En el entramado económico de Uruguay una deuda persistente, pero a la vez invisible, fue revelada: aquella que el Estado mantiene con las mujeres debido a las pérdidas sufridas durante la pandemia, específicamente en materia de mercado laboral y trabajo no remunerado. Una deuda sobre la que se especula hace tiempo, pero que nadie había traducido a cifras. Si bien la crisis sanitaria por covid-19 impactó en todos los sectores de la población, no podemos obviar que golpeó con más fuerza a las mujeres, lo que contribuyó a profundizar las desigualdades ya arraigadas.
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Según un informe elaborado por el colectivo Cotidiano Mujer, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), el Instituto de Economía (IECON) y ONU Mujeres, la deuda que contrajo el Estado con las mujeres, entre 2021 y 2021, es de 1.996.000 millones de dólares, por los rubros mercado laboral y trabajo no remunerado.
Para cuantificar la deuda existente, las expertas explicaron que, utilizando datos oficiales de las Encuestas Continuas de Hogares, calcularon la diferencia entre la masa salarial generada en 2020 y 2021 para contrastarla con la que hubiera existido en un escenario sin pandemia. Para analizar el trabajo no remunerado utilizaron la misma estrategia, basándose en encuestas realizadas por ONU Mujeres: simularon las horas de trabajo no remunerado en cada mes de 2020 y 2021 y las compararon con 2019. Las economistas se mostraron esperanzadas en que este modelo de cálculo de la deuda a nivel nacional pueda servir como ejemplo para otros países de América Latina.
La mencionada investigación, titulada "La pandemia en Uruguay: ¿cuál ha sido el costo para las mujeres?", fue realizada por las economistas Verónica Amarante, Paola Azar, Jéssica Schertz y Andrea Vigorito, quienes observaron que la pérdida masiva de empleos, la distribución desigual de los recursos en los hogares, la disparidad de condiciones laborales y de autonomía, las diferencias salariales y protección social, el aumento de la mortalidad materna, la disminución del acceso a métodos anticonceptivos y el incremento de las responsabilidades en el cuidado infantil y familiar son solo algunas de las consecuencias que enfrentaron las mujeres. Todas ellas, a la vez, se imprimieron sobre desigualdades estructurales no reconocidas.
El equipo investigador explicó que, al tratarse de una crisis sanitaria, y a diferencia de otra clase de crisis, golpeó más a la población de mujeres por el tipo de actividad en las que éstas se insertan tradicionalmente, como por ejemplo las tareas de cuidados, educación o salud. Durante la pandemia se multiplicaron los tiempos de trabajo no remunerado, tarea que ya de por sí recae principalmente sobre las mujeres, y hubo que trasladar la cotidianeidad a espacios reducidos, lo que también favoreció el estrés y la ansiedad, algo más difícil de cuantificar en términos de deuda.
En el informe también se destaca que el porcentaje de la deuda correspondiente a trabajos no remunerados en los hogares ascendió al 1,9 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020. En el año 2021 la deuda disminuyó al 1,4 % del PBI pero, según señalaron las expertas, la acumulación persiste pese a la recuperación económica experimentada. El cálculo del trabajo no remunerado durante la pandemia, según destacaron, se calculó sobre un nivel que ya era elevado, ya que “no está visibilizado, no se paga, pero hace que la sociedad funcione”.
Otro dato que reveló la investigación fue que las mujeres enfrentaron entre un tercio y un cuarto de la reducción salarial total debido a la pérdida de empleo entre 2020 y 2021. Sin embargo, la carga desproporcionada de la deuda recae en ellas en términos de trabajo no remunerado, representando el 70,6 % en 2020 y el 66,3 % en 2021 de la deuda total en esta dimensión. Pero esta deuda podría ser mayor, señalaron las economistas, ya que para analizar este rubro sólo tomaron en cuenta las tareas de cuidados y domésticas en los hogares con menores de 18 años, quedando por fuera todo el cuidado de personas dependientes mayores u otra índole que no fueron relevados.
