Las dos personas cuyas investigaciones fueron formalizadas deberán cumplir con 180 días de prisión preventiva. Mientras que una tercera persona, que también estaba detenida pero no se formalizó su investigación, recibió medidas limitativas: Fijar domicilio, imposibilidad de salir del país y retención del pasaporte. El vocero de Fiscalía señaló que si bien esta persona "es otra de las responsables de la empresa de exportación, las fiscales, hasta el momento, "no encontraron elementos que la vinculen directamente con la exportación de la cocaína”.
La teoría del caso expuesta por la Fiscalía el pasado sábado es que los budines y alfajores se compraron en una cadena de supermercados y luego fueron transportados a un depósito en Canelones, donde se les agregó la cocaína. De allí, partieron a zona franca y luego a la terminal portuaria, de donde salió la exportación.
Según consignó Benech, las fiscales del caso (Stella Llorente y Angelita Romano) señalaron que se trata de una "investigación compleja", ya que requerirá "exhortos internacionales", así como "cooperación internacional". Por lo tanto, indicó que "va a demorar un tiempo en profundizarse".
Exportación a Bélgica fue la primera que hizo la empresa y la Aduana falló tres veces
La empresa Liderking SA, remitente de la carga ilegal, hasta ese momento se dedicaba a la importación de perfumes y lociones desde Francia que luego eran trasladados para su venta en Asunción (Paraguay). La exportación a Bélgica fue la primera que hizo la empresa hacia el continente europeo y fue uno de los aspectos que generó sospechas en los funcionarios de la Aduana uruguaya que, si bien, determinaron que los contenedores tuvieran que pasar por el escáner, estos no fueron revisados manualmente luego del inocuo escaneo.
Tras la identificación de que la cocaína fue cargada antes de su paso por Zonamerica, también quedó en evidencia que fallaron los controles aduaneros de la zona franca al ingreso (13 de noviembre) y a la salida del cargamento (17 de noviembre) en tránsito al puerto de Montevideo.
En paralelo a la invetigación judicial, la Dirección Nacional de Aduanas inició una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades de sus funcionarios.
Cambios normativos que beneficiaron a las empresas involucradas
Una modificación aprobada en noviembre de 2023, en la última Rendición de Cuentas, respecto a las políticas antilavado de activos y la actividad en zonas francas, terminó beneficiando a las empresas logísticas que están involucradas en esta causa de narcotráfico.
El art. 109 excluyó como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos a los usuarios "directos e indirectos" de zonas francas que desarrollen "únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías". Una obligación que estaba prevista en la ley integral contra el lavado de activos (19.574), que en el literal G del art. 13 preveía la obligación, dentro del sector no financiero, para los "explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación".
Este cambio se hizo sin el aval de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), según consignó un artículo de Lucas Elmallián en El País, que consultó al gerente de Fiscalización y Control de la Senaclaft, Gustavo Misa. Al tiempo que la diaria informó que la modificación normativa "tampoco surgió de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay", organismo al que las empresas tienen la obligación de reportar las actividades sospechosas de lavado de activos.
Interrogantes del caso
A partir del reciente y llamativo cambio previsto en la Rendición de Cuentas, las empresas usuarias de zonas francas que eventualmente podían denunciar actividades sospechosas vinculadas al crimen organizado y lavado de activos, ahora no están más obligadas a hacerlo.
Por lo tanto, resta conocer cuál fue el motivo y el argumento de los legisladores para votar una flexibilización a la normativa vigente.
Por otra parte, la investigación de Fiscalía deberá determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o complicidad durante los fallidos controles aduaneros, y también identificar la procedencia de la cocaína y el trayecto que hizo dicho cargamento hasta el depósito en Canelones, donde la droga acopiada fue cargada y camuflada en un contenedor, entre miles de budines, alfajores y botellas de vermú.
