Uno de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a recurrir es el que refiere a la denominada portabilidad numérica. Se trata de la propiedad del número de su celular y del derecho del cliente de llevárselo si cambia de empresa. Es una modalidad empleada por las empresas transnacionales que se reparten el mercado mundial que ahora se quiere implementar en el país. De hacerlo, un nuevo operador ingresará al país para administrar el sistema. El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) se opone a esto porque considera que afectará directamente a Antel en su competencia con las transnacionales, según explicó a Caras y Caretas el secretario de esa organización, Gabriel Molina.
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“Las empresas de comunicaciones del mundo tienen los prefijos que anteceden al número de la misma. Por ejemplo 093, 094, 095, responden a la empresa multinacional Movistar. 096 y 097 identifican a la empresa multinacional Claro. Y 091, 092, 098 y 099 son los que se identifican con nuestra empresa pública y estatal Antel. Eso identifica a cada una de las empresas con las cuales uno firma un contrato aceptando ciertas condiciones. Hace mucho tiempo en el mundo empezó a avanzar el sistema de portabilidad. Este lo que hace es dejar que el prefijo identifique a la empresa y el número pasa a ser del cliente. Es de su propiedad. Con ese número se va a cualquier empresa, se pasa a a cualquier empresa”, explicó Molina.
“Eso se da en el mundo”, subrayó. No obstante, en el mundo “las que existen son las empresas multinacionales. Se hace esto para evitar que una empresa supere a la otra en el comercio y en el mercado”.
Advirtió que esto supone el ingreso de un nuevo operador al mercado que se encargará de administrar el consumo de las compañías telefónicas. “Es real y cierto que del consumo final, el gasto tecnológico que lleva hacer eso -porque no es gratis-, se hace cargo la empresa que administra. Ahí estaría entrando un nuevo operador al país que tiene que administrar a todos los clientes de todas las empresas y luego repartir a dónde va el consumo final de todos los países”, explicó.
“Para el caso de Uruguay es lo mismo. A diferencia del resto del mundo, en Uruguay existe Antel, una empresa pública. Nosotros cuestionamos esto porque sabemos que termina siendo un beneficio y un negocio para los privados. En todo el mundo fue así porque las multinacionales entre ellas dejan de competir, mantienen un nivel de competencia mínimo y siguen subsistiendo”.
Indicó que las multinacionales como Claro y Movistar “tienen contratos con muchas empresas que se transforman en operadores que van a los países para organizar y administrar esos miles de clientes que las empresas tienen”.
“Para la aplicación del sistema de la portabilidad numérica el gobierno tuvo que elaborar un decreto, aprobado recientemente y que se pone en práctica en octubre de este año”, precisó. Ese decreto “es el mismo, es un calco, es exactamente igual al que en Colombia aprobaron para llevar adelante la portabilidad numérica. O sea que lo único que cambia es el país”.
Por otra parte, agregó, “se hace un llamado abierto para que se presenten empresas, una de las cuales, según la Ursec, será el nuevo operador que baja al país para adquirir la administración de todos los clientes de telefonía celular, Claro, Movistar y Antel. En esa subasta se presentaron empresas que no se dieron a conocer porque no se hicieron públicos sus nombres. Tampoco se hizo pública la subasta. La escondieron. Nadie se enteró, solamente nosotros porque estamos sobre el tema. Pero al gobierno, que iba a ser cristalino e iba a informar todo, esto se le traspapeló, porque no informaron absolutamente nada”.
Explicó que en la subasta se ofrecieron pliegos que fueron comprados por cinco empresas por el valor de US$ 2.000 cada uno. “Y para el asombro de todos nosotros es el mismo que se usó en Chile, o sea un calco. Exacto. La única diferencia de que en Chile dice Chile y acá, Uruguay”.
“Ahora, qué casualidad que ni Colombia ni Chile tienen una empresa pública de telecomunicaciones como tenemos en Uruguay. Es decir que el gobierno no considera contemplar Antel”, subrayó.
