En paralelo, el Ministerio de Ambiente avanza en el análisis técnico de la solicitud presentada por UPM Fray Bentos para incrementar la producción de la planta sin aumentar los vertidos al río. La evaluación está a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), que mantiene un intercambio permanente con la empresa para ajustar estudios y propuestas. Según Ortuño, el objetivo es asegurar que cualquier ampliación productiva cumpla estrictamente con los estándares ambientales vigentes. “En general, el proyecto que se plantea está en condiciones de llevarse adelante”, afirmó, aunque aclaró que el anuncio de las inversiones corresponderá a la empresa.
Fortalecen controles
El fortalecimiento de los controles ambientales también se extiende a otros proyectos estratégicos en la zona. Ortuño se refirió a las negociaciones con Argentina por la instalación de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global. La iniciativa ya cuenta con autorización ambiental para su localización, pero aún está pendiente la presentación del estudio de impacto ambiental, requisito clave de la normativa nacional.
Tras un reciente encuentro bilateral, el estudio incorporará además las preocupaciones planteadas por la delegación argentina. Una vez que la empresa entregue la información solicitada, el Ministerio de Ambiente realizará el análisis técnico correspondiente antes de avanzar en nuevas definiciones.
Con la reactivación de la comisión de seguimiento, la evaluación rigurosa de ampliaciones industriales y el control exhaustivo de nuevos emprendimientos energéticos, el gobierno busca reforzar el rol del Estado en la fiscalización ambiental y garantizar que el desarrollo productivo se compatibilice con la protección del río Uruguay y su entorno.
