El narcotráfico en Uruguay y el mundo

El cultivo de coca se disparó un 35 % de 2020 a 2021, lo cual supone una cifra récord, tratándose del aumento interanual más importante desde 2016. Este fuerte aumento de la producción va de la mano con el incremento de la demanda a nivel mundial, incluso llegando a expandirse a zonas del planeta con una peligrosa potencialidad, como el caso de África occidental y Asia. Este permanente aumento de la demanda mundial de cocaína se refleja, por ejemplo, en el aumento de la superficie cultivada, creciendo un 76 % en tan solo tres años.

La “industria” de la droga ha llegado a movilizar más de 300.000 millones de dólares por año. En ese cuadro, América del Sur moviliza aproximadamente 9.500 millones de dólares al año, al tiempo que emplea a más de 25.000 personas. Se trata de la segunda o tercera actividad económica a nivel mundial, ubicándose por detrás de la industria armamentista.

A nivel mundial se han dado cambios en el tráfico de drogas, impulsados principalmente por los efectos de la pandemia y por nuevas estrategias logísticas de los grupos criminales, a raíz del recrudecimiento de medidas de control contra el narcotráfico de países europeos. De esta forma, África occidental, que era considerada área de tránsito y puerta de entrada para Europa, al día de hoy se ha transformado, además, en un mercado atractivo para el narcotráfico, tanto para colocar las drogas como para producirlas en alguna de sus versiones, evidenciando un aumento en la cantidad de población que consume este tipo de sustancias.

Uruguay en la ruta del sur

Uruguay se encuentra inserto en la región que más produce cocaína del mundo. La zona juega un rol protagónico en la producción de cocaína y en su distribución. Los cambios que se perciben a nivel global en cuanto a los mercados y las rutas de la droga también parecen expresarse a nivel regional, especialmente en Uruguay. Algo similar a lo que se señalaba anteriormente respecto a África occidental puede decirse sobre el fenómeno que se visualiza en Uruguay en los últimos años. Los mayores controles policiales realizados por las fuerzas de seguridad en la triple frontera, especialmente en Brasil, para controlar el tráfico de estupefacientes, sumado a los efectos de mayor rigurosidad en los controles fruto de la pandemia,han generado un reordenamiento de las rutas de salida de la droga. Lo que antes salía exclusivamente a través de puertos del país norteño, hoy también lo hacen desde aguas más al sur, operativa llevada a cabo por organizaciones que trabajan conjuntamente en la frontera entre Uruguay y Brasil.

Datos divulgados por el Observatorio del Narcotráfico de Chile han detectado un aumento en la exportación de cocaína hacia Europa y África occidental, utilizando a Paraguay para luego enviar la droga hacia Argentina, Uruguay y Brasil. La amplificación de la Ruta Sur tendría que ver con una evolución y readaptación de las organizaciones criminales que operan en la región. El informe del Observatorio manifiesta la existencia de marcados flujos de tráfico de drogas que fueron detectados en países latinoamericanos, principalmente en aquellos que forman parte de la cuenca del Río de la Plata.

En esta reorganización de rutas llevada a cabo por las organizaciones de narcotraficantes, Uruguay adquiere especial relevancia, teniendo en cuenta su proximidad con Brasil y la hidrovía Paraná-Paraguay, lo cual ha generado que cada cierto tiempo los puertos uruguayos reciban significativas cantidades de drogas, para luego ser transportadas hacia África occidental y Europa.

Si bien la relevancia estratégica de Uruguay no radicaría en la importancia de su mercado interno para la colocación de estupefacientes, al igual que lo ocurrido en otras partes del mundo, el mercado de las drogas ilegales en Uruguay es económicamente atractivo, siendo el tráfico de sustancias psicoactivas una de las principales actividades de las organizaciones criminales. Estas conclusiones pueden desprenderse al analizar la evolución de los delitos y el tratamiento judicial de los mismos. A su vez, puede establecerse que la demanda de sustancias psicoactivas en Uruguay ha mostrado un crecimiento constante en los últimos 20 años, siendo la cocaína y la marihuana las drogas de mayor preferencia.

Como parte de lo anterior, el espiral de la oferta de drogas en el país también evidencia una tendencia de crecimiento entre los años 2000-2016. En la región se destaca un incremento en el consumo de cocaína; Argentina y Uruguay manifiestan un consumo porcentualmente superior al de la mayoría de los países centrales en aproximadamente el 3 %.

La conexión entre grupos criminales a nivel regional ha permitido, entre otras cosas, la expansión de las actividades ilegales y la organización de importantes grupos delictivos con gran poder económico y logístico. En Uruguay ya es evidente la conexión de carteles brasileños y mexicanos con grupos criminales locales que operan tanto desde las cárceles como fuera de ellas. Esto repercute de gran manera en toda la sociedad uruguaya. Particularmente, preocupa el aumento de la violencia y los niveles de organización y poder de fuego que van adquiriendo las bandas criminales. A modo de ejemplo conviene tener presente la siguiente afirmación: el año 2018 fue especialmente violento en Uruguay; se llegó a la cifra inédita de 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cerca de la mitad de estos homicidios estuvieron vinculados al conflicto criminal y se presume que entre ellos una parte considerable se vinculó al mercado de drogas.

Respecto al poder de fuego de los grupos criminales, es notoria la presencia de armamento muy poderoso que le permite a los delincuentes defenderse frente a eventuales ataques fruto de las disputas o venganzas propias del narcotráfico, como así también defenderse o atacar a las fuerzas policiales uruguayas. El decreto 371/20, al referirse a grupos de crimen organizado y narcotráfico que operan en la región, advierte con claridad que estos poseen un poder de fuego disponible que lo sitúa, junto a otras características que se han venido analizando en el presente trabajo, dentro de las más altas prioridades de seguridad y defensa para los diferentes estados.

A modo de ejemplo, es elocuente el reporte de la operación Laser. En dicha operación se desarticuló una banda que tenía en su poder armamento de grueso calibre y en importantes cantidades. El reporte indica que se incautaron más de 3000 cartuchos de diferentes calibres, 13 armas de fuego, entre las que se destacan fusiles AR 15, 52 cargadores, granadas de mano y morteros, y un conjunto de herramientas y piezas para el montaje de más armamento.

El escenario vinculado al narcotráfico es de por sí preocupante. Pero más aún lo es cuando aparecen indicios cada vez más firmes de la penetración del narcotráfico en esferas estatales, y no precisamente en sus zonas más bajas, sino con funcionarios de media y alta responsabilidad. El caso de Marset o la fuga de Morabito sirven para dimensionar la complejidad señalada y, de algún modo, palpar fehacientemente una amenaza creciente que requiere de la máxima atención para neutralizarla y evitar su avance. Cabe recordar que Fiscalía se encuentra investigando la pérdida de uno de los audios de la declaración de Sebastián Marset, cuando se analizaba su participación en un homicidio ocurrido en 2018. Otro caso que al menos ha llamado la atención es el del empresario Mutio, procesado en 2023 por la Justicia. El empresario fue acusado de traficar 4 toneladas y media de cocaína a Europa y condenado a prisión por 15 años. Sin embargo, a mediados del año 2022, Mutio había sido absuelto por la Justicia de crimen organizado por falta de pruebas.