Santiago González: “Que las celdas dejen de ser cavernas”

Desde el 13 de marzo, cuando arranca la pandemia en todo el país, nosotros tuvimos dos caminos; el primer camino que se nos señaló era cerrar las cárceles, pero teníamos la experiencia de Italia, de Brasil y algunas cárceles en Argentina donde la suspensión de las visitas habían generado motines y quedaron reventadas por los presos, así que optamos por el camino del medio y hablamos con el comisionado parlamentario, con ASSE, con el Hospital Policial y todos los integrantes del sistema carcelario, asistentes sociales y decidimos reducir a una visita por preso, salvo menores y personas mayores de 65 años, medida que se cumple hasta el día de hoy. Son siete meses de trabajo de concientización primero de la Dirección del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) y todos sus funcionarios, con una apoyatura en artículos de limpieza, tapabocas, controles de temperatura, con la que logramos que el coronavirus no ingrese a las cárceles. Hay que mencionar enfáticamente el apoyo de los privados de libertad y sus familias, que entendieron desde el primer día la situación.

¿Cómo se comunicó a las personas privadas de libertad (PPL) las medidas que se iban a tomar?

Lo primero que hicimos fue poner una moto con parlante en cada unidad explicando lo que pasaba y las medidas a tomar, como era el contagio, la importancia de la higiene, de los tapabocas. Un trabajo diario de operadores y policías, con los delegados de los módulos. Hemos tenido algunos PPL que ante síntomas de malestar pedían se diagnosticados; cada unidad cuenta con una celda preparada especialmente para atender el coronavirus, donde se puede hacer la cuarentena y realizar hisopados. Si es en área metropolitana, se encarga ASSE y en el interior, el Hospital Policial, que son los prestadores de servicios.

En esta oportunidad, la brigada de traslados que es la que lleva a los PPL a las fiscalías y otras diligencias, llevó a votar a Rivera a un grupo de diez policías. Estos equipos rotan y trabajan una semana y descansan la otra, los recambios se hacen los días martes. Fueron a votar y volvieron y se van en los ómnibus del día martes, y en uno de los ómnibus surge una persona con coronavirus. De ese brote tenemos diez, nueve en el interior y uno en Montevideo. Tenemos 120 policías cuarentenados en el interior con control del Hospital Policial y uno positivo que está dentro de una vivienda en el Penal de Libertad. Este funcionario tomó contacto con 18 policías del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria de Libertad, 15 hombres y tres mujeres, que ahora están cuarentenados, las policías en el Cefopen (Centro de Formación Penitenciaria).

Hay otros 40 policías que no tuvieron contacto, pero por las dudas se los cuarentenó y hay 52 privados de libertad también en cuarentena esperando el hisopado, que son los que fueron trasladados y pertenecen a distintas unidades. Esperemos quede en el grupo de policías.

En el caso de algún PPL que diera positivo, ¿cuál es el dispositivo con que se cuenta?

Están todos los dispositivos preparados con ASSE y el Hospital Policial para llevar la enfermedad dentro de la unidad con las condiciones de aislamiento y atención necesaria y, en caso de una complicación, teniendo que acudir a un CTI, están las condiciones de traslado, está todo previsto desde el día 13 de marzo.

La población privada de libertad actualmente es de 12.873 PPL y en febrero era de 11.780, unas 1.093 personas más en lo que va de este período, lo que claramente aumenta los problemas de hacinamiento.

Nosotros recibimos un sistema penitenciario con 11.870 PPL con mediciones de medidas debatibles de los lugares. Debatibles en el sentido de que no contabilizaban solamente los dormitorios, sino que se habían empezado a utilizar espacios comunes, así que necesitamos empezar a transparentar. Encontramos celdas con diez o doce personas, y las camas y las rejas de las celdas, destruidas. Lo primero es reconquistar la dignidad de las condiciones de reclusión del privado de libertad, con un lugar medianamente espacioso, pero fundamentalmente un lugar para dormir. 1.866 PPL al 1º de marzo no tenían donde dormir; es un problema mucho mayor que el hacinamiento porque están durmiendo en el piso.

Empezamos un trabajo de reparación de los módulos porque en el Comcar, por ejemplo había rapiñas, arrebatos, hurtos, copamientos y otros delitos por que los PPL, en vez de estar en el módulo, salen y están los caminantes y el policía tiene que tratar de que el preso vuelva a su celda. El sistema de rejas se está poniendo en pie de nuevo, fabricando mil camas de madera tipo cuchetas, y camas con colchones, yendo hacia un nuevo contrato entre el PPL y la administración, el cual ya se creó con la LUC; entonces, los bienes que se rompen son una falta contra el INR. En Canelones una persona que rompió unos barrotes ya recibió una condena de doce mes más de prisión. Con eso vamos a lograr la dignidad de que si no podemos evitar que en una celda haya tres y sean seis, los seis van a tener su cama.

Nosotros vamos a proyectar tres cárceles nuevas en el interior (Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas) más la ampliación de la Cárcel de Salto, la reparación del módulo 1 del Comcar más otras celdas vandalizadas en el Penal de Libertad, Santiago Vázquez y Canelones y la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el predio del Penal de Libertad.

¿Cuántas plazas nuevas va a suponer ese conjunto de obras?

