¿Qué sostiene la explotación sexual en Uruguay?

Este caso no es aislado, la explotación sexual comercial es una problemática social que sucede todos los días. Es un tipo de violencia sexual que demuestra una relación de poder, una subyugación, una grave violación de los derechos humanos. Las personas explotadas son, generalmente, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Hay distintas modalidades de explotación sexual infantil: actos sexuales con remuneración o promesa de remuneración (no solo en efectivo, puede ser en especias, comida, techo), utilización de imágenes en material pornográfico, fiestas o espectáculos sexuales públicos o privados, parejas y matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual.

En el caso de personas menores de 18 años el consentimiento no es una posibilidad, siempre configura explotación sexual. Que una persona menor tenga una sexualidad activa con pares no justifica situaciones de explotación por parte de mayores, no exime de culpa a los explotadores y reparar en eso como justificación de la violencia pone el foco en la víctima y no en los explotadores. Desde CONAPEES aseguran que esta justificación legitima el accionar de los explotadores y colabora a que estas tramas delictivas se sostengan con impunidad.

En promedio en Uruguay se hacen 350 denuncias por año por explotación sexual infantil, aunque los organismos responsables de combatir esta problemática aseguran que hay un gran subregistro debido a la imposibilidad de denunciar de muchas personas y el poder que ejercen sobre ellas los explotadores.

Si la persona es mayor de edad probar la explotación sexual es difícil, aseguran desde el colectivo Dónde están nuestras gurisas. Estos delitos suelen darse en los mismos espacios en los que hay trabajadoras sexuales registradas, los explotadores ejercen violencia sobre ellas, generalmente no tienen a quién recurrir para pedir ayuda o el explotador las mantiene amenazadas.

Hay conexión entre las desapariciones de gurisas y mujeres y la explotación sexual. En algunos casos las familias tienen certezas de que las mujeres estaban siendo víctimas de explotación, pero con la dificultad de probarlo la policía investiga la desaparición con todas las hipótesis sobre la mesa (incluida el escape voluntario), los casos se enfrían y las familias no tienen recursos para pagar abogadas/os que logren sacar los documentos archivados en algún cajón.

Los explotadores son, en su mayoría, hombres. No tienen un perfil definido, aseguran varios estudios de Unicef y el Comité para la erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial de la niñez y la adolescencia (CONAPEES), tienen distintos niveles socio-económicos, profesiones, estudios.

Todo este sistema se sostiene en la llamada «cultura de la violación», explica la magíster en políticas de género y directora de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana. Los mensajes y fotos por WhatsApp, la sexualización de menores de edad, la legitimación de conductas violencias contra ellas, la violencia de género traducida en culpar a la víctima por lo que tenía puesto, o por dónde caminaba, o señalar a las familias.

La explotación sexual es una problemática social y todas las personas tenemos un rol en cómo se desarrolla. Podemos seguir sosteniendo la impunidad y la legitimación, o podemos repudiar a los explotadores y proteger a las víctimas. «Dejemos de mirar a las gurisas paradas en la vereda y empecemos a mirar las chapas de los autos que frenan», en palabras de Tuana.

Para denunciar una situación de explotación sexual infantil: 0800 50 50, línea Azul del INAU, o por la página web del Ministerio del Interior.

Para denunciar una situación de explotación sexual de personas mayores de 18 años: Fiscalía, comisarías, unidades de violencia basada en género, por teléfono al 911 o por la página web del Ministerio del Interior.