La víctima denunció que era obligada a realizar tareas de limpieza, sufría malos tratos y estaba sometida a una situación de explotación dentro del establecimiento.
Préstamos y dinero retenido
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la investigación también reveló que la mujer habría sido obligada a gestionar préstamos, cuyo dinero quedaba en manos de la propietaria del residencial.
Además, según la denuncia, la responsable del lugar retenía su pensión y su tarjeta de crédito, lo que agravó la situación detectada por las autoridades.
Allanamiento y más denuncias
Tras reunir elementos, la Policía realizó un allanamiento en el alojamiento, donde constató la presencia de al menos 29 personas alojadas.
Durante el procedimiento, otros residentes también denunciaron presuntos maltratos y condiciones sanitarias precarias, lo que reforzó las sospechas sobre el funcionamiento del lugar.
Los delitos por los que fue imputada
Finalmente, la propietaria del residencial fue imputada como presunta autora de múltiples delitos, entre ellos:
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delito continuado de violencia privada
lesiones graves
dos delitos de omisión de asistencia
desacato
reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces
abandono de personas incapaces
La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.
Intervención para proteger a los residentes
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó además la intervención del Juzgado de Familia Especializado para resolver la situación de los residentes que permanecían en el establecimiento.
También se dispuso la actuación de la Unidad de Víctimas y Testigos, con el objetivo de brindar atención, asistencia y cuidados a las personas afectadas.
