Las redes sociales convirtieron en tendencia este fin de semana el nombre del periodista Aldo Silva. Los ataques en Twitter contra el comunicador, se llenaron de agravios, amenazas, y descalificaciones. Un auténtico «linchamiento» de personas amparadas en el anonimato que confiere la tecnología.
¿Qué fue lo que dijo el periodista de Telemundo y Radio Sarandí para merecer todos estos ataques? Simplemente opinó que debería ser el presidente Luis Lacalle Pou, quien anuncie la cantidad de fallecidos en los días más duros de la pandemia. Ese simple comentario, desató ataques irracionales llenos de odio.
«Al presidente lo que pediría es que: ‘Si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el presidente de la República», dijo el conductor en un programa de radio, y desató la furia de los tuiteros adictos al gobierno.
Muchos periodistas y dirigentes, salieron en su defensa. También miles de personas que no podían creer semejante ataque personal, lleno de agravios, pidiendo que el periodista se quede sin trabajo, o responsabilizando a miembros de su familia por su comentario.
Este domingo, el Consejo Directivo Central de la APU expresó su enorme preocupación por la creciente escalada de ataques a la libertad de expresión y de agravios contra los trabajadores de los medios de comunicación a la que estamos asistiendo.
«La situación en la que se ha visto involucrado en las últimas horas el periodista Aldo Silva, socio de nuestro sindicato, marca el nivel de desprecio hacia la profesión que se refleja en algunos colectivos políticos y anónimos, que se ocultan en las redes sociales».
«El odio hacia la opinión discordante se ha expresado en toda clase de agravios y amenazas, alguna de ellas formulada por algún legislador/a, y ha llegado al inaceptable extremo de exigir el despido del colega».
«Lo ocurrido con el compañero Aldo Silva es el último capítulo de una triste saga que en el contexto de una de las peores crisis sanitarias de la historia del país ha tenido como protagonistas involuntarios a periodistas de varios medios de comunicación», señaló APU.
«La condena social sumaria que se promueve a través de las redes sociales, en algunos casos fogoneada por conspicuos dirigentes políticos, es una práctica profundamente antidemocrática y peligrosa para la sociedad», concluyó.
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