La coalición de gobierno se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual (n° 19.307), conocida como "ley de medios", vigente en el país desde 2014. En 2020 ingresó al Parlamento un proyecto de modificación de la normativa actual, que rescataba cerca de 80 artículos de 202. La iniciativa generó desacuerdos dentro de los partidos del oficialismo y hasta ahora no prosperó.
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Sin embargo, el tema no quedó en el olvido. El Poder Ejecutivo incluyó en la Rendición de Cuentas artículos que, de aprobarse, derogarían la normativa actual, rescatarían cuatro artículos de 202 (uno inconstitucional) y volverían vigente una ley de la dictadura, la n° 14.670.
Gustavo Gómez, investigador y consultor, director ejecutivo de OBSERVACOM, dialogó con Caras y Caretas sobre esta nueva propuesta y los efectos en derechos como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
¿Qué análisis general se puede hacer de estos cambios?
Se trata de una decisión apresurada, excesiva, producto de que no han logrado acuerdos internos dentro de la coalición para modificar la norma más que de una decisión consciente y meditada. En esas circunstancias cualquiera tiene el riesgo de cometer errores y llevarse cosas puestas, cosas que el gobierno defiende como los medios públicos como servicio descentralizado. Al derogar la ley los medios públicos van a quedar siendo dependientes directamente del ministro como unidades ejecutoras. Le preguntás a un Gerardo Sotelo y no creo que esté de acuerdo. Hay algunos legisladores que ya venían defendiendo la necesidad de mantener derechos adquiridos aún en la propuesta de modificación de la norma, por ejemplo el derecho de niñez o el de los periodistas, que van a ser eliminados de un tajo si se aprueba la derogación total. Es una medida que significa un gran retroceso en materia de derechos, transparencia, garantías para la diversidad y el pluralismo y además tiene serios problemas de sostenerse en votos dentro de la propia coalición. El agregado extra es el artículo donde restablecen leyes de la dictadura, es un mamarracho. Desde el punto de vista simbólico ya es un impacto muy fuerte pero desde el punto de vista literal es violatorio de estándares básicos de libertad de expresión. Se exponen a una protesta internacional por lo que significaría un retroceso de ese nivel en el que medios de comunicación podrían ser cerrados por un gobierno por arbitrariedades como violar las buenas costumbres o afectar el prestigio de la república, conceptos claramente de ánimo fascista que no deberían estar vigentes, como no lo están gracias a la ley de medios.
¿No sería inconstitucional una ley de esas características?
Sería recurrible y creo que tendría una sentencia en contra. Fijate las críticas que hubo con la ley actual porque violaba la libertad de expresión, comparado con esto era un bebé de pecho. Estas cosas de la dictadura no van a superar el test de constitucionalidad. Expone al gobierno, que está muy sensible por indicadores internacionales y rankings de organizaciones de libertad de expresión; esto va a tener un impacto aún mayor que esas reacciones iniciales, siempre que se apruebe, pero creo aun que sin aprobarse va a haber críticas muy fuertes haciéndole llegar al gobierno claras opiniones que así como está no puede ser aprobado.
El proyecto implica restituir cuatro artículos de la ley vigente, uno fue declarado inconstitucional
Están con un discurso fuertísimo de que hay que derogar la ley por inconstitucionalidades, eliminan 202 artículos y reinsertan cuatro que son los de los derechos de interés general y los de accesibilidad, copian y pegan y uno de artículos los que ponen lo ponen con inconstitucionalidades, los mismos que cuestionan la inconstitucionalidad. El último párrafo del artículo de eventos de interés general tiene diez sentencias en contra, técnicamente es una vergüenza.
Además la restitución de la normativa del 77 va en sentido contrario al discurso que han sostenido de que es necesario flexibilizar la ley de medios
Muestra la contradicción del discurso, realmente no les importa la libertad de expresión si llegan a poner una cosa de la dictadura. La ley de medios era muy reglamentarista en ese aspecto, pero no por excesiva, sino por garantista. Cuanto más preciso seas con qué se puede decir y qué no decir, más garantías para los dueños de los medios y para los periodistas porque tienen las reglas más claras de cuánto es lo que podes hacer que no signifique una violación a los derechos de los niños por ejemplo. Son reglas que permiten una mejor capacidad de decisión como periodista en la cobertura de temas de interés público. Pero decir una cosa tan amplia como que no podés violar la moral y las buenas costumbres, ¿qué quiere decir eso? Es de una generalidad y amplitud, porque buenas costumbres para vos es una cosa y para mí es otra. Eso en manos de un gobierno es una mordaza. ¿Qué significa afectar el prestigio de una república? ¿Si hago una crítica al gobierno porque entiendo que los precios de los combustibles están altos y a alguno se le ocurre decir que eso desprestigia a la república? Haya intención o no de aplicarlo, esos marcos legales per sé violan la libertad de expresión.