Derecho a la información
A su vez, “nosotros colocamos un recurso de intimación ante la Ursec para defender los derechos a la información que tenemos los uruguayos a la hora de proporcionar nuestros datos personales cuando adherimos a un contrato con una empresa telefónica. Acá hay una ley que defiende ese derecho. Ahora resulta que no se había contemplado”. O sea que en la subasta no se tomó en cuenta el derecho de los clientes a disponer de su información personal, la que se podría entregar a cualquier empresa sin conocimiento de los interesados.
Precisó que “en forma intempestiva iban a mandar a los clientes a la empresa que resuelva la Ursec para administrar sin previa consulta con los dueños de la información, que somos nosotros. La respuesta al recurso presentado por nuestro abogado, Óscar López Goldaracena, fue que teníamos razón y que iban a considerar esto y lo iban a respetar. Y, efectivamente, por lo menos, aparece en los cambios que hicieron. Pero resulta que en esa respuesta también nos mandaron el contrato que le van a hacer firmar a la empresa que gane o que la Ursec resuelva que ganó. Y resulta que dentro del contrato nos encontramos con sorpresa de que mantuvieron la disposición de que la empresa va a adquirir toda la información sin consulta”.
“Tras la subasta fuimos a la Ursec y entregamos un recurso declarando la inconstitucionalidad del contrato porque no contempla la reserva de los derechos de información”, agregó.
Otro aspecto que es considerado como “muy grave” por el Pit-Cnt es que “estamos en el medio de una campaña de recolección de firmas. Es un derecho constitucional que tenemos los uruguayos cuando vemos cosas que comprometen al país, como es el caso de los 135 artículos que recurrimos para que el pueblo uruguayo los derogue. Entre estos se cuenta el de la portabilidad numérica”.
“Ahora resulta que siguieron para adelante y dentro del contrato le van a pagar un montón de plata a la empresa que la Ursec resuelva sin considerar que la gente haya votado contra los artículos que establecen la portabilidad numérica. Y al no considerarse esto lo que va a pasar es que Uruguay le va a tener que pagar igual aunque no tenga nada que hacer. Estamos ate un situación muy compleja”, sentenció Molina.
Sobre este tema reflexionó que fue colocado “tan bien, que para muchas uruguayas y uruguayos se trata de una cuestión democrática que el número sea nuestro y no de la empresa. En otros término, no estar cautivos de la empresa y que el uruguayo resuelva y decida con su número a dónde quiere ir. Lo colocaron tan bien que hasta simpático cae. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿los beneficios que Antel tiene para sus clientes los va a poder seguir manteniendo o se van a caer?”.
Por otra parte, “las empresas que compiten con Antel están llamando a los clientes de Antel ofreciéndoles un contrato mejor teniendo conocimiento de los contratos que Antel tiene firmados con sus clientes”, precisó Molina dando cuenta de una denuncia reiterada por los abonados a la empresa pública.
Destacó que se trata de una situación “totalmente irregular porque Antel no está compitiendo con una empresa nacional, lo está haciendo con dos multinacionales como lo son Movistar y Claro, que en el mundo, en el marco de las telecomunicaciones, son hegemónicas. ¿Y le vamos a entregar parte del mercado a ellas? ¿Antel qué pérdida va a tener con esto y cuánto va a tener que pagar? Y lo otro es quién va a pagar lo que tenga que pagar de seguir adelante con la portabilidad numérica. ¿Y qué dijeron? Que esto se va a dividir entre las tres. Ahora, están los que no van a pagar porque ya tienen contrato a nivel internacional con la empresa que gane, que es una operadora internacional. O sea que la única que va a terminar pagando es Antel. Que en un momento de pandemia, en que el Estado está ausente para atender las necesidades de los uruguayos, se disponga a llevar adelante esto poniendo en riesgo la continuidad de Antel en el país y perdiendo parte de la soberanía, no me parece, pero siguieron para adelante”.
