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ASOCIARMEPor fuera de los planteos, acordaron que el proyecto de “protección de deudores de bajos recursos”, presentado por el FA, también contemple a los entes públicos.
El gobierno tiene su Rendición de Cuentas.
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Fueron días de negociación en los que el gobierno debió ceder a las peticiones cabildante para lograr los dos botos para que la Rendición sea aprobada.
La primera propuesta de CA consistía en incrementar en un 50% la asignación única para la infancia y la adolescencia prevista en el proyecto, que el cobro se efectúe a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y que estuviera 100% condicionado a la asistencia a la educación y la salud. El Poder Ejecutivo accedió a aumentar de 20% a 40% el porcentaje del monto condicionado, así como que el pago se efectúe a través de la TUS. La propuesta del gobierno en la rendición era que el cobro de la nueva partida se realizara mediante los instrumentos previstos en la Ley de Inclusión Financiera y no a través de una tarjeta magnética como la TUS, algo que rechazaron desde el comienzo del tratamiento tanto CA como la Coalición Republicana.
El segundo planteo era “establecer un objetivo de reducción del total de funcionarios del Estado del orden del 1% anual, hasta alcanzar el 10% de disminución del número de dependientes del Estado”. En este caso, el gobierno se comprometió a “estudiar en el futuro un camino” y “profundizar en las medidas de reducción de los gastos del Estado que son prescindibles”, algunas de las cuales están “contenidas en esta Rendición de Cuentas”, resaltó Manini Ríos.
La tercera propuesta apuntaba a asignar recursos al INR “para la instalación de talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios, pago del peculio y otras inversiones necesarias para avanzar hacia el objetivo de hacer trabajar a todas las personas privadas de libertad condenadas”. El gobierno acordó asignar a partir de esta rendición “un monto anual inicialmente de 20 millones de pesos” para el INR.
En cuarto lugar, los cabildantes solicitaron implementar “una campaña de bien público para educar, concientizar y prevenir a la sociedad sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis”. Era una de las propuestas sobre las que Manini esperaba una respuesta positiva, en función de lo dialogado con Orsi, y finalmente el gobierno la aceptó.
La quinta propuesta era incrementar “en 20 millones de dólares anuales” las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, “a efectos de acelerar el ritmo de las escrituraciones y comienzo de obras de las cooperativas de vivienda ya sorteadas”. El gobierno se comprometió a destinar “montos que están en recupero” de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) a las cooperativas de vivienda para ese fin.
En rueda de prensa, Sánchez señaló este jueves que la ANV está “en un proceso de recuperación de activos porque había cooperativas que tenían deudas con la ANV y que se están poniendo al día”, por lo que “la idea es poner esos recursos para la construcción de nuevas cooperativas de vivienda y poder resolver esa tensión de atrasos”.
Por último, CA pidió que se retiraran los artículos de la rendición que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el gobierno lo aceptó. Complementariamente, acordaron incorporar un aumento salarial al personal subalterno de las Fuerzas Armadas a partir de la próxima Rendición de Cuentas.
Por fuera de los planteos, acordaron que el proyecto de “protección de deudores de bajos recursos”, presentado por el FA, también contemple a los entes públicos, que era la principal diferencia que CA mantenía con la iniciativa. La iniciativa está a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados desde junio del año pasado. Los cabildantes también acordaron con el oficialismo establecer un plazo de 180 días para el tratamiento del proyecto.
