Este era un paso clave para que se pueda firmar el contrato entre Aguas de Montevideo, el consorcio que llevará adelante el proyecto para comenzar las obras.
Carta del sindicato de OSE
La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación Ancap (Fancap), entre otras instituciones, entienden que el proyecto es "violatorio" del "derecho humano de acceso al agua potable".
Además, entienden que es violatorio de la reforma constitucional de 2004, que según ellos marcó "un hito al consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización".
En concreto, la obra "disminuiría la calidad de agua que OSE distribuye a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos".
"El sodio tiene repercusiones en la salud para pacientes hipertensos, enfermedades renales crónicas y dializados y para las mujeres embarazadas. Los trihalometanos declarados como posibles cancerígenos especialmente para tumores de vejiga y colon", afirma la carta.
También existe un "alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón a partir de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y del monorrelleno sanitario".
"El costo de las obras para el consorcio privado será de 304 millones de dólares. Sin embargo, al finalizar los 20 años de contrato, el Estado habrá pagado un total de 1140 millones de dólares. Esto se debe a que cada año se abonarán 57 millones de dólares en concepto de canon y costos operativos", afirman las organizaciones firmantes.
Debido a esto, habrá "aumento en las tarifas de agua", según suscriben.