Darle al Poder Ejecutivo tanto poder directo sobre los medios, ¿es un atentado contra la libertad de expresión, se aplique o no?
Es un riesgo enorme, por eso las recomendaciones internacionales en materia de libertad de expresión dicen que la regulación debe existir para proteger derechos y tiene que ser muy clara, muy precisa para evitar arbitrariedades. La tiene que aplicar un organismo independiente, la justicia o un organismo regulador que dé garantía de autonomía e independencia, que no sea una decisión del gobierno. Esto es todo lo contrario. Un gobierno tomando decisiones que pueden cerrar un medio de comunicación por disposiciones muy vagas, contrarias al derecho de libertad de expresión sin ninguna garantía como hasta ahora la ley de medios. La ley de medios actual de las cosas buenas que tiene es que cuando se trata de una eventual restricción a la libertad de expresión para proteger un derecho, como siempre en la aplicación hay un nivel de interpretación importante, no es el gobierno el que aplica la sanción, es la justicia; no ha habido norma en el país mas garantista. Volver a la ley de la dictadura y darle la potestad a un gobierno de cerrar medios de comunicación es en sí mismo un problema para la libertad de expresión.
Parte del articulado le da potestades a la URSEC para ordenar a redes sociales y telefónicas que eliminen contenidos de sus plataformas, sin que medie una orden judicial. Has sido crítico con esto en tus redes.
Hay un problema de fondo y problema de forma. El de fondo es la lógica que más o menos está en línea con lo que hablamos, darle al gobierno y a sus organismos gubernamentales capacidad de tomar decisiones que pueden afectar el derecho a la libertad de expresión, en este caso en internet. Empoderar a la URSEC, que es un organismo gubernamental cuyos directores son elegidos por el Poder Ejecutivo, es parte de una política que el gobierno ha impulsado. Empezó con poder ordenar el bloqueo de sitios de apuestas ilegales sin pasar por orden judicial previa, ahora lo quieren extender a transmisiones deportivas con el mismo fundamento y mecanismo. La URSEC sin orden judicial previa, sin debido proceso, puede indicarle a los intermediarios de internet o empresas telefónicas bloquear transmisiones deportivas. El problema es que dieron un salto porque era apuestas ilegales, Roja Directa, pero ahora abren a cualquier contenido audiovisual en internet. Puede ser una publicación en Facebook. Ya no es un sitio profesional que ofrece apuesta ilegales o un sitio especializado que te pasa permanentemente todos los partidos, una persona sola puede ser acusada. Cualquiera podría ir hoy a la justicia y denunciarme a mí que estaba atrás del arco donde pateó Cavani el penal contra Panamá y que lo transmití en mi cuenta personal y denunciarme porque no tengo los derechos de transmisión. Cuando estamos llegando a ese nivel las garantías mayores las da la justicia. Es legítimo discutirlo y ahí está el tema de forma, estas discusiones no se pueden meter en una ley ómnibus como esta con tiempos de 45 días más 45 días. Hay una cuestión de cómo discutir temas tan complejos que pueden afectar derechos fundamentales que necesitan que participen todos los actores interesados, tiempo, evidencia, miradas técnicas. Este no es el espacio para discutir estas cosas que pueden afectar derechos en internet. No es un rechazo per sé a que las autoridades administrativas bajen contenido, pero si vamos a discutir vamos a discutirlo bien. Dame tiempo para plantearte los riesgos que eso tiene. El artículo 214 del proyecto de ley dice que sería cualquier autoridad administrativa y sobre cualquier contenido, ni siquiera dice que es contenido ilegal, está escrito de manera tan amplia. Con esos artículos está molesta la gente de la telefonía, Antel y las privadas, y también las empresas de internet. Se llevan puesta a tanta gente e intereses distintos que para mí le erraron.
El gobierno ha negado que la libertad de expresión y de prensa se hayan deteriorado en el país, a pesar de informes que así lo señalan. ¿Están amenazadas esas libertades en Uruguay?
Hay ataques a la libertad de prensa en Uruguay por dirigentes políticos de primer nivel del partido de gobierno, no hay duda. Hay registros evidentes, comprobables y no admiten dos lecturas. Acepto que puede haber interpretaciones sobre el nivel de gravedad del retroceso o deterioro, puede haber distintas percepciones, pero los hechos son reales, están confirmados y hay suficiente evidencia para decir que existen situaciones donde periodistas fueron estigmatizados y amenazados, y de manera sistemática por algunas personas con mucho poder político en el país.