Por resolución adoptada el pasado miércoles el Tribunal de Cuentas respondió afirmativamente el requerimiento del fiscal de Maldonado, Jorge Vaz, y realizará una auditoría sobre toda la gestión administrativa de la Junta Departamental de Maldonado durante el período 2020-2025.
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El fiscal Jorge Vaz solicitó al Tribunal de Cuentas auditar la administración de la Junta de Maldonado.
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El máximo organismo de contralor ya informó su resolución a la presidenta del legislativo, Verónica Robaina, solicitando que se ponga a disposición toda la documentación que se requiera, así como también se aseguren todos los recursos materiales indispensables y el estableciento de un área reservada para el trabajo de las auditoras.
Para tal fin se designó a un equipo integrado por la contadora Gabriela Martínez y las abogadas Andrea Areoso y Marisa González.
La auditoría comenzará la semana próxima y no se estableció un plazo para sus conclusiones.
Investigación
La solicitud fiscal se enmarca en la investigación que lleva adelante desde los primeros meses de este año a consecuencia de informaciones difundidas por el periodista Jorge Bonica en el semanario El Bocón y la posterior denuncia penal presentada por la bancada de ediles del Frente Amplio. Esto dio motivo a la formalización judicial de los ex presidentes de la Junta Departamental, Darwin Correa (Herrerismo – PN), José Luis Sanchéz y Alexander Infante, ambos integrantes del sector liderado por Enrique Antía. Los acusados tienen medidas limitativas establecidas por la jueza Gabriela Azpiroz.
La Fiscalía probó que los tres cometieron los delitos de fraude y falsificación ideológica al ordenar pagos con facturas falsas por obras no realizadas en el edificio del legislativo y que terminaron en la cuenta bancaria del edil Sánchez.
Si bien la cifra exacta aún no ha sido determinada, en principio se estimó en varios millones de pesos.
Fiscal no acepta juicio abreviado
El fiscal Vaz ya anunció que no aceptará un juicio abreviado y llevará a los acusados a juicio oral y público, que se realizaría en los primeros meses del año próximo.
La solicitud de auditoria sobre los 5 años pasados también pone bajo investigación administrativa a los ediles blancos y ex presidentes Adolfo Varela y Damián Tort, además de los tres ya mencionados.
Uno de los gastos millonarios realizados por la Junta y reiteradamente observados por el TCR son las asignaciones de publicidad a diferentes medios y periodistas sin ningún plan publicitario y sin nada para publicitar.
Los investigadores sospechan que ese dinero en realidad fue parte de pagos para la campaña electoral. Por lo menos dos periodistas dijeron que, por ejemplo, el ex presidente Alexander Infante les dijo en más de una oportunidad …”les doy este dinero pero va a cuenta de mi campaña”…
Pero no es la única investigación que Vaz realiza sobre la Junta Departamental. A mediados de año un ciudadano sin militancia partidaria presentó una documentada denuncia sobre el pago de sueldos encubiertos a los ediles desde julio del año 2015.
El fiscal ya ofició a la Junta reclamando una serie de documentos que en principio fueron negados por la presidenta Verónica Robaina aduciendo que “si los entregaba violaría el secreto bancario de los ediles”. Entonces el fiscal presentó un recurso ante la jueza Azpiroz quién ordenó la entrega inmediata de la documentación solicitada.
Como este gasto de la Junta ha sido observado cada año por el TCR, seguramente la auditoría que se llevará adelante también analice la pertinencia y legalidad del pago a los ediles.
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