Chargoñia insistió en la importancia de desmilitarizar el Batallón 13 y otros sitios similares, subrayando la necesidad de reconocer el valor simbólico y sagrado de estos lugares como parte de un compromiso con la memoria y la dignidad de las víctimas. Por otro lado criticó al senador cabildante, quien rechazó la desmilitarización argumentando que es un lugar de entrenamiento militar: “En su impudicia incapacidad moral para entender estos hechos, [Manini] nos dice que los noveles integrantes del ejército uruguayo hacen prácticas de entrenamiento encima de un cementerio clandestino”.
El reciente hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 removió el tema de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Como abogado con experticia en DDHH y miembro del Observatorio Luz Ibarbourou, ¿qué significó este hallazgo para el proceso de verdad y justicia en Uruguay?
La ratificación del terrorismo de Estado en Uruguay y la ratificación del concepto de crimen de lesa humanidad, que ofenden la conciencia de la humanidad y que deben ser esclarecidos y perseguidos. El hallazgo se da, además, en un predio militar que se revela como un cementerio clandestino, un lugar que debería ser preservado como sitio de respeto, a partir de lo que es esta confirmación de varios enterramientos por parte de los agentes del Estado que operaban bajo el criterio de la doctrina de la seguridad nacional y perseguían a miles de hombres y mujeres en Uruguay. La confirmación, además, de que la desaparición forzada es uno de los crímenes más aberrantes, que impide a la familia la realización del rito mortuorio, que es una de las expresiones básicas de la humanidad. Y la confirmación también de que los autores y coautores de estos crímenes mantienen el silencio, es decir, que mantienen bajo tormento a los familiares y a la sociedad en su conjunto al no informar sobre el paradero de las personas que detuvieron.
En este contexto ¿cuál es el rol del Observatorio Luz Ibarburu y en qué ejes viene trabajando?
El Observatorio se encarga de analizar las políticas públicas en materia de persecución penal, en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El período que comprende los crímenes que se analizan inicia en 1968 y termina en 1985, con la aclaración de que el crimen de desaparición forzada es un delito permanente que se sigue cometiendo aún después de terminada la dictadura. Analizar las políticas públicas en materia de persecución penal significa, entre otras cosas, elaborar una base de datos de resoluciones judiciales, publicarlas en una web que está al alcance del ciudadano para comprender cómo reaccionan los tribunales penales frente a las denuncias de hechos cometidos durante la dictadura. Coleccionamos en esa base de datos resoluciones de los jueces letrados de primera instancia de los tribunales de apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.
El observatorio fue creado en el 2012 con la participación de varias organizaciones sociales, y por iniciativa de una organización relevante como el Pit-Cnt. Se creó a partir del dictado de la sentencia Gelman por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a Uruguay a desarchivar todas las causas que estaban archivadas por aplicación de la Ley de Caducidad. Este organismo declaró que aquella Ley de Caducidad del año 86 carecía de validez jurídica y obligó a las organizaciones populares y de la sociedad civil a revisar cuál era el panorama de todas esas causas detenidas durante tanto tiempo y tratar de impulsarlas. A partir del año 2015, se conformó un equipo jurídico, que coordino personalmente, en el que, además de cumplir tareas de procesamiento de información judicial, actualmente patrocinamos 50 causas, lo que significa representar a las víctimas, presentar denuncias. En este caso, es preciso aclarar que las denuncias no suelen iniciarse de oficio, sino a partir de la presentación de las organizaciones sociales o de las víctimas, de modo tal que la presentación de una denuncia es una de las actividades más relevantes, en tanto que no habría causa de derechos humanos sin ese puntapié inicial.
Entre esas causas está la de Amelia Sanjurjo
Sí, a partir de este año, asumimos la representación de los denunciantes en el caso de Amelia Sanjurjo. Tratamos de promover que se analicen las responsabilidades de quienes detuvieron a Amelia, de quienes la atormentaron y de quienes dispusieron el ocultamiento de su cuerpo durante tanto tiempo.
¿En qué etapa están estos procesos judiciales?
