El documento plantea propuestas concretas:
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Actualizar el valor de los timbres profesionales por el Índice Medio de Salarios (IMS), y no por el Índice de Precios al Consumo (IPC), como sucede actualmente.
Abatir el descalce del 70% acumulado en el valor de los timbres, con un aumento significativo inmediato y nuevos ajustes periódicos.
Ampliar la base de aportantes incorporando a los más de 110.000 profesionales dependientes, en su mayoría no aportantes a la CJPPU, permitiendo que puedan jubilarse por esta caja.
Detraer parte del aporte actual que los profesionales hacen al BPS o a las AFAPS, destinándolo a la CJPPU. Según las gremiales, con solo 28.000 nuevos aportantes se lograría equilibrar las cuentas.
Además, mientras estas medidas empiezan a generar efectos, se reclama al Poder Ejecutivo que cumpla con el artículo 67 de la Constitución y aporte desde Rentas Generales los recursos necesarios para cubrir las pasividades actuales.
El SAQ, por su parte, advirtió que la propuesta del gobierno puede “desestimular aún más” el ingreso de profesionales a la CJPPU y sostuvo que las soluciones deben ser de fondo y no solo una salida transitoria. El sindicato también solicitó ser recibido por las comisiones parlamentarias que analizan el tema.
La crisis de la Caja Profesional se convierte así en un nuevo foco de tensión entre el gobierno y sectores fundamentales de la sociedad uruguaya. Con propuestas sobre la mesa y el rechazo firme de las gremiales, el Parlamento tendrá ahora la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre urgencia financiera y justicia estructural.
