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Política coronavirus |

Prisiones y emergencia: 20 recomendaciones del Comisionado Parlamentario Penitenciario

Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario remite al Poder Ejecutivo 20 recomendaciones para atender la situación de las prisiones en el escenario de la emergencia sanitaria por el COVID 19.

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Las prisiones uruguayas han sido objeto de especial seguimiento y crítica por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

En tal sentido, ellas han sido definidas, en general, como espacios donde es poco probable que quienes en ella se encuentren por disposición judicial consigan, al final de la condena, transformar su forma de vida, situación que, a posteriori, se configura como «la reincidencia».

No hay, en este sentido, estudios serios y de largo aliento sobre las cifras reales de «reincidencia», existen si apreciaciones o acercamientos al problema, tanto desde posiciones oficiales, entendiendo por tal a las autoridades administrativas penitenciarias, o por aquellos que están mandatados políticamente, para hacer un seguimiento sistemático de la situación de los derechos humanos en las mismas.

En este último caso, la figura institucional más relevante es la del «comisionado parlamentario para el sistema penitenciario», una figura institucionalizada por ley en el año 2005 y que funciona desde entonces, como el principal eslabón del asesoramiento técnico del Parlamento en materia penitenciaria.

Además de las problemáticas vinculadas a la violencia, tanto institucional, como intra carcelaria, ha sido una preocupación sistemática de quienes han ocupado el cargo de comisionado, la situación sanitaria y la atención médica que reciben los prisioneros.

La historia del sistema penitenciario nacional abunda en ejemplos de desatención en materia de atención sanitaria en general y de especialización médica, en particular.

Alcanza con recordar que a la fecha, aún no se ha podido concretar la edificación de un centro hospitalario exclusivamente dedicado a la atención e internación de aquellos hombres y mujeres, que cumplen penas de privación de libertad.

El tema no es menor y ha dado lugar, en repetidas ocasiones a expresiones de protestas por parte de los prisioneros, por la desatención que reciben y de parte de los funcionarios de la salud en los centros hospitalarios donde se suele atenderlos, sobre todo, cuando se producen situaciones de fuga que, de una u otra forma, pueden poner y han puesto, en situación de riesgo vital al personal médico.

Esta característica de nuestro sistema penitenciario produce, además, como problemática, el incumplimiento de muchas de las consultas especializadas a las que acceden los prisioneros, debido a la necesidad de que los traslados se realicen con las custodias correspondientes y se eviten de esta forma algunas de las modalidades de fuga que han sido puestas en práctica en diferentes oportunidades.

Luego de un largo proceso de incorporación paulatina de las prisiones nacionales a los servicios de atención médica por parte del programa de ASSE, conocido como SAIPPL, se fue observando una mejora en la sistematicidad y calidad de la atención médica, lo que no significa que esta área no adolezca de problemas a ser atendidos y resueltos.

Con la llegada del COVID 19 al país y atendiendo a las complejidades estructurales mismas de nuestras prisiones (elevada población penitenciaria, elevada población de visitantes, dificultades en el mantenimiento de los más básicos servicios de higiene y limpieza, deterioros edilicios) el Instituto Nacional  de Rehabilitación (INR) dependencia del ministerio del Interior a cargo de la administración penitenciaria en todo el país, elaboró un «protocolo de actuación» con vistas a intentar minimizar los riesgos de contagio en la población penitenciaria y en el funcionariado a cargo de su custodia.

Este «protocolo de actuación» es el que se viene siguiendo en nuestro sistema penitenciario a la fecha.

Hoy se conoció, a través de un trabajo publicado en La Diaria, la posición del actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Dr. Juan Miguel Petit en lo que se refiere a la situación del sistema y las capacidades del mismo para hacer frente a la emergencia sanitaria.

De acuerdo a La Diaria «Para Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, “sin duda este es un escenario que nadie imaginaba y que obviamente golpea más fuerte en aquellos sectores más frágiles”. Dijo que “donde el Estado es más débil se sienten los golpes más profundos” y que aún con un Estado fuerte, “como es el uruguayo, en las zonas más débiles, como son las cárceles, es donde la crisis se atraviesa con especial sensibilidad”. Además, se suma la complejidad que tiene la cotidianeidad en una institución total de encierro: “es una vida compartimentada pero compartida”.