Al respecto señaló que desde el gobierno sostienen que “en la práctica esto no ha afectado a ninguna de las empresas, pero estamos hablando de multinacionales y una empresa pública es una rareza. A Antel le van a hacer pagar un montón de dinero porque las otras multinacionales tienen acuerdo con el operador que va a actuar en Uruguay. Por lo tanto, no van a firmar un acuerdo nuevo acá, entonces, la que va a terminar pagando todo es Antel”.
Recaudación afectada
Por otra parte, hizo referencia a la recaudación de Antel y su colaboración al presupuesto nacional. “Los clientes que Antel pierda le van a afectar la recaudación. Por lo tanto, los US$ 120 millones que vuelca a Rentas Generales, ¿los va a seguir manteniendo? ¿Le interesa al actual gobierno que Antel siga aportando a Rentas Generales la suma de dinero que anualmente aporta? ¿O no le interesa? Porque las multinacionales que compiten con Antel no dan nada. No tienen personal trabajando en forma directa. Ni el call center está en el país. No han hecho ninguna inversión para brindar un mejor servicio. ¿Va a afectar a Antel? Nosotros creemos que la va a afectar”.
“El gobierno dice que no. Que nos quedemos tranquilos y para nada va a afectar esto porque en el mudo los clientes casi ni se mueven”, indicó. No obstante, agregó, que “estamos hablando de un negocio que va a tener que pagar Antel. ¿Para controlar qué? ¿Un mercado donde compite con multinacionales? Hasta el momento hay un marco regulatorio que impide que haya una competencia desleal. ¿Se va a manejar en estos parámetros, impidiendo que haya dumping en Uruguay?”
“Por ejemplo, hay un proyecto para darle la fibra óptica de Antel a los privados. Estamos entregando soberanía”, sentenció. Y recordó que “el país invirtió para que Antel y el Uruguay sean considerados en el mundo como el primer país que ha avanzado en fibra óptica a nivel mundial. Lo miran a Uruguay porque no pueden creer que tenga esa capacidad. Hay otros países que lo han hecho, pero acá lo hicimos con Antel”.
Ahora, “como los privados no hicieron nada y presionaron al gobierno, le alquilamos la fibra óptica. Van a hacer competir a Antel con las propias herramientas de Antel”.
“Es como que en el país hubiera heladeras de Coca-Cola y adentro hubiera Pepsi. Eso es lo que va a ocurrir en el país”, sentenció.
En cuanto a las posibles medidas a adoptar por Sutel en el caso de que los recursos presentados no sean efectivos, Molina fue claro: “Nosotros no descartamos nada”.
Y agregó: “Los recursos que presentamos forman parte de los derechos que tenemos los uruguayos y no descartamos ningún tipo de acción. Pero en el medio de esto tenemos el problema de la pandemia”.
“Hay odio de clase”
“En este país los cambios positivos nunca son para la gente”, sentenció Molina haciendo referencias a las transformaciones que ha vivido el país en el último año. “Los cambios positivos son para el capital, que nunca dejó de ganar”, agregó.
Recordó que en los últimos 15 años “los empresarios se llenaron de plata, sin embargo, el gobierno hoy los ayuda mucho más y no les importó la plata porque es un problema de clase. Estuvieron 15 años sufriendo al ver que los trabajadores podían salir a veranear al exterior. Sufrieron al ver a los trabajadores y a sus familias en el aeropuerto, esperado el avión para viajar. Les molestó que en algún restaurante entrara un trabajador para cenar. Les molestó que el teatro se llenara de trabajadores con sus familias”.
“Fueron 15 años sufriendo porque los trabajadores pisaron lugares que eran para ellos. Es un problema de clase. Pura y exclusivamente de clase. Un odio fermental hacia nosotros. Eso es lo que han expresado siempre y lo que demuestran en algunas medidas que han tomado”, sentenció.