El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, sería el encargado de anunciar la acusación vinculada a un supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels por parte de Donald Trump durante la campaña presidencial de 2016.
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En Nueva York no se puede esconder la tensión desde el fin de semana cuando Trump sorprendió al avisar que sería “arrestado” este martes. Acto seguido, llamó a sus seguidores a protestar. Unas declaraciones que revivieron el temor de repetir escenas como las de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de unos llamados similares del magnate después de asegurar, sin pruebas, que las elecciones presidenciales habían sido fraudulentas.
Nunca antes un expresidente o presidente de Estados Unidos ha sido acusado formalmente en un proceso penal. Bragg tiene en sus manos el que podría ser el primer caso criminal en contra de un exmandatario.
El Departamento de Justicia estadounidense prohíbe la acusación federal de un presidente en el cargo. Pero el caso de un expresidente es diferente. Dos años alejado de la Casa Blanca dejan a Trump sin ese “escudo legal”, tal como afirma ‘The Washington Post’ (WP).
El medio asegura que “la decisión de acusar al expresidente Donald Trump por los pagos de dinero secreto realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016 recae en un gran jurado de Manhattan que ha estado escuchando pruebas en secreto durante semanas”.
Además de su carácter histórico, la acusación llegaría en un momento tenso para el líder republicano. Trump ha asegurado querer lanzarse a la carrera presidencial para las elecciones de 2024 y se enfrenta a múltiples investigaciones en su contra.
El Departamento de Justicia está indagando el caso de Mar-a-Lago, la mansión del expresidente en Florida, donde supuestamente retuvo unos documentos gubernamentales. En paralelo, Trump está siendo investigado por su responsabilidad en la insurrección del 6 de enero de 2021.
¿De qué se acusaría a Trump?
Bragg acusaría a Trump por un delito relacionado a su pago de 130.000 dólares a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels justo antes de las elecciones de 2016. Una transacción que habría buscado proteger la imagen del entonces candidato presidencial y encubrir una supuesta aventura extramatrimonial.
En el centro del meollo está su exabogado, Michael Cohen, quien fue el encargado de enviar el dinero de Daniels. En 2018, Cohen se declaró culpable de violación en el financiamiento de campañas federales y admitió que ayudó a organizar la transacción.
Tal como resalta 'The New York Times' (NYT) citando el expediente judicial de Cohen—, la Organización Trump reembolsó al profesional un monto “en el transcurso de 2017”.
El medio asegura que “el negocio de Trump ocultó el verdadero propósito de los pagos, según el documento, al registrarlos como si fueran para un anticipo legal que no existía”.
Y añade: “Es probable que una condena dependa de que los fiscales demuestren que Trump reembolsó a Cohen y falsificó registros comerciales cuando lo hizo, posiblemente para ocultar una violación de la ley electoral”.
¿Qué cargos podrían caer sobre el expresidente?
Los cargos específicos que caerían sobre Trump todavía están por verse. Según 'The Washington Post', “implicarían la supuesta falsificación de registros comerciales, que se deriva de que Trump enumeró sus reembolsos a Cohen como ‘gastos legales’”.
Una información con la que parece coincidir el 'Times'. “El caso puede incluir un posible cargo de falsificación de registros comerciales en virtud del artículo 175 de la Ley Penal de Nueva York. Una condena por una versión de delito grave de fraude contable conlleva una sentencia de hasta cuatro años”, asegura el medio.
Para que pueda ser acusado de este delito, los fiscales deben demostrar que Trump actuó con conocimiento para que “sus subordinados hicieran una entrada falsa en los registros de su empresa ‘con la intención de defraudar’”, añade 'NYT'.
Ahora bien, el caso podría ir más allá. La Fiscalía de Manhattan estaría buscando inculpar al expresidente de un delito grave y no menor; para lo que necesitan demostrar que el expresidente falsificó los registros comerciales con la intención de cometer otro delito.