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Política

CON EL DIRECTOR DE LA URSEA

Roberto Chiazzaro: «Ancap es sumamente eficiente»

“Si le sacamos el monopolio de la venta a Ancap, no podría competir con otro que importase petróleo porque tiene una serie de sobrecostos, producto de sus políticas sociales. Si seguimos avanzando con esto, corremos el riesgo de que Ancap desaparezca. Se generaría un monopolio de un privado o a lo sumo un oligopolio”, afirmó Roberto Chiazzaro, director de la Ursea por el Frente Amplio.

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Caras y Caretas conversó con Roberto Chiazzaro, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) por el Frente Amplio, sobre el cambio en la política de fijación de precios de los combustibles, los aumentos, el subsidio del supergás y las propuestas de desmonopolización de Ancap.

 

¿Cómo es el proceso de los combustibles en Uruguay, desde la importación de crudo hasta la venta?

Uruguay obtiene sus productos a partir de un proceso de refinación. Ancap importa petróleo bruto desde el golfo de México, de África y de Colombia. Una vez que llega, a través de la boya de San Ignacio, va directo a la refinería de La Teja. Allí comienza el proceso de refinación. Como consecuencia se generan una serie de productos: naftas, super, premium, fuel oil, nafta para aviones, gasoil, aceites lubricantes, asfalto, supergás que comercializa Ancap. A partir de que los productos refinados comienza el proceso de distribución primaria. Ancap tiene cinco puntos de almacenaje y distribución: La Tablada, Paysandú, Durazno, Juan Lacaze y Treinta y Tres. Luego viene la distribución secundaria. Desde esas plantas Ancap le vende a tres firmas distribuidoras de combustible a las 483 estaciones de servicio del país: Ducsa, Axion y Disa.

 

¿Cómo les vende Ancap a las distribuidoras?

A través de contratos. En este momento no están vigentes, pero por este período intermedio hasta principios de enero 2022 se rigen por las normas establecidas en ellos. En enero se harán nuevos contratos con las distribuidoras. Las distribuidoras tienen, a su vez, contratos con las estaciones y cada cual tiene su cantidad de estaciones. A su vez hay grandes consumidores, como Cutcsa, que adquieren directamente el combustible.

 

El gobierno realizó cambios en la política de fijación de precios de los combustibles para que se rijan por el precio de paridad de importación (PPI). ¿Qué es?

El PPI es un ejercicio mediante el cual se hace el supuesto de que yo importo combustible [en lugar de crudo], veo cuál es el valor de esos combustibles importados y lo comparo con los combustibles que obtiene Ancap de la refinación. El análisis lo lleva a cabo la Ursea. La Ursea hace el ejercicio desde 2004 o 2007, pero antes se tomaba el PPI como referencia, ahora es preceptivo para fijar el precio de los combustibles.

 

¿Cómo se compone el precio de los combustibles?

El precio de venta de los combustibles al público se compone por el PPI, que lo determina la Ursea; más tasas e impuestos (IVA, Imesi y otros), lo que da el llamado precio explanta, fijado por el Poder Ejecutivo; más el margen de las distribuidoras, lo que da el precio máximo intermedio, que fija la Ursea; más la bonificación de las estaciones de servicio. Ese precio de venta al público lo fija el Poder Ejecutivo. [Además] se incluye el factor X, que es un precio extra que se le pone al combustible para compensar algunas de las supuestas ineficiencias que tiene Ancap: el subsidio al supergás, la fabricación de portland, los biocombustibles y el excedente de etanol que Ancap le agrega a la nafta.

 

¿El PPI te parece un buen instrumento?

