El documento entregado al Senado señala a uno de los institutos que contrata Ceibal por hostigamiento hacia trabajadores organizados. Además, se detalla que la propia institución Ceibal pidió en febrero de este año la remoción de ocho docentes identificados como sindicalizados, aunque luego retiró la solicitud sin justificación documentada. “Este comportamiento errante y contradictorio generó fundadas sospechas sobre la existencia de prácticas de persecución sindical dentro de Ceibal”, sostiene el informe.
El colectivo también denunció un “clima de temor constante”, donde participar de instancias sindicales podría implicar una desvinculación arbitraria. Un caso emblemático citado fue el de una docente con cuatro años de trayectoria que fue removida tras adaptar una clase en un contexto vulnerable, sin previa advertencia ni evaluación académica.
Asimismo, alertaron sobre la creciente tercerización del programa: el 41 % de los institutos contratados son del exterior, lo que “reduce fuentes de empleo formal en Uruguay, disminuye aportes a la seguridad social y limita la fiscalización laboral”.
Finalmente, solicitaron al Senado revisar la política de tercerización, garantizar condiciones de empleo estables, y que se promueva la contratación de docentes en territorio nacional. “La defensa de la educación de calidad debe ir de la mano con la defensa de los derechos laborales”, concluye el documento.
Violación a la ley
En diálogo con Caras y Caretas, Camila Viera, docente del programa Ceibal en Inglés, valoró positivamente la instancia parlamentaria. “La instancia fue positiva. Nosotros notamos un buen apercibimiento de todo lo que estaba sucediendo, ganas de solucionarlo”, expresó.
Viera destacó que al finalizar la presentación ante la Comisión también pudieron mantener un breve intercambio con el ministro de Trabajo, Juan Castillo; la directora de la Dinatra y el inspector general, Luis Puig. “Enseguida mostraron preocupación por nuestra situación y empatía. Manifestaron una gran preocupación por la importancia de la ley 5.032, que es la que dice que la organización del trabajo es responsabilidad de la empresa y no de los trabajadores. Apostamos a poder encontrar entendimiento y respeto a los derechos fundamentales”, señaló.
Según indicó, el tema quedó en estudio y se evalúa la implementación de una mesa de negociación con participación de todos los actores involucrados. “No solo con Ceibal, sino con los que también controlan Ceibal, para tratar de fomentar un cambio en esta situación”, concluyó.