Petit informó, al mencionado medio de prensa, que se trabajó desde el equipo técnico que conforma la oficina del comisionado para la elaboración de un conjunto de recomendaciones, que se estiman de vital importancia en el escenario sanitario actual.

Atendiendo además al permanente monitoreo que, en la situación actual, adquiere otras especificidades: “Nuestro rol en esta emergencia es monitorear y apoyar esfuerzos para que la convivencia en las cárceles se parezca lo más posible al afuera en cuanto a los recursos de higiene necesarios para enfrentar una emergencia sanitaria”, explica Petit, de acuerdo a la publicación de La Diaria.

Este trabajo, relata el comisionado, abarca además al Poder judicial y a las familias de los detenidos, en tanto se entiende que: “El impacto de esta emergencia es un mal impensado, tanto en la cárcel como para toda la sociedad. Provoca incertidumbre y dolor. Pero, también es una enorme oportunidad para ver las debilidades y los problemas. Nos da la chance de reforzar lo que estaba mal y a partir de esto pensar en un nuevo escenario (…)Es una oportunidad que tenemos como sociedad de ver a este sector tan vulnerado y comprender que el sistema penitenciario es un barrio más de nuestra sociedad”, señala La Diaria.

Aunque no hay una suspensión de visitas, existe una convocatoria para que las mismas sean mínimas, en tal sentido el comisionado expresó a La Diaria: “Por supuesto que así como exhortamos a las familias a que las visitas sean mínimas, sabemos el impacto afectivo y material que eso tiene, por eso asumimos desde nuestro lugar el rol de monitorear y apoyar el ingreso de insumos”, agregó. La crisis económica también impacta particularmente a estas familias: “El ingreso de insumos de parte de las familias también se ve mermado por el golpe económico que muchos están sintiendo”. Por eso, desde el Parlamento se prevé “acompañar desde el monitoreo para que el Estado refuerce su presencia en los entornos más vulnerados”.

La Diaria reprodujo hoy en el trabajo que venimos refiriendo, un conjunto de 20 medidas que el comisionado parlamentario ha remitido al Poder Ejecutivo para enfrentar el coronavirus en las cárceles, estas serían: distribuir insumos de higiene, crear brigadas de limpieza de personas privadas de libertad, crear brigadas de salud de personas privadas de libertad para canalizar pedidos médicos y solicitudes de atención, reforzar la alimentación, distribuir insumos para prevención (tapabocas, guantes, etcétera), crear una línea 0800 para atención de las familias, instalar locutorios telefónicos dentro de las cárceles para mejorar la comunicación de las personas privadas de libertad con sus familias, promover reparaciones edilicias para las zonas de aislamiento definidas en las cárceles, distribuir kits de emergencia, preparar alojamientos transitorios como zonas de aislamiento sanitario, organizar transporte privado para que los funcionarios no tengan que hacer uso del público para llegar a las cárceles, reforzar insumos de alojamiento: colchones, ropa, artículos de higiene personal, etcétera, apoyar acciones en el Poder Judicial para tramitar prisiones domiciliarias, promover apoyo a las familias en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, promover el apoyo de las intendencias departamentales a las cárceles en tareas de limpieza, recolección de residuos, manejo de espacios públicos y líneas de transporte para facilitar accesibilidad, establecer una mesa de coordinación permanente entre la autoridad penitenciaria (INR) y la sanitaria (Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad y Sanidad Policial) para coordinar respuestas de salud, fortalecer actividades para mejorar la convivencia, reforzar la recepción de visita -mientras se mantengan-, identificar casos de riesgo de salud dentro de las cárceles y por último, incorporar a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para la temprana atención del egreso y la continuidad de acciones postpenitenciarias.

Habrá que esperar cuál será el curso que tome la recepción de estas recomendaciones que, sin duda alguna, permitirán dotar al sistema penitenciario nacional, de un conjunto de instrumentos y acciones que permitan impedir y/o controlar, la entrada del COVID 19 a un ámbito donde las condiciones para su tratamiento son claramente insuficientes.

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