Sergio Sommaruga, secretario general de SINTEP, habló en Legítima Defensa sobre la situación de los CAIF, el vínculo con INAU y el despido de dos maestras por publicaciones en sus redes.
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Ustedes denunciaron una situación de desfinanciamiento en los CAIF.
Esta situación tuvo un impacto muy importante en más de una decena de centros CAIF que están ubicados en el cinturón de la vulnerabilidad social. Hay quitas que se aplicaron de un mes para el otro en los presupuestos que el Estado destina para el funcionamiento de estos centros; una quinta o cuarta parte del presupuesto.
¿Se contactaron con el INAU?
Sí, con el presidente Pablo Abdala, tuvimos una buena conversación y formalizamos un encuentro la semana que viene. Nos transmitió que si algunas de estas instituciones que sufrió quitas significativas, de 100.000 pesos y más, INAU se comprometía a dar partidas adicionales para que los salarios estén pagos en tiempo y forma. Ya les transmitimos esto a los trabajadores.
No obstante, aunque se paguen los salarios estamos reclamando que se restituya el dinero porque con ese dinero se compra comida, productos de limpieza, insumos para el funcionamiento didáctico de las instituciones.
El problema es que los centros CAIF atienden niños y niñas hasta los 4 años; después de eso el INAU ya no pasa plata para ellos. Estos centros no dejaron de atenderlos cuando cumplieron 4, ¿por qué?, porque solo en 2020 72 niños y niñas menores de 6 años cayeron por debajo de la línea de la pobreza por día. Esos niños y niñas van a los centros CAIF, comen ahí. Si tenés el dilema de mantener a un niño o darlo de baja para que el INAU no te castigue con una quita, ¿qué hacés? Hay que hablar del derecho a la comida.
Vamos al otro tema: dos maestras de colegios privados fueron despedidas por publicaciones en redes.
Nos enteramos por la prensa y tras eso una de las maestras se contactó con nosotros y pudimos armarnos una composición de lugar. A partir de ahí entendimos que era una situación extremadamente grave más allá de lo que le está pasando a estas dos maestras que es una injusticia laboral, de prepotencia y abuso de poder muy potente. El sindicato no podía permanecer de espaldas.
Emitimos un comunicado de prensa y estamos preparando una campaña con dos focos: contra la impunidad de las instituciones porque actúan con arbitrariedades pero permanecen en el anonimato y una campaña de concientización sobre el legítimo ejercicio de los derechos y las libertades públicas.
El despido de estas maestras no es un problema moral porque moralmente no hicieron nada mal y legalmente no hicieron nada mal. Publicaron en sus redes personales, en su tiempo libre y sin ninguna relación con algún ilícito. Acá las maestras son víctimas del abuso de poder que genera la violencia institucional de las empresas sobre los asalariados y sobre las mujeres asalariadas en particular.
Si yo salgo en bóxer sin ropa haciendo pesas van a decir «mirá el profesor cómo se cuida» o «qué ridículo el profesor», pero no va a estar en tela de juicio mi trabajo. Pero una maestra hace un TikTok o sube una foto en bikini y pierde su derecho al trabajo.
Se ha hablado de que se agreguen cláusulas contractuales que impidan que las maestras hagan este tipo de publicaciones.
Hay una cosa que decía Platón sobre la ignorancia, que no es saber algo, sino pensar que se sabe lo que no se sabe. Los contratos de una empresa, en este caso un colegio con un asalariado, lo que diga ese contrato no necesariamente es legal. Si nos contrata un colegio y dice que nos tenemos que hacer estudios médicos una vez al año y darles los resultados, ¿eso es legal? No es legal y es anticonstitucional porque el artículo 72 habla del derecho a la privacidad.
En el colegio Erik Erikson hay contratos que dicen que el trabajador renunciaba a su derecho a renunciar; es una ilegalidad grande como una casa. Que en un contrato haya una cláusula que cercene un derecho fundamental como la libertad de expresión o el derecho a la privacidad es un ataque profundo al ejercicio de las libertades públicas.
Este caso no tiene nada que ver con el contrato. Es mucho peor y es alarmante que las autoridades de la educación de este país no hayan empezado una investigación.