Díaz explicó que la densidad de aportes en el sector ronda el 42%, lo que implica trayectorias laborales intermitentes. “Esto es: un trabajador o trabajadora de la construcción cada diez años aporta cuatro años y moneda”, indicó. En ese contexto, remarcó que en la última década “menos del 50%” logró alcanzar los 60 años de edad con 30 años de aportes efectivos, requisito de la jubilación común. “Eso hace que los trabajadores tengan que hacer mil malabares y por lo general no lleguen a la jubilación común”, agregó.
Formas de financiación
En cuanto al financiamiento, el sindicalista sostuvo que el costo sería asumible dentro de la propia industria, que mueve alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. “Si esto se hubiera aplicado diez años para atrás, la sobretasa tendría que ser de USD 28 millones para poder concretarlo”, señaló.
Entre las alternativas mencionadas, planteó revisar exoneraciones y aportes patronales, así como eventuales beneficios vinculados a la vivienda promovida. “Podemos encontrar desde la propia industria formas de financiación para esta propuesta”, afirmó.
"El BPS le exonera todo lo que tiene que ver con los trámites a las AFAP. En el caso de exonerarnos también a nosotros, por ejemplo, los trámites administrativos de la ley de unificación de aportes, ahí tendríamos cerca de un punto", agregó.
Desde el sindicato indicaron que la iniciativa se discute en los distintos centros de trabajo y adelantaron que impulsarán el debate en el Parlamento. “Vamos a ir al Parlamento a discutir, pero también nos vamos a movilizar a los efectos de que se tenga una sensibilidad distinta y se pueda concretar”, subrayó Díaz.
