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Sindicales reforma jubilatoria | AEBU | Fernández

La posición de AEBU

Reforma jubilatoria: ¿cómo afectará a los bancarios?

El dirigente de AEBU Juan Fernández analizó los perjuicios que causará la reforma jubilatoria que está imponiendo el oficialismo.

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El presidente del sector financiero privado de AEBU, Juan Fernández, dialogó con Caras y Caretas sobre el paro general de 24 horas convocado por el Pit-Cnt, que se llevará a cabo este martes mientras la Cámara de Diputados trata el texto definitivo de la reforma jubilatoria.

Con respecto al acatamiento de la medida de paro por parte de AEBU, Fernández aseguró que al tomar conocimiento de que el proyecto de reforma jubilatoria alcanzaría la mayoría necesaria para su aprobación, el sindicato definió que el paro de los trabajadores y trabajadoras del sistema financiero debería ser de 24 horas, en el total de actividades. "Esperamos un acatamiento total de los afiliados y, por lo tanto, un nivel de distorsión muy importante en el sistema, previendo que la actividad del día sea prácticamente nula o muy pequeña".

Y detalló: "La actividad podrá ser ejercida en algunas empresas por parte de personal no afiliado que decida no parar, pero será un servicio muy menguado, en algunas localidades, y en otras directamente no podrán abrir, ya que la operativa bancaria, por ejemplo, necesita de roles con oposición de intereses, por la seguridad bancaria, para poder abrir el local".

Sobre el acto que se realizará esta tarde, el dirigente sindical afirmó que AEBU está convocando a llegar al Palacio Legislativo sobre las 15.00 horas para estar presentes en el acto de las 17.00 horas. Informó también que se les facilitarán los medios a trabajadores y trabajadoras del interior que quieran participar del acto en Montevideo, más allá de que en las localidades del interior también habrá lugares de encuentro por parte del plenario del Pit-Cnt.

"Estamos movilizados para demostrar hasta el último momento nuestro rechazo a este proyecto, sabiedo que, a partir de mañana, si se concreta, entraremos en una etapa de defensa específicamente de nuestra caja de jubilaciones y pensiones bancarias, para que preserve nuestro modelo de Seguridad Social".

¿Cuál es el impacto de esta reforma sobre el sector financiero?

Las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero lo estamos viviendo con un profundo pesar y preocupación, en la medida de que el sindicato ha desarrollado un esfuerzo muy importante por tratar de revertir esta decisión. Este proyecto tiene un artículo que dice que en los próximos 90 días se debe aprobar una ley que implica modificaciones en las cajas paraestatales. Y nuestra caja bancaria de jubilaciones y pensiones, que fue reformulada hace unos 15 años, en 2008, a iniciativa de los trabajadores, está absolutamente vigente, incluso como para transitar con éxito el déficit financiero que está presentando la caja.

Entonces, muy especialmente para las trabajadoras y trabajadores del sistema financiero, lo que va a suceder hoy es preocupante. Entendemos que este modelo de Seguridad Social no es el que requiere el país, que hay otra reforma posible.

¿Qué otra reforma es posible?

Cuando un trabajador afiliado a AEBU dice que hay otra forma posible es porque nuestro modelo, que está vigente, y que con mucha anticipación visualizó la situación del futuro del trabajo, es modestamente un modelo a profundizar y luego a generalizar.

En la ley del 2008 hay un instrumento, creado por las trabajadoras y trabajadores, que se denomina PCP (prestación complementaria patronal) mediante el cual la Seguridad Social, no sólo del Uruguay sino del planeta, encontraba una nueva fuente de financiación para la Seguridad Social acorde al nuevo mundo del trabajo, pero sobre todo para el trabajo del futuro. Con esta prestación complementaria patronal las empresas aportan en función del volumen de sus activos. Esto quiere decir que las empresas que tributan a la Seguridad Social del sistema financiero uruguayo miden mensualmente cuál es el volumen de sus activos y contribuyenn a la seguridad social en función de ellos.

La tecnología que adquiere hoy un Banco o una empresa del sector financiero, y la magnitud de su negocio, se mide mensualmente junto al volumen del negocio y aporta a la seguridad social. Estos componentes de la ecuación económica crecen a un ritmo vertiginoso, en la medida de que se está tecnificando mucho la prestación del servicio: los medios electrónicos de atención, la dispensación, el conteo del dinero. Todo eso que ves al entrar a un banco, hasta el punto de que directamente no tienes que ir a la institución financiera para poder operar, va engrosando constantemente las utilidades y el activo de las empresas. Pero sobretodo las utilidades que se incrementan exponencialmente por la utilización de esas tecnologías que, desde el primero de enero del 2009 en Uruguay, tributan a la Seguridad Social en la caja de jubilaciones y pensiones bancaria.

En AEBU estamos convencidos de que esto de legislar en materia de seguridad social no es cuestión de ver cuánto más cercana a la muerte vas a recibir la jubilación y la pensión, o cuanto más chica se puede prestar como consecuencia del desfasaje existente entre el número de activos y pasivos. Es contrariamente la tarea de encontrar nuevas fuentes de financiación que, claramente, este proyecto de reforma jubilatoria no tiene. No es más ni menos que un burdo ajuste fiscal que se carga nuevamente sobre los hombros de los trabajadores.

En aquella ley, la 18.396, la PCP se estipulaba que podía cotizar un máximo de un 4 por 10.000 sobre los activos de las empresas que tributan a la Seguridad Social en la caja de jubilaciones y pensiones bancarias. Hoy se está aplicando solamente un 2,5 por 10.000. Esto quiere decir que en la ley vigente hay un margen disponible para nutrir a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias de un 1,5 por 10.000 sobre los activos, que son por demás suficientes para cubrir y sortear este período de déficit financiero que está atravesando nuestro instituto previsional y que estaba previsto en la fundamentación de la ley 18396.

Lo que realmente sucede es que el Poder Ejecutivo no quiere utilizar la iniciativa privativa que tiene para autorizar el aumento del 2,5 por 10.000 al 4 por 10.000, ya que claramente tiene un problema ideológico con este instrumento que creamos los trabajadores, las empresas y el Parlamento Nacional en el año 2008. Instrumento que está totalmente vigente y que es suficiente para resolver el financiamiento necesario.

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