¿Por qué le quitaron a Bolivia su salida al mar?

El 9 de mayo de 1877 estalló en la zona de Iquique, en Perú, un terremoto de enormes proporciones. Según los datos recabados, fue un sismo de 8,5 en la escala de Richter que generó un maremoto con olas de entre 10 y 23 metros. Este terremoto sería de tal magnitud que no sólo impactaría en la geografía de Perú, Bolivia y Chile, sino que también terminaría por generar una guerra y finalmente una reestructura del mapa de Sudamérica.

Cualquier lector atento se habrá percatado de que Iquique actualmente le pertenece a Chile, pero en tiempos en los que el terremoto golpeó las costas del Pacífico, aquello era territorio peruano, la provincia de Iquique, el departamento de Tarapacá. Así como Iquique pertenecía a Perú, Antofagasta era territorio boliviano, y de esa forma el país andino poseía una enorme salida al mar (unos 400 kilómetros de costa). Este ordenamiento territorial, estos límites, fueron legados de la época colonial en general y eran causa de enormes conflictos. Hagamos un poco de memoria y recordemos los conflictos de la Banda Oriental, la Provincia Oriental y finalmente el Estado Oriental con respecto a Brasil en este sentido y comprenderemos las consecuencias de las balcanizaciones, muchas de ellas caprichosas y de espaldas a la historia de unidad de los territorios. No es casualidad que la mayoría de los revolucionarios lucharon por la unidad y no por la secesión.

No es el caso de Chile, que nunca formó parte de la unidad de los virreinatos, sino que se desarrolló como una Capitanía General (dentro del esquema indiano) y sostuvo su aislamiento político en cierto aislamiento geográfico gracias a la cordillera. De esta forma no fue del todo extraño que ansiara los territorios bolivianos y de paso los peruanos y los obtuviera en una guerra. Justamente tras el terremoto, el gobierno boliviano decide reconstruir el puerto de Antofagasta y para eso incrementa los impuestos a las extracciones de salitres, verdadero negocio de los chilenos en aquellos territorios. Chile decidió que esa suba estaba violando un tratado firmado por ambas naciones en 1874 que obligaba a Bolivia a no incrementar las tasas por 25 años. La gran perjudicada fue una empresa chilena, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA). El gobierno chileno salió en defensa de la empresa y sostuvo que esos aspectos formaban parte de los temas limítrofes, mientras que el presidente boliviano, Hilarión Daza, desestimó esto planteando que eran temas internos de Bolivia. En definitiva, era su territorio.

De esta forma, en 1879 las fuerzas chilenas invadieron con tanto poder que no sólo tomaron Antofagasta, sino que siguieron su camino hacia el norte, tomando Iquique y Arica, bajo jurisdicción de Perú.

El tema era que Perú había firmado un tratado secreto con Bolivia. Este tratado se comprende en el equilibrio de fuerzas andino, en el que Chile y Perú competían por ese sitial. Perú, al percatarse de una guerra inminente intentó parlamentar y envió un diplomático a Chile. Pero ya era tarde: la maquinaria de la guerra había comenzado y no cesaría hasta 1883, cuando Perú termina aceptando la ocupación chilena de su territorio y firmando el tratado de Ancón.

Varios puntos de esta contienda pueden ser analizados a la luz de la historia. Primeramente, la persistente anatema de las independencias americanas, los límites y las soberanías que dejaron heridas abiertas en el establecimiento de una nueva realidad geopolítica en la región tras la balcanización. Por otra parte, las elites locales y los negocios que se fueron conformando, el del salitre por ejemplo, que fue cooptado por los chilenos en territorio boliviano. Esto termina generando a la postre la guerra y una respuesta extremadamente desigual a la supuesta ofensa. Si a la suba de impuestos le deviene una invasión, una guerra y la toma de los territorios deseados, parecería a todas luces que los impuestos eran solamente una simple excusa. De este modo, la Guerra del Pacífico desnudó conflictos intestinos de América Latina que venían desde los tiempos de la colonia, pero al mismo tiempo desnudó las ansias de las elites chilenas de acaparar el negocio del salitre y de quedarse de una vez por todas con un territorio extremadamente ansiado.

Igualmente a la Corte de la Haya poco le interesaron las razones históricas y fundaron su veredicto en una serie de considerandos leguleyos basados en la (no) obligación de Chile, en los tratados anteriores y los laudos, en resoluciones de la OEA (sí, de la OEA) y finalmente llamaron al diálogo, que es prácticamente igual a cero.