ley de Actividades Portuarias afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.

Un paraíso para la evasión

Según detalla el informe de Gaggero y Zanotti, Uruguay tiene un trato especial para los holdings —sociedades que administran propiedad de otras compañías— extranjeros que se radican en el país: no cobra el impuesto a la renta de las actividades económicas (gravado en 25 por ciento para quienes producen en Uruguay). Tampoco el impuesto al patrimonio (1,5 por ciento) a las ganancias provenientes, por ejemplo, por los dividendos percibidos por las firmas extranjeras o por el resultado de la liquidación de una de sus firmas en el exterior.

Agregan que “además, cuenta con un régimen especial para las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y servicios (trading), tanto para productos como para servicios que se generen en otro país y no toquen suelo uruguayo. A estas, la resolución de la Dirección General Impositiva 51/97, les permite pagar aproximadamente el 0,75 por ciento de sus ganancias.

Junto al andamiaje legal, el informe, publicado en agosto por la Fundación Friedrich Ebert, precisa información de las empresas que permiten evidenciar que el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula). Como muestra, los investigadores aportan dos datos:

En el caso de las empresas cáscara estudiadas, el gasto en empleados constituye 0,14 por ciento de lo facturado.

El 1,1 por ciento de los activos fijos (maquinaria, plantas o inmuebles) de las empresas uruguayas bajo estudio corresponde a activos fijos.

Es por eso, como también marca el informe, que el país vecino está incluido en el listado de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. Esos beneficios para empresas extranjeras Uruguay los aporta a cambio de un escaso pago de impuestos, cuando lo facturado por las “empresas cáscara” del agronegocio, solo en 2021, fue de 42.000 millones de dólares. La cifra representa el 43 por ciento del valor bruto de producción de Uruguay y el 72 por ciento de su PBI.

“La creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los Estados —especialmente a los más pobres— de recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”, sentencia el informe.

“Es una pérdida de recursos muy relevante en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina” resalta Gaggero, y suma un ejemplo de 2021: una firma uruguaya, perteneciente a una empresa argentina del agronegocio, facturó ganancias por dos millones dólares en Argentina, donde tiene sus producción; y 93 millones en Uruguay.

El informe arroja otros datos reveladores a partir del estudio de los datos contables de las empresas en suelo argentino y uruguayo:

Las empresas del agronegocio en Uruguay tuvieron ganancias por 475 millones de dólares en 2021 y 3.954 millones en los últimos cinco años. Su procedencia está relacionada tanto a la actividad de intermediación a través de los desvíos de precios de transferencia —el cobro por productos y servicios entre las firmas de la misma empresa— como de operaciones con los contratos en el mercado financiero de commodities.

Las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan más del 40 por ciento de la facturación total del grupo.

“En particular, las firmas ACA, Cargill, AGD y Perez Companc acumularon gran cantidad de activos líquidos. Especialmente las firmas uruguayas de capitales argentinos (ACA, AGD, Pérez Companc, Vicentin) concentran gran parte del total del efectivo del grupo en las filiales radicadas en Uruguay. Es decir, los dólares constantes y sonantes de los grupos argentinos son mantenidos en Uruguay a través de las firmas estudiadas”.

“El patrimonio del grupo argentino Pérez Companc (a través de Molinos Agro) se encuentra especialmente explicado por su filial en Uruguay. Es decir, dicha rama de negocio del grupo posee su patrimonio casi enteramente resguardado en Uruguay. Por otro lado, las firmas de Bunge, Dreyfus, ACA, Adecoagro, AGD, Vicentin, representan entre cuatro y nueve por ciento del patrimonio total del grupo o conglomerado”, afirma el informe de Gaggero y Zanotti.

El caso Vicentin

La agencia Tierra Viva informa que “el caso de la cerealera Vicentin volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró abierto el periodo de concurrencia, tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión dándole más tiempo para negociar su deuda. La empresa declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

El proceso involucra un vaciamiento de la empresa hacia Vicentin Family Group, radicado en Uruguay. En paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares— hasta productores chacareros, doce integrantes del directorio de la empresa local fueron imputados por asociación ilícita y estafas.