Nosotros participamos en varios juicios, unos enmarcados en el Código del Proceso Penal de 1980, que atribuye la investigación a los jueces letrados, y otros enmarcados en el Código del Proceso Penal de 2017, que establece juicios orales y públicos. La mayor parte de las causas están reguladas por el código anterior, por lo que ya habían sido presentadas antes de la entrada en vigencia del nuevo código. Y esos juicios tienen diversas etapas. Algunos están en la etapa de indagatoria presumarial y nuestra actividad consiste en acudir a las audiencias, interrogar a testigos, interrogar a los propios imputados, colaborar con la presentación de pruebas. En otros casos, ya ha habido sentencias de condena que están en etapas de apelación y, en otros casos, hemos participado en juicios orales y públicos, como en el caso de los vagones en Canelones y en el caso de torturas en San José. Otras causas se encuentran en la etapa de formalización, como el caso de la tortura sufrida por Vladimir Roslik y otros vecinos de San Javier.
El Observatorio Luz Ibarburu elaboró una lista con 41 condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar. ¿Cuál es el objetivo de esta lista y cómo esperan que influya en el proceso de justicia y en la memoria colectiva de Uruguay?
Todos nuestros esfuerzos de divulgación tienen un sentido cívico, es decir, pretendemos que la ciudadanía y la opinión pública, comprendan cómo se analizan estos hechos en el ámbito judicial, que conozcan la operativa del terrorismo Estado, que adviertan que los daños cometidos por el Estado como organización criminal no son comparables con los daños que puedan cometer delincuentes particulares, que tienen una naturaleza particular, diferente. Una de las formas de lograr que la ciudadanía advierta esto es darles a conocer los pronunciamientos judiciales sobre los hechos de la dictadura que están siendo investigados. También es importante que se conozca en qué casos los jueces intervinieron y llegaron a la conclusión de que hay plena prueba para la aplicación de una sanción, ya que existe actualmente una tendencia a banalizar el pasado del terrorismo estatal y a calumniar al sistema judicial adjudicándole una intención vengativa, lo que está absolutamente alejado de la realidad. Nuestro esfuerzo consiste en mostrar que cuando los jueces fallan aplicando una condena es porque recolectaron una cantidad de pruebas sometidas al escrutinio y al cuestionamiento de la defensa de los abogados, de los propios condenados. Demostrar que estas sentencias se aplican luego de un proceso debido, ajustado a la ley y que no hay en lo absoluto ninguna alianza vengativa para poner a inocentes presos. Es absolutamente falso que en Uruguay haya presos políticos. Los que están detenidos en la cárcel de Domingo Arena, contrariamente a lo que algunas voces dicen, son individuos que han sido condenados con todas las garantías del proceso y pesando sobre ellos una prueba plena que determina que son efectivamente responsables de aquellos hechos aberrantes que se les imputaron. Entonces, la idea de divulgar esto es democratizar una información que de otra manera quedaría hermética, en los edificios del Poder Judicial. Estas causas tienen una enorme importancia para mejorar la calidad de la democracia, para armar culturalmente a las nuevas generaciones, que deberán evitar que estos horrores vuelvan a pasar.
Pensando en la causa de Sanjurjo, ¿qué implica abrir un caso tanto tiempo después?
Muchas de las causas estuvieron archivadas por aplicación de la ley de Caducidad, desde el año 86 hasta el año 2011, año en que un decreto del gobierno de José Mujica dispuso la reapertura de todos los presumarios archivados. A partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman, hemos criticado muchas veces la falta de políticas de Estado decididas en materia de persecución penal. Y eso se revela con el hecho de que la causa de Amelia Sanjurjo no hubiera sido investigada sino aparecía su cuerpo en Toledo. No hay ninguna razón que justifique semejante inacción. La inacción es una responsabilidad de los estados que deben ser proactivos en materia de persecución penal. Dicho esto, haremos todos los esfuerzos para tratar de reconstruir el lugar de detención anterior al enterramiento en Toledo. Hay algunas hipótesis que lo relacionan con La Tablada, que era el centro en que operaba el órgano de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA). La investigación debe estar relacionada con el relevamiento del itinerario de la desaparición, es decir, qué pasó con Amelia Sanjurjo desde el momento de la detención hasta que su cuerpo es enterrado en Toledo. Todo esto forma parte de la materia de la Fiscalía especializada y del Poder Judicial en cuanto a imputar los delitos de homicidio o de desaparición forzada, o ambos, a los autores y coautores de estos hechos. Sin perjuicio de aclarar que la investigación sobre la desaparición forzada corresponde también, por ley, a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)
¿Cómo evalúas la colaboración del actual gobierno en la búsqueda de verdad y justicia?
