El sitio digital The Intercept difundió el pasado jueves pruebas de que el exministro de Defensa y de Salud del gobierno de facto de Jeannine Añez, Luis Fernando López, hoy prófugo de la Justicia boliviana, planeó en 2020 una operación encubierta para impedir que el presidente electo en ese momento, Luis Arce, accediera al Gobierno.
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Las pruebas del supuesto complot difundidas por The Intercept, consisten en audios, correos electrónicos y documentos, donde queda clara la intención del exministro de contratar a un grupo de mercenarios estadounidenses con base en Miami para evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornara al poder después de una contundente victoria electoral.
Las revelaciones del medio estadounidense han disparado las alarmas en Bolivia. El actual ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, declaró que es necesario «hacer una investigación seria para dar explicaciones al país”, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de que las «Fuerzas Armadas puedan haber estado involucradas en un segundo golpe de Estado».
De acuerdo al informe de los periodistas Laurence Blair y Ryan Grim, la historia de la conspiración tuvo su origen en el las elecciones de octubre de 2020, en las cuales Luis Arce obtuvo una clara victoria. Ante el retorno al Gobierno de la fuerza política del expresidente Evo Morales, comenzó a tramarse un plan para frenar la llegada de Arce al Poder Ejecutivo.
Según los periodistas, “varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policía renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”.
Aunque el plan nunca logró llevarse a cabo, dejó evidencias de sus tratativas, según consigna The Intercept. Blair y Grim calificaron a la conspiración como «un complot golpista aún más flagrante que el de octubre de 2019», cuando Evo Morales fuera obligado a abandonar el país después de acusaciones de fraude en las elecciones.
Luis Fernando López, señalado como el ideólogo del complot, logró fugarse a Brasil en octubre de 2020 junto al exministro de Gobierno Arturo Murillo, con ayuda de la Fuerza Aérea boliviana. Actualmente se encuentra asilado en ese país.
El Gobierno boliviano ha emitido una orden de extradición en su contra «por el caso de la compra de gases lacrimógenos, por sus vínculos con el narcotráfico y una serie de delitos», según declaró en conferencia de prensa Carlos Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno de ese país.
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