En junio del 2020, el periodista Raul Dellatorre de Página 12 afirmó que “las investigaciones en torno a la actividad de la empresa cerealera Vicentin SAIC de Argentina y sus vinculaciones con Uruguay durante 2019, año en que recibió créditos por prefinanciación de exportaciones del Banco Nación por ventas a ese país que jamás canceló, revelan que entre junio de 2018 y febrero de 2019 ese grupo empresario registró tres empresas vinculadas en el vecino país. Vicentin SAIC sucursal Uruguay se registró el 25 de febrero de 2019 en el Listado de Sociedades Anónimas del Banco Central de Uruguay, apenas semanas ante de que esa novel firma apareciera como receptora de las exportaciones provenientes de su casa matriz argentina, prefinanciadas con créditos de la banca oficial conducida por González Fraga. Otras dos firmas integrantes del mismo grupo, Vicentin Family Group y Vicentina SA, habían sido registradas en el mismo país apenas ocho meses antes, el 22 y el 29 de junio de 2018, respectivamente”.

Según fuentes del caso, la empresa implementó dos tipos de triangulación, una con Paraguay y otra con Uruguay. Vicentin Paraguay tiene 6 empleados, no tiene planta productora, pero es el segundo exportador de granos de Paraguay. Se estima que son 200 millones de dólares los evadidos gracias a la exportación de granos argentinos por la subsidiaria paraguaya, los que no pagan retenciones ni abultan las utilidades de la empresa en Argentina.

En cambio, en Uruguay registró sus exportaciones, pero las hizo a través de una zona franca.

Según un informe del estudio que encabeza el abogado argentino Mariano Moyano –el mismo que encontró a Juan Peirano en EE. UU. y aún persigue sus activos–, "no existe información sobre existencia de activos de Vicentin Paraguay SA. Entendemos que las oficinas eran mínimas con una dotación máxima de seis personas. A través del relato de testigos, se ha determinado que Vicentin Paraguay SA funcionaba más como una empresa de corretaje agropecuario (broker), que de producción. Tenemos relatos de que las oficinas prácticamente están cerradas desde noviembre de 2019, y que los empleados remanentes prácticamente no reciben instrucciones por parte de sus directivos, con actividades comerciales reducidas al mínimo".

En lo que sí aparecería muy activa Vicentin Paraguay SA es en operaciones financieras con otras firmas en Uruguay y Panamá vinculadas a Vicentin, aunque esta no las declare como tales. Eso es lo que presume Mariano Moyano, quien en su informe entregado al diputado rosarino Carlos del Frade señala que, como resultado de su investigación, "surgen incongruencias respecto del verdadero estado económico y financiero del Grupo Vicentin; en particular, la existencia de sociedades offshore no declaradas, como así también la falta de justificación en el flujo financiero entre Vicentin Paraguay SA, Nacadie Comercial SA Uruguay, y Nacadie Comercial Panamá. Todo lo cual hace despertar en el suscripto el estado de sospecha de encontrarnos en un esquema de ocultamiento de activos, perpetrado desde hace por lo menos dos años, sustrayéndolo del alcance de los acreedores en jurisdicción argentina".

Desde los años 70 Uruguay es usado para evadir dinero argentino

El chauvinismo uruguayo vive recordando el daño infligido a nuestro país, sobre todo en el sector turístico, cuando el gobierno de Néstor Kirchner alentó el cierre de los puentes sobre el Río Uruguay, pero olvidan cómo Uruguay fue usado para saquear a la Argentina desde mediados de los años 70.

Entonces empujados por “la plata dulce”, miles de argentinos que evadían impuestos u operaban en el mercado de cambios ilegal, entre otros asuntos tan o más oscuros, invirtieron en el sector inmobiliario, comenzando a diseñar lo que hoy es Punta del Este.

En los años 90, todos los negociados corruptos del menemismo se hicieron con empresas uruguayas. Las coimas IBM-Banco de la Nación se pagaron en Uruguay. Las empresas que contrabandearon armas argentinas hacia Ecuador y Croacia eran uruguayas.

Uruguay era entonces un paraíso fiscal. Sin embargo, a la luz del informe sobre las cerealeras argentinas cabría preguntarse si no lo seguimos siendo.

También sería importante que se aclarara si las facilidades que otorga el Mercosur solo sirven para embromarnos entre nosotros.