Hemos criticado tanto a este gobierno como al anterior, por no disponer de las decisiones y del presupuesto necesario para que estas investigaciones marchen a otro ritmo. Pongo un ejemplo: hace dos años que no se está investigando sobre el terreno de Avenida de las instrucciones, en los fondos del Servicio de Material y Armamento (SMA), donde fueron encontrados dos cuerpos y restos óseos de una tercera persona que nunca se pudo identificar. Este es un ejemplo de responsabilidad de tres instituciones que debieron haber resuelto antes este asunto: el Ministerio de Defensa Nacional, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la UTE, porque lo que detuvo las excavaciones fue el hecho de haber encontrado un cable de alta tensión que detuvo las tareas. Este es uno de tantos ejemplos en los que no se revela una política de Estado que implique una coordinación eficaz de todos sus entes. Insisto con lo del presupuesto porque para investigar sobre el paradero de personas que no se sabe dónde están, porque los secuestradores no lo dicen, la investigación tiene que concentrarse en tareas previas a las que realizan los antropólogos sobre el terreno. Es necesario saber cuáles son los terrenos a los que luego los antropólogos forenses van a ir a trabajar. Es esa la parte en la que se está fallando: se busca en lugares donde es obvio que hay que buscar, como es el caso de Toledo, pero los otros lugares siguen estando en una gran nebulosa.
¿Qué expectativas manejan respecto a las posibilidades de obtener nueva información por parte de las Fuerzas Armadas?
En lo que refiere a las apuestas a una especie de arrepentimiento, tanto de los responsables como del entorno de los responsables, la historia ha demostrado que no hay que tener muchas expectativas. Entonces, ¿qué ocurre cuando los secuestradores o su entorno no informan sobre el paradero de la víctima? Lo que ocurre es que se deben elaborar unos diseños más eficaces de investigación, presuponiendo que no va a haber colaboración y que hay que llegar a reconstruir el itinerario de la desaparición a partir de esa falta de colaboración.
En materia de memoria, verdad y justicia, además de la cuestión presupuestal, ¿qué otros desafíos tendrán la fuerza política que asuma el próximo gobierno?
Tiene que haber un compromiso, de todas las élites políticas, de rechazo a las teorías negacionistas que intentan banalizar los hechos ocurridos en el pasado o que intentan beneficiar a los responsables de esos hechos, por ejemplo, a través de la prisión domiciliaria. Cualquier fórmula que se acerque a una especie de perdón o de moderación de las sanciones por hechos gravísimos debería ser rechazada. En materia de investigación del paradero de los desaparecidos, las élites políticas que están demandando el voto del ciudadano deben comprometerse a lograr una justicia eficaz, adecuada. En materia de memoria, deberían comprometerse a restablecer el concepto de terrorismo de Estado en los programas de Historia de Educación Secundaria como una forma de garantizar, desde la clase política, que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y la mejor garantía de que no vuelvan a ocurrir es que los ciudadanos comprendan qué es lo que ocurre cuando un Estado pasa de ser la organización que procura la paz social y el bien público a una organización criminal, como lo que ocurrió en la década de 70.
En una entrevista reciente publicada en el portal del Pit Cnt, señaló la necesidad de desmilitarizar los lugares como el Batallón 13 y el “Cortijo Videla”, ¿qué pasos concretos deberían tomar las autoridades para avanzar en ese sentido?
En primer lugar, tendrían que estar convencidos de que eso es importante, de que un cementerio clandestino es, en un sentido antropológico, un lugar sagrado. No se trata de preservarlo como medida cautelar judicial, eso ya está, sino que se trata de dar un paso simbólico, político, en el sentido de reconocer que un lugar donde hay cuerpos humanos no puede ser un predio militar. Es la necesidad de comprender el valor simbólico, sagrado, laico que tiene desmilitarizar esa zona. Debería agraviarnos a todos que siga siendo un predio militar. El senador Manini Ríos rechazó esta idea con el argumento de que es un lugar de entrenamiento militar. En su impudicia incapacidad moral para entender estos hechos, nos dice que los noveles integrantes del ejército uruguayo hacen prácticas de entrenamiento encima de un cementerio clandestino. La desmesura, la aberración de la opinión es escandalosa. Al decir que hay que desmilitarizar ese terreno nos referimos a la necesidad de recuperar la dignidad de la memoria de las personas que ahí estuvieron o de las que todavía ahí están. Lo que debería haber de parte de las dirigencias, y también de parte de las organizaciones populares, es la convicción de que lugares donde hubo enterramientos humanos no pueden estar bajo la égida militar.
