Secundaria decidió sancionar a seis de los 14 profesores de San José investigados por presunto proselitismo durante la campaña No a la reforma Vivir sin Miedo con la separación del cargo y retención total de sus haberes. Simultáneamente sancionó también con separación del cargo y retención del sueldo a Marcel Slamovitz, exvicepresidente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes).
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En respuesta a las sanciones la Asociación de Profesores de San José (APSJ), filial de Fenapes, se declaró en conflicto y asamblea permanente.
La decisión de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) fue comunicada en conferencia de prensa por el presidente de Fenapes, José Olivera, para quién este proceso significó un escarnio público hacia los docentes.
“Rechazamos esta sanción enfáticamente porque en un Estado democrático y republicano sancionar a sus trabajadores por ejercer la libertad de expresión y opinión es un retroceso enorme en términos democráticos”, sentenció.
Sostuvo que “aunque digan que la sanción se ajusta a derecho es clara la intencionalidad política”.
A su juicio “esto desnuda que efectivamente estamos ante un proceso de persecución político-sindical, que desnuda la falta de garantías en el accionar de la DGES”.
Olivera reclamó que la División de Jurídica de Secundaria sea “auditada en su totalidad”.
También se anunció que la DGES efectuó un sumario con separación del cargo por 180 días a Marcel Slamovitz, quien era investigado por presuntas irregularidades en el uso de horas sindicales.
En conflicto
En respuesta a las sanciones la Asociación de profesores de San José (APSJ) decidió declararse en conflicto y en asamblea permanente.
Sostiene que “la lucha de las y los trabajadores frenó la destitución, pero los legajos quedaron mancillados por las sanciones y afectados en su carrera funcional”.
Para el sindicato “la imagen personal y profesional sigue siendo ensuciada por la persecución injusta”.
Subraya la APSJ su “apoyo incondicional al compañero Marcel, sobre quién crearon una campaña de desprestigio y persecución brutal”, de la que responsabiliza a la Dirección de Secundaria “con actores políticos y el gobierno para callar las luchas contra los recortes y la defensa de la Educación Pública”.
Rechazamos esta sanción enfáticamente porque en un Estado democrático y republicano sancionar a sus trabajadores por ejercer la libertad de expresión y opinión es un retroceso enorme en términos democráticos”
Trascendió que la resolución del organismo dirigido por Jenifer Cherro también se pidió una sanción para Javier Landoni, exintegrante del desaparecido Consejo de Educación Secundaria (CES).
Los docentes fueron investigados por decisión de las actuales autoridades por aparecer en una fotografía con un cartel contra la campaña Vivir sin Miedo, que fuera impulsada por Jorge Larrañaga en 2019.
Mientras tanto sigue su curso una queja interpuesta por Fenapes ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por reiterados casos de persecución sindical.
