Durazno sangrando

No voy a profundizar sobre los detalles de la madrugada del 25 que tuvo como resultado enfrentamientos relacionados con disputas entre bandas de narcotraficantes locales, en donde desgraciadamente una bala impacta sobre una jóven que aguardaba para entrar al evento. Mientras escribo estas líneas ella se encuentra en estado grave en CTI.

El hecho en sí y su contexto ha vuelto a despertar la indignación, el miedo y la rabia de una población que resiste acostumbrarse al “cambio de ambiente” que padece, con nueve homicidios en lo que va del año y numerosos eventos de violencia que, como “mareas”, parecen atomizar la conversación pública en las calles, las plazas, los medios y redes sociales con cierta regularidad.

Las explicaciones de las autoridades policiales ponen el foco en lo azaroso del evento para justificar la falta de presencia policial en el lugar del hecho, mientras que las autoridades políticas departamentales (léase ejecutivo departamental) miran la escena en primera fila.

Datos a tener en cuenta

Según declaraciones de la Subjefa de policía departamental, en ese momento se contaba con un móvil para el evento y, al mismo tiempo, en toda la “zona metropolitana”, se encontraban disponibles 12 móviles, esto es, un móvil (2 policías por cada uno aprox) por cada 4.000 habitantes.

Pensando de forma contrafáctica, la presencia de uno, dos, cinco o nueve patrulleros no hubiera cambiado la situación a sabiendas de que las amenazas ya estaban realizadas por parte de una de las bandas enemistadas, demostrando su poderío de fuego y desafiando tanto a sus competidores del rubro como a la autoridad estatal.

Y es que sobran ejemplos del estilo y la literatura científica sobre el tema ha demostrado que los diferentes modelos represivos no tienen efecto alguno si no hay una presencia sostenida en el territorio, coordinación y cooperación interinstitucional, trabajo con la comunidad afectada y una política orientada a problemas que busque romper el cerco de la impunidad en territorios específicos seleccionados en base a la evidencia. Estamos “en pañales” todavía.

Otro de los argumentos que sostenía la autoridad policial daba por hecho que el comportamiento de estas bandas respondía a que sus principales líderes se encuentran en la cárcel. Pensar que no existe comunicación entre los líderes presos y sus sucesores naturales en las calles sería pecar de ingenuo, entonces así podríamos interpretar que no hay nada irracional en el evento y que la disputa en sí, el lugar donde ocurrió y sus consecuencias son los efectos esperados de una batalla que necesita testigos y espectadores que reproduzcan el miedo.Lejos de responsabilizar la labor policial por el devenir del evento, tenemos que mirar con preocupación la escasez de recursos (de todo tipo) que sufre la institución desde un tiempo a esta parte.

Mirar más allá de…

La tasa de encarcelamiento en Uruguay es la más alta de la región y se ubica en el décimo lugar a nivel mundial con 421 presos por cada 100 mil habitantes, según datos del Comisionado Parlamentario para 2022. A nivel nacional hay una sobre población del 126% y sólo en Durazno esa cifra asciende a 186%. Con esto números a la vista y en comparación con la región, no es muy difícil darse cuenta de que en nuestro país metemos gente presa a “a lo loco” y, aun así, los problemas parecen empeorar.

Según un informe del PNUD del 2021, hay que tener en cuenta dos elementos que complejizan la situación uruguaya: el primero tiene que ver con que, de la mano de la superpoblación, el poder del Estado se ve minimizado dentro de los complejos penitenciarios y la protección pasa a estar dada por los grupos criminales que allí se alojan y operan. El segundo guarda relación con las condiciones de vida de la población carcelaria luego cumplir la pena, población que enfrenta la carencia material y el estigma de haber sido una persona privada de libertad. Estas personas son el objetivo predilecto de las organizaciones criminales para su reclutamiento, ya que las dificultades para insertarse en el mercado laboral formal son casi insorteables.

En conclusión

Lo que sostengo es que pedir más represión (imposible con los recursos con los que se cuenta) y meter más gente presa es, hoy en día, seguir alimentando el problema. Más penas, más cárceles y más represión no sólo han demostrado ser inútiles en el combate del narcotráfico, sino que lo han potenciado.

La única innovación que hemos visto como departamento es la creación de una Comisión Especial Ciudadana en la Junta Departamental, señal clarísima a la población de que el problema no es materia exclusiva del Ministerio del Interior, sino de las diferentes agencias del Estado y la comunidad. Sin embargo, la misma se viene pidiendo desde comienzos de la legislatura en 2020 y se conformó hace un par de meses. El tiempo es tirano…

La autoconvocada marcha de este jueves 28 partirá desde la plaza Sarandí hasta el Juzgado y reclamará que los responsables directos del vetusto paradigma de seguridad ajusten las clavijas. Se escucharán críticas contra la Fiscalía, la policía y, por qué no, contra “la clase política”. Todas estas demandas tienen su razón y son más que válidas en estos contextos.

El evento de la madrugada del 25 y el delicado contexto que lo precede nos hace sentir que siempre se puede ir un poco más allá en el horror, y cuando creíamos que lo que presenciamos era ya siniestro, otro evento embiste reconfigurando el umbral del miedo y nos recluye en la cárcel del peligro constante.

Honestamente no sé cuál es la solución o el paquete de soluciones. Asumo que no vamos a volver a sentir lo que sentimos en otros tiempos no tan lejanos. Cuando el miedo se instala en nuestras fibras es muy difícil que cambie, pero aún hay margen de libertad.

De lo único que estoy seguro es que en estas situaciones la organización de la protesta, tomar los espacios públicos y marchar juntos es lo único que nos queda, por ahora…