El gobierno avanza en una transformación estructural de la política habitacional del país. A través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), se elabora el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat (PQV) 2025–2029, que marcará las prioridades en la materia para los próximos cinco años, con el foco puesto en ampliar el acceso a la vivienda adecuada como derecho humano y no como mercancía.
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Entre los principales objetivos, se destaca la decisión de facilitar el acceso al crédito hipotecario para familias de sectores medios que hoy no califican como sujetos de crédito en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), así como la puesta en marcha de una política nacional de alquileres con perspectiva social.
Crédito para quienes hoy están fuera del sistema
Uno de los ejes centrales será el programa Primera Vivienda, que busca incluir a sectores de ingresos medios y medios bajos, especialmente jóvenes, que tienen ingresos regulares pero no cumplen con las exigencias del sistema financiero tradicional.
Para ellos se diseñarán mecanismos que combinen crédito hipotecario, subsidios directos y garantías públicas, reduciendo así las barreras de entrada al mercado formal. Se prevé:
• Disminuir los requerimientos de ahorro previo.
• Reducir el riesgo para las instituciones financieras mediante garantías estatales.
• Adecuar los plazos y condiciones a las trayectorias reales de los hogares.
Asimismo, se fortalecerán las líneas de crédito para compra y refacción de vivienda usada en zonas con infraestructura, promoviendo la revitalización de áreas urbanas ya consolidadas.
Alquiler social: un nuevo paradigma habitacional
Otra de las prioridades será la creación de una política nacional de alquileres, con una batería de medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda digna para familias que no pueden acceder al crédito hipotecario. Bajo el concepto de alquiler social, se diseñará un sistema mixto de gestión público-privado, que incluirá:
• Un parque de viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler a precios accesibles.
• Incentivos a propietarios privados para alquilar sus inmuebles bajo este régimen.
• Llamados a propietarios interesados en construir nuevas unidades en convenio con el Estado.
• Subsidios parciales de alquiler que cubran la diferencia entre el costo del arrendamiento y la capacidad de pago del hogar.
• Aplicación del Fondo de Garantía de Alquileres para garantizar acceso y permanencia.
El programa comenzará con una experiencia piloto para luego escalarlo como política pública nacional.
Más inversión y atención a la emergencia
El gobierno se compromete a duplicar los recursos para vivienda en el próximo período, priorizando soluciones habitacionales para personas en situación de calle, víctimas de violencia doméstica, jóvenes egresados del INAU y personas que están saliendo del sistema carcelario.
También se proyectan medidas como:
• Apoyo a cooperativas de vivienda, incluyendo agilización de procesos y exoneraciones impositivas.
• Fortalecimiento de las carteras de tierras para proyectos habitacionales con servicios básicos.
• Proyectos de vivienda para adultos mayores que favorezcan la vida autónoma.
El nuevo enfoque del gobierno busca consolidar un sistema habitacional más inclusivo, adaptado a las realidades sociales, económicas y familiares del Uruguay actual. El PQV 2025–2029 será presentado junto al Presupuesto Nacional, conforme a la Ley Nacional de Vivienda N.º 13.728, y se perfila como una hoja de ruta ambiciosa para garantizar el derecho a la vivienda con justicia social y sostenibilidad.
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