La cotidianas luchas por un techo para vivir recrudecen paulatinamente y el Estado hace caer todo el peso de la ley sobre los mas necesitados.
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En la audiencia realizada ayer en la Fiscalía del fiscal Diego Pérez contras las cuatro familias que tenían iniciado un proceso por Usurpación y Hurto de energía eléctrica, se resolvió un plazo de cuatro meses para que las familias desarmen las humildes viviendas y desalojen los terrenos, con la prohibición por ocho meses de acercarse a los predios, a pesar de que allí siguen viviendo vecinos que han hecho a lo largo de estos tres años de ocupación.
Por otro lado les imponen presentarse una vez por mes a la seccional a firmar un registro de asistencia.
Dos de las familias ante la grave situación se pusieron en contacto con Fucvam que estaría trabajando sobre una propuesta habitacional de emergencia.
Al drama de la vivienda se suma la pérdida de ingresos, ya que una de las procesadas, madre y jefa de hogar se ganaba la vida vendiendo algunos productos de almacén.
Esta situación se suma a las 29 familias del Asentamiento ubicado en las Vegas Norte y las cuatro familias de Nuevo Comienzo en el oeste de Montevideo de un total de 60 ya procesadas ,tienen por única respuesta el procesamiento y lanzamiento sin novedades del Plan Avanzar para asentamientos definidos por el gobierno.
La carta entregada en la pasada movilización de los vecinos de Nuevo Comienzo al presidente Lacalle sigue sin ser respondida, confirmó a Caras y Caretas su vocera Fabiana Molina.
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