Además de la información sobre el mercado laboral y el trabajo no remunerado, el informe aborda una "dimensión política", referida al acceso de los hogares a recursos que fue cuantificada a través de las "transferencias no efectivizadas". Es decir, aquellas prestaciones que las mujeres no recibieron -montos que el Estado no desembolsó- ya que al inicio de la pandemia el Gobierno resolvió aumentar los montos de estas prestaciones, pero no extender su cobertura. Esta situación se sumó a fallas de diseño que las prestaciones venían experimentando con anterioridad a la pandemia. En este caso, se analizaron las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Según mostró el informe, las mujeres uruguayas representan el 74,6 % de la deuda total del Estado por prestaciones no efectuadas, el 67,8 % en trabajos no remunerados y el 25,6 % de la deuda laboral.
Para las expertas, existe una percepción de que el rol del Estado, mediante las transferencias, “no fue lo suficientemente activo para amortiguar las pérdidas que se gestaron durante la pandemia, lo que hubiera ayudado a amortiguar el impacto del Covid”. No obstante, valoraron que se puso en marcha el seguro de desempleo, herramienta que no estuvo presente en otros países de América Latina y que ayudó a que la deuda actual no fuera mayor.
El análisis también destaca que, atendiendo a las características socioeconómicas, las mujeres en hogares con menores ingresos fueron más afectadas por la deuda de prestaciones no efectuadas y cuidados, mientras que la deuda laboral tuvo mayor peso en hogares con ingresos más altos.
Por otro lado, calcularon el impacto que tuvo en las mujeres el llamado "Impuesto Covid", indicando que gravó a los empleos públicos y jubilaciones con sueldos superiores a 120.000 pesos nominales. Debido a las políticas por las que estuvo guiado este impuesto, gravó a un 7 % de los funcionarios con mayores ingresos y a un 30 % de la población potencialmente gravable dejando por fuera a todo el sector privado. Esta decisión hizo que se perdiera una recaudación importante que pudo haber contribuido a atenuar las pérdidas económicas. Sobre este tema, agregaron que es importante tener en cuenta que este impuesto gravó en el empleo público, un sector donde las mujeres tienen una participación importante, por lo que concentró su carga sobre éstas. “No solo hubo un impacto en la deuda que estamos calculando, sino que, desde este punto de vista, al recaudar para repartir, también se sobrerrepresentó a las mujeres injustamente”.
Al calcular la redistribución total de la deuda, y evaluando el promedio educativo de los y las integrantes de los hogares, se observó que las mujeres que sufrieron el mayor impacto tanto en transferencias no ejecutadas como en trabajo no remunerado se ubican en los hogares con niveles educativos bajos y medio bajos. En el caso de la variable mercado laboral, observaron que tuvo un impacto más significativo en las mujeres de mayor nivel educativo.
Reflexiones
A modo de conclusión, las economistas resaltaron la urgencia de abordar la deuda del Estado con las mujeres, particularmente en los contextos de mayor vulnerabilidad. En tal sentido, y basadas en una dimensión más cuantitativa en la que se indagó sobré cómo transitaron las personas la pandemia, advirtieron la necesidad de aplicar políticas específicas, focalizadas y redistributivas que atiendan las disparidades de género, desafiando los paradigmas establecidos y garantizando una distribución equitativa de la carga financiera.
Por otro lado, enfatizaron en la importancia de analizar el deterioro derivado de la pandemia, reconociendo la interacción de ésta con la situación de desigualdad preexistente. “Esta es una oportunidad para visibilizar que también las variables y fenómenos macro tienen implicancias de género”, aseguraron.
Al finalizar, el informe deja planteadas algunas temáticas que afectaron de forma directa a las mujeres, que no fueron cuantificadas en la deuda, pero que es preciso problematizar: salud física y mental, violencia de género, cambios en mortalidad, cuidado de personas mayores, dimensión territorial de efectos analizados, rol del Estado.