Otro de los aspectos más preocupantes señalados por la APU es el proceso acelerado y poco transparente mediante el cual se aprobó la ley. Según el comunicado, no se respetaron los tiempos políticos ni se realizó una coordinación mínima entre los partidos, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad y la convivencia democrática en el proceso legislativo.
"El Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que ya ha mostrado episodios inéditos y gravísimos", expresó la APU.
Y añade: "Esta norma fue aprobada bajo el rótulo de ´grave y urgente´, sin discusión alguna en la Comisión de Industria, sin la correspondiente y habitual coordinación de las bancadas y, lo que le agrega gravedad y preocupación, sin escuchar a ninguna representación de la sociedad civil sobre su contenido".
Por campaña electoral
Con respecto al tratamiento "acelerado" de esta normativa, APU opinó que "esta modificación legislativa no es ni grave, ni urgente, salvo intereses específicos de los partidos integrantes de la coalición gobernante asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos".
Además, la APU advierte que la nueva legislación supone un retroceso en materia de derechos humanos al establecer un marco regulatorio contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión. También se denuncia un aumento preocupante de la concentración de medios y la posibilidad de extranjerización de la propiedad de los mismos.
Para finalizar, la APU enfatizó en "su más absoluto rechazo a esta ´ley de medios express´ que ha aprobado el oficialismo, porque se trata de una norma totalmente regresiva, que se impulsó sin la adecuada discusión y que es claramente contraria a las obligaciones internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos".
