Dos femicidios cada 100.000 mujeres en Uruguay

El Consenso aborda temáticas de atención a niños, niñas y adolescentes, protección del envejecimiento, igualdad de género; protección de los derechos humanos de los migrantes, de los pueblos indígenas, de la población afrodescendiente.

Propuso "promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva".

El cumplimiento del Consenso de Montevideo abarca los programas de educación sexual, su incorporación en las mallas curriculares educativas, la prevención de la violencia de género en las relaciones de pareja, la erradicación de la violencia sexual y de género y la eliminación de la discriminación y estigmatización de adolescentes y jóvenes Lgbtiq+. Estas acciones se le deben "exigir a los gobiernos de la región".

El informe A 10 años del Consenso de Montevideo: vigencia, avances y retrocesos se centra en el capítulo D del Consenso con énfasis en las determinaciones:

-Garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos.

-Derecho a una sexualidad plena, sin discriminación ni violencia.

-Existencia de legislación y programas de servicios de salud sexual y reproductiva.

-Erradicación de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación.

-Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva.

-Prevención y tratamiento integral de enfermedades de transmisión sexual.

-Abatimiento de la morbilidad y mortalidad materna.

-Legalización del aborto.

-Atención obstétrica universal y de calidad.

-Acceso a anticonceptivos.

-Atención prenatal del embarazo.

Un informe de Cepal de 2019 arrojó que "los temas de educación sexual y su inclusión en la currícula educativa han levantado muchas resistencias conservadoras en toda la región que no ayudan al mejoramiento de estos indicadores" y que el abandono del ciclo educativo de las mujeres "tiene frecuentemente como causa el embarazo precoz".

Índice de desigualdad de género

Los diversos informes elaborados por la herramienta ISOQuito (un ranking realizado con distintos indicadores para medir la desigualdad de género en la región de acuerdo a los consensos de la Cepal) muestran que América Latina y el Caribe no avanzan rápidamente en el cumplimiento de sus obligaciones con la igualdad de género.

En la gran mayoría de los países la libertad para la interrupción voluntaria del embarazo no existe, la mortalidad materna se mantiene proporcionalmente alta y el embarazo adolescente es la realidad cotidiana de miles y miles de mujeres. La violencia sexual continúa siendo alta. Además, "las regresiones conservadoras que varios países han experimentado en nombre del combate a la 'ideología de género' se han traducido en la resistencia a implementar planes de educación sexual, en abogar por la eliminación del lenguaje inclusivo en las instituciones del Estado, y en el retroceso en la lucha contra las discriminaciones por identidad de género".

Estos retrocesos tienen, además, la contracara del "favorecimiento de concepciones conservadoras sobre la familia, el rol de la mujer y la injerencia del Estado en asuntos como la sexualidad".

El índice ISOQuito toma en cuenta a la hora de medir a los diferentes países la existencia (o no) de una ley integral sobre violencia por razón de género contra las mujeres, la tipificación del femicidio; la existencia de normativa sobre violencia doméstica/intrafamiliar, violencia institucional, política, laboral, obstétrica, mediática/cibernética, patrimonial y económica, simbólica; las leyes sobre acoso sexual y acoso en espacios públicos.

Uruguay y Argentina son los únicos países de la región que tienen 1,0 en el índice, que es el puntaje más alto.

Tasa de femicidios

La situación regional en cuanto a la cantidad de femicidios (asesinatos de mujeres por su condición de mujeres) es dispar. Hay países con niveles "alarmantes", como El Salvador y Honduras, con valores promedio de 7 cada 100.000 mujeres; por otro lado, un conjunto de países con niveles intermedios en los que se encuentran Uruguay, Brasil, Bolivia, Guatemala y República Dominicana, con valores promedio de 2 por cada 100.000 mujeres; y países con tasas más bajas de femicidios (1 por cada 100.000 mujeres): Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Es decir que Uruguay conforma el rango medio. No está entre los que enfrentan la situación más alarmante, pero la situación está lejos de ser justa.

Anticonceptivos y planificación familiar

En las dos primeras décadas del siglo XXI, a nivel regional, el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que cubren sus necesidades de planificación familiar alcanzó el 80%.

En cuanto al porcentaje de mujeres con un/a hijo/a nacido vivo que recibieron, al menos, cuatro consultas prenatales, el informe identifica un nivel estable cercano al 85% en la mayoría de los países.

En materia de legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, "una de las reformas más difíciles de procesar, los cambios han sido lentos, pero, en el último decenio, se destacan avances altamente significativos en Uruguay, Argentina, México y Colombia", aseguran.

Asimismo, el aborto es legal en Cuba y también está permitido en los territorios de Guayana Francesa, Guyana y Puerto Rico. Sin embargo, en la mayoría de la región el aborto permanece penalizado, con normativas que oscilan desde su habilitación por determinadas causales (riesgo de vida materna, inviabilidad del feto, violación, incesto, discapacidad mental de la madre) hasta su prohibición absoluta, aun cuando corre riesgo la vida de la mujer (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití).

Las reacciones contra los derechos sexuales y reproductivos

En varios países de la región, desde la segunda mitad de la década de los años 2010, la educación sexual integral (ESI) "ha sido objeto de fuertes embestidas y campañas de desinformación por parte de sectores ultra conservadores provenientes de la sociedad civil [organizaciones autodenominadas “pro-vida”, colectivos como Con Mis Hijos No Te Metas (Cmhntm) y afines, autoridades y grupos religiosos], y también por parte de representantes de la política institucional (candidatos presidenciales, autoridades públicas en ejercicio). En reiteradas oportunidades, la respuesta de los gobiernos nacionales frente a estos embates ha sido la inacción", aseveran desde las organizaciones.

Esta situación complejiza la lucha por los derechos de las mujeres y contra la desigualdad de género. Los resultados del informe muestran que Uruguay está, en general, bien situado en la región, salvo en materia de femicidios, la forma más cruel de la violencia basada en género. Además, es preciso destacar que aunque en la normativa nacional existe una ley contra la violencia basada en género, nunca fue presupuestada y, por ende, muchas de sus determinaciones no pueden ser puestas en práctica.