No. He votado negativamente el PPI [en la Ursea]. Es una metodología de cálculo en la que no se tiene control sobre alguno de los elementos que la componen. No puedo controlar el precio del petróleo, que varía muchísimo por oferta y demanda, por factores políticos y porque el mercado de combustibles está sujeto a influencias de los productores. Otro factor es el tipo de cambio, que es muy importante cuando importo un producto en dólares y vendo en moneda nacional. Cuanto más elevado el tipo de cambio más caro el combustible. El dólar lo fija la política económica del gobierno, no Ancap. El tercer factor que incide en manera determinante en el precio es la cantidad de impuestos que se recaudan con los combustibles. Tenemos que tener absolutamente claro que Ancap no se queda con todo el dinero que recauda. Más o menos se queda con el 40-42% y el resto se distribuye entre impuestos, tasas, fideicomisos y otros agregados como los biocombustibles. Hay mucha expectativa de que el próximo PPI baje los combustibles. Si hay una baja, se espera que no sea relevante. Durante los gobiernos del FA la fijación de los precios del combustible se hacía una vez por año. Hubo subas, pero también hubo bajas importantes. La idea del gobierno [actual] es que se actualice mensualmente. Eso tiene un problema muy grande, genera incertidumbre. No podés planificar a largo plazo compras o ventas porque tenes variaciones todo el tiempo.

 

El argumento era que el PPI iba a bajar el precio de venta al público.

El gobierno no ha podido cumplir, por ahora, con su meta de que los combustibles bajen, han subido. Para mí suben por dos motivos. Porque sube el precio del petróleo, y porque el Ejecutivo hace más caja. Por ejemplo, hace cuatro meses, el Ejecutivo no le permitió trasladar a precios la suba de Imesi, eso le generó una pérdida millonaria a Ancap.

 

¿Cómo se podría bajar el precio de los combustibles?

¿El Estado uruguayo puede vivir sin la recaudación que se hace con los combustibles? No. Si le sacan los impuestos a los combustibles bajarán notablemente, pero los tendría que pagar Rentas Generales. Ahí tendría que ver el Estado a quién le puede trasladar esos impuestos. Otro problema que hay es el tema del agregado de biocombustible que se le hace a la nafta y al gasoil. Cuando vos producís nafta le agregás etanol y cuando producís gasoil le agregás biodiesel.

 

¿Por qué se agregan estos biocombustibles, que tantas quejas generan?

Uruguay tiene firmados compromisos para combatir el cambio climático. Esos compromisos le exigen tomar medidas para compensar las emisiones de gas efecto invernadero que generan el uso de los combustibles y el metano que emite el ganado. El compromiso es que le agregamos a los combustibles biocombustibles para combatir el cambio climático. Para eso fue creado en su momento Alur, una empresa propiedad de Ancap y de la petrolera venezolana Pdvsa. Alur tiene  plantas que generan etanol en Paysandú y Bella Unión a partir de caña de azúcar, y en Capurro una que genera biodiesel a partir de la molienda de vegetales que hace la empresa Cousa. Ancap agrega etanol por encima del 5%, 8% o 9%. El agro insiste en que no se agregue biodiesel porque dicen que es un agregado de valor que genera un costo elevado. Este asciende a 1,39 pesos en la nafta y 0,7 pesos en el gasoil.

 

En la Rendición de Cuentas hay un artículo que eliminaría la obligatoriedad de agregar biocombustibles. De aprobarse, ¿qué impacto tendría?

Eliminar estos aspectos sería sumamente grave. Implicaría, por la vía de los hechos, el cierre de la planta de Capurro. La actividad de biocombustibles es muy importante para el país, emplea a más de 4.000 personas y genera desarrollo agropecuario e industrial en el interior del país. Por otro lado, si elimino el biodiesel tengo que compensar lo comprometido por el convenio del Club de París. Hay un proyecto para generar un impuesto a quienes emitan gases de efecto invernadero. Quiere decir que le quito a los combustibles un cargo de 1,07 pesos al gasoil, pero estoy creando un impuesto que alguien va a tener que pagar para compensar. Si la planta de Capurro cierra tenemos dos problemas: el posible despido de sus trabajadores y que la planta aún no ha sido amortizada en su totalidad. Además, hay un contrato firmado con Cousa que establece que hasta el año 2030 la empresa va a seguir haciendo la molienda de vegetales para la planta. Rescindir este contrato podría significar una pérdida de 65 millones de dólares para el Estado, según afirma el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Hay quienes dicen que cabría la posibilidad de que Cousa siguiera trabajando la planta para exportar biodiesel, pero los países a los que se podría exportar ya producen y a precios más baratos.

