El ministro del Interior, Carlos Negro, realizó esta semana un diagnóstico sobre el estado de la seguridad ciudadana en Uruguay, dijo que hubo “un fracaso estrepitoso y continuado” durante los últimos 30 años y propuso crear “un plan nacional de seguridad” con el aporte de todos los partidos políticos para que “trascienda los gobiernos”.
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Dentro de ese plan, el Ministerio del Interior trabaja en un punto importante para las autoridades, que es el desarme civil que busca enfrentar la circulación de armas ilegales en Uruguay. Actualmente, se estima que hay un millón de armas, pero solo 600.000 están registradas. Esto significa que más de 400.000 armas estarían fuera del control estatal.
El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró en el Parlamento que la disponibilidad de armas es un factor clave en los niveles de violencia letal del país. El jerarca sostuvo que la cartera trabaja contrarreloj en un proyecto de ley que será remitido al Parlamento en las próximas semanas.
Negro evitó hablar directamente de “desarme” y en cambio, se refirió a la iniciativa como parte de una “política de armas”. De todas formas, afirmó que “sin un desarme no habrá cambios significativos” y adelantó que se impulsará una campaña de entrega voluntaria de armas.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el plan es el sistema de control vigente: gran parte de los registros están en papel, lo que dificulta conocer con precisión cuántas armas hay en circulación. Actualmente, el sistema está bajo el control del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional, pero Negro pretende concentrar toda la responsabilidad en su cartera.
Endurecer las penas
El gobierno también trabaja en modificaciones a la ley de armas para endurecer las penas asociadas a la tenencia y uso irregular de armamento. Estudios internacionales citados por el Ministerio indican que, por cada arma registrada, hay al menos otra ilegal, un dato que genera preocupación en las autoridades.
La intención de avanzar hacia el desarme civil no es nueva en Uruguay. En 2009, la entonces ministra Daisy Tourné promovió una ley de armas que no prosperó. Años después, bajo la gestión de Eduardo Bonomi, se lanzó el programa Armas para la Vida, que ofrecía a los ciudadanos entregar sus armas a cambio de una Ceibalita o una bicicleta. La iniciativa tuvo poco impacto: solo se recuperaron unas pocas armas de las más de 600.000 que había en circulación en ese momento.
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