La investigación determinó que dichos documentos eran apócrifos y que, en varios casos, las personas que figuraban como otorgantes de los poderes habían fallecido incluso antes de la fecha en que supuestamente estos habían sido otorgados.
A partir de esos documentos se concretaban compraventas ficticias mediante las cuales los involucrados adquirían formalmente los terrenos para luego enajenarlos a terceros de buena fe, obteniendo un provecho económico.
La investigación también permitió analizar la trazabilidad de los medios de pago utilizados en las operaciones. En varios casos se constató que los cheques consignados en las compraventas no habían sido efectivamente cobrados ni acreditados en las cuentas de quienes figuraban como vendedores.
Allanamientos, condenas e imputaciones
En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en los domicilios de los involucrados, donde se incautaron documentación, dispositivos electrónicos y un sello con el nombre del escribano cuya firma habría sido utilizada en los poderes apócrifos. También fueron incautadas copias simples de documentos que simulaban tener carácter notarial.
Como resultado, dos personas fueron condenadas como autoras penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de estafa en régimen de reiteración real, estos últimos en calidad de coautores.
Ambas personas fueron condenadas a 18 meses de prisión, pena que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba. Entre las condiciones impuestas se establecieron la sujeción a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), presentación semanal ante la seccional policial correspondiente, prestación de servicios comunitarios, arresto domiciliario nocturno durante tres meses y cierre de fronteras durante el período de la condena.
Por otra parte, otras dos personas fueron imputadas y se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de 2026 a las 20:00 horas, bajo vigilancia y monitoreo electrónico supervisado por DINAMA.
Asimismo, se dispuso la prohibición de comunicación, por cualquier medio y aun por interpuesta persona, con otras personas mencionadas por Fiscalía e implicadas en la investigación.