 

Un Solo Uruguay (USU) mencionó como problema principal en el precio de los combustibles el fideicomiso del boleto.

El fideicomiso del boleto recae sobre el gasoil e incide 3,48 pesos en el precio [por litro]. Este subsidio alcanza a 60 empresas de transporte de todo el país. Tiene dos funciones básicas: abaratar el precio del boleto y desestimular el uso de automóviles. En todos los países del mundo se subsidia el boleto porque es una forma de combatir el cambio climático. Los impuestos no se cobran porque sí.

 

¿Y el supergás?

Ancap es una empresa que tiene una función social importante. La población de Uruguay utiliza muy intensamente el supergás con dos funciones básicas: cocción y calefacción. El supergás se produce en la refinación, pero es insuficiente para las necesidades de la población. Eso hace que no haya más remedio que importar. Con la garrafa a 737 pesos, pagás el kilo a 56 pesos. Si todo el supergás lo tuviésemos que pagar en función del valor al que lo importamos, el precio debería estar fijado en más o menos 100 pesos por kilo. Son datos que aportó Isaac Alfie, director de la OPP. Señaló que la garrafa debería salir 1.300 pesos. Si pagar 737 pesos es una carga muy pesada y para amplios sectores es imposible de pagar, si valiera 70% más… Importar supergás es carísimo y subsidiarlo a Ancap le produce pérdidas anuales, entre 70 millones y 90 millones de dólares, de acuerdo a información de Alfie. Esa pérdida está reflejada en los 3 pesos del factor de ajuste. Están buscando eliminar el subsidio, van a tener que subir el precio de venta. Hay un informe en la Dirección de Energía que señala muchísimos aspectos que hacen dificultoso lograr que el subsidio sea focalizado en las personas que lo necesitan. Hay lugares a los que las empresas distribuidoras no ingresan, para gozar del subsidio hay que tener una tarjeta especial que no todos tienen; y lo más importante es que mucha gente no tiene dinero para consumir garrafas de 13 kilos.

 

¿Qué implicaría la desmonopolización de Ancap?

La pregunta es: ¿Ancap es eficiente refinando petróleo? La respuesta es que es sumamente eficiente, según el informe de expertos de la Dirección de Energía. Produce combustible de elevada calidad, el suministro siempre está asegurado y el precio final que tiene Ancap si se quitan todos los elementos agregados es accesible. Si  le sacamos el monopolio de la venta a Ancap, no podría competir con otro que importase petróleo porque tiene una serie de sobrecostos, producto de sus políticas sociales. Si seguimos avanzando con esto corremos el riesgo de que Ancap desaparezca. Se generaría un monopolio de un privado o a lo sumo un oligopolio. El mercado uruguayo no soporta dos o tres empresas para que se produzca una competencia. Es muy fácil que se genere concentración. Está operando un sistema de desmantelamiento de Ancap. En el presupuesto se eliminó el monopolio de Ancap en aerocombustible y combustible para barcos. Se han tomado medidas para que Ancap deje de funcionar en el aeropuerto de Carrasco y en la laguna del Sauce. Creo en los monopolios del Estado, no creo en la libertad de mercado. El mercado libre no existe, existen una cantidad de factores que determinan los precios. Es falso afirmar que los precios se autorregulan por la oferta y la demanda. No es buena cosa quitarle el monopolio a Ancap. Creo que no sería algo beneficioso para la población porque habría una pérdida importante de fuentes de trabajo, se perdería un desarrollo de la cadena de producción, estudios e investigaciones que se hacen en los laboratorios de Ancap. Y lo más importante: se perdería la función social, que se ven reflejadas en los subsidios que benefician a los actores más vulnerables de la población, que por cierto, no creo que un privado los mantenga.

 

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