AEBU dice: La ayuda urgente se cobra en agosto

Los porcentajes de estas partidas alcanzan al 2% para los salarios y al 3% de las pasividades, y cabe analizar el contexto en que estos desembolsos se entregan. Si se tiene en cuenta el crecimiento de la recaudación en los últimos meses y el ritmo inflacionario en que se desenvuelve nuestra economía, todo indica que se está sobre cumpliendo las metas fijadas por el gobierno. Así lo han reconocido tanto funcionarios del equipo económico como analistas privados, que coincidieron en afirmar que el margen fiscal era suficiente para realizar los adelantos antes mencionados.

Pero este "rollo" no es todo disponible, la citada suficiencia está relacionada con la meta utilizada por el gobierno. Se trata de la famosa "regla fiscal", el tope impuesto por la LUC al gasto del Estado, que lo hace rígido y le impide atender de manera adecuada a emergencias sociales como las provocadas por la pandemia y la guerra de Ucrania.

El gobierno ha cumplido diligentemente con un reclamo efectuado durante años a través de carteles colocados en las lunetas traseras de camionetas robustas y sedanes lujosos, con el texto "Bajen el costo del Estado", y por otro lado le ha puesto un tapón gotero al gasto social. De manera que la suficiencia a la que anteriormente se ha aludido no es con respecto a las necesidades sociales, sino al margen que resta luego de atesorar el ahorro que el gobierno se ha autoimpuesto y deja legislado para futuras administraciones. Así se explican los ínfimos porcentajes otorgados a modo de adelantos y no de verdaderos aumentos, y la demora en su entrega.

Cabe ponerle un poco más de contexto a los anuncios y mirar hacia el exterior. Escuchemos por ejemplo a Kristalina Georgieva, la gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ella sostiene la conveniencia de que algunos países aumenten los impuestos a las empresas que fueron rentables durante el Covid. Sugiere «aumentos temporales en los impuestos sobre los ingresos de las empresas» y agrega que estos deben ser «diseñados para capturar el exceso de beneficios relacionados con la pandemia». Bien mirado, no hay nada de revolucionario en esa propuesta, nada que haga temblar el sistema: se trata solo de mantener el orden económico con apenas una pequeña excepción acotada en el tiempo. Algo así como el Impuesto Emergencia Sanitaria que durante dos meses de dos años pagaron los funcionarios públicos de sueldos más elevados.

Si se actuara de esta manera se podría recobrar el poder adquisitivo perdido por los salarios durante lo transcurrido de este gobierno que, como vienen las cosas --y corsé de la regla fiscal mediante-- no podrá hacerse efectivo este año como se había prometido. A esta altura los jerarcas del Gobierno solo sostienen con firmeza que en 2024 habremos retornado al nivel salarial de 2020.

Lo propuesto por Georgieva no es un dicho aislado. Antes, en octubre de 2020, había expresado: «Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, a la vez que evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables». Las soluciones están a la mano, las exportaciones tradicionales se disparan y especialmente lo hacen sus precios. Estos números son visibles, se contabilizan y se festejan. Pero nadie en el gobierno parece pensar que las ganancias extraordinarias de los "malla oro" tienen una contracara multitudinaria que se expresa –noticia de estos días—en el doble de niños en situación de calle de un año para el otro, y en –noticia ya antigua— en centenares de ollas solidarias que nos hablan de una emergencia alimentaria innegable.