Más de 2.000, pero el tema empieza cuando se abre la puerta y ahí es donde empieza el Plan Dignidad con políticas de rehabilitación.

Pero esas unidades aún no están construidas. ¿Cuáles son las plazas que deberían estar ocupadas y cuantos PPL hay superando la capacidad de las mismas?

La sobrepoblación está por encima de los mil PPL, más o menos, pero hoy estamos trabajando para que esa sobrepoblación tenga posibilidad de descanso, de trabajo, de estudio y que puedan trabajar en mas de mil hectáreas que tiene el INR en todo el país, que, salvo la chacra en la Unidad 2, que es una partecita, luego encontré chircales. No hay huertas, ni chiqueros ni ninguna labor productiva, y no solo se trata de una suerte de terapia, sino que el trabajo incida en la comida, que la persona adquiera el hábito del trabajo, que aprenda a trabajar la tierra, o la madera o el hierro, que tenga una rehabilitación para que la tasa actual de 65% de reincidencia baje. Tenemos una población adicta y un 60% de la población que sale en situación de calle.

Eso hay que atenderlo; la semana pasada se inauguró una oficina del Mides, por primera vez en la historia, en una cárcel, que se encargará de generar una red de contención muchísimo mayor que la que tenemos, que ayude a la Dinali (Dirección Nacional del Liberado) para que la persona cuando sale no se quede solamente con el boleto, que es lo que tenía hasta hoy; que tenga una puerta donde golpear, un lugar donde dormir, de un lugar de trabajo, de reinserción, sobre todo los que no tienen familia, que son muchos, que no tienen ni educación, ni plata ni casa.

Además de la población carcelaria tenemos otra población con medidas sustitutivas que ronda cerca de las 13.000 personas.

Son los que están en la OSLA (Oficina de Supervisión de Libertades Asistidas) en diferentes modalidades, prisión domiciliaria, libertad vigilada, libertad a prueba, que va por otro carril.

¿Cuál es la cantidad de policías asignados a las tareas de cárceles?

Son alrededor de 3.000, entre policías y operadores penitenciarios.

¿Deberían ser más?

Efectivos son 2.351 porque hay un porcentaje de ausencia mensual por sumarios, renuncias, descansos, licencias. Con los operadores pasa lo mismo. Tenemos 200 vacantes de policías que se piensan llenar este año. Las cárceles siempre necesitan mucho personal para tareas de seguridad y rehabilitación, pero también más personal necesita ASSE, el Inisa, etc. El personal policial es muy comprometido porque en vez de estar en la cárcel, podría estar en una comisaría; se necesita mucha vocación y la verdad que hacen mucho con muy poco. Y el rol nuestro es acompañar su trabajo para que su labor brille de otra manera. Nosotros no podemos trabajar rehabilitación si no atendemos los problemas de adicciones y salud mental, y por eso estamos firmando un convenio con ASSE para instalar policlínicas ECO en cuatro unidades para el tratamiento de adicciones. Mejorar el tema de la administración de psicofármacos para que en lugares complejos se pueda dar en boca, dar certeza a la persona que lo necesita y al mismo tiempo se corta la transa.

Tenemos que generar trabajo y enviamos en el presupuesto un artículo que permita a una empresa trabajar dentro de la cárcel; para eso hay que darle formación a esa persona, que trabajen, con horarios bien definidos y aprendiendo un oficio para cuando salga.

¿El Plan Dignidad -que parece ser el buque insignia- está reflejado presupuestalmente en el proyecto que votará el Parlamento?

Hay cosas de ese plan que el INR lo tiene, pero desorganizado, por ejemplo el plantar, tener un tambo, plantar papas, ser autosustentables y ya de paso que empiecen a tener un oficio, que seamos sustentables en cerdos, integrar la producción de ovejas, engorde de pollos. Apostamos a tener más y mejor calidad de comida.

¿El planteo presupuestal de reducir educadores no se contradice con las políticas de rehabilitación del Plan Dignidad ?

No hay reducción de educadores; el tema es que tenemos un número mas grande de operadores que de policías y para rehabilitar necesitamos mas policías para dar más seguridad. Tenemos que apoyar a los operadores para que puedan rehabilitar, pero sin seguridad no pueden rehabilitar a nadie, no podés abrir las celdas, no podés hacer patio, no podés hacer deportes, no podés hacer estudios. No se preocupen que va a haber más educadores y espacio para la educación, estamos haciendo convenio con Inefop para que UTU lleve más aprendizaje de oficios a las cárceles. El tema es la dignidad, para que las celdas no sean unas cavernas; el camino es lento, el camino tiene frustraciones y no se ven resultados rápidamente, pero es un camino sin retorno. Empezamos, por ejemplo, a darles algo que nunca tuvieron, que es papel higiénico, muestra de que empezamos de muy abajo.

¿El Plan Dignidad es una política pública del Poder Ejecutivo o del ministro Larrañaga?

Es una política del ministro Larrañaga acompañado por todo el Poder Ejecutivo desde donde está respaldando el Mides, el Ministerio de Ganadería, ASSE, Salud Pública, UTE, OSE y todos quienes puedan ayudar. Todo el mundo ve con alegría que se puedan empezar a coordinar políticas estatales dentro de las cárceles.

¿Cómo es el vínculo con el comisionado parlamentario?

Excelente. Por supuesto que a veces tenemos diferencias.