La clase obrera denunció acumulación de la riqueza

136 años después, sorprende la vigencia de esta expresión de indomeñable rebeldía, en un país como Uruguay, donde, mientras 350.000 personas siguen sobreviviendo bajo la línea de pobreza -42.000 más que en 2019-, una oligarquía parásita amorrala 28.200 millones de dólares en el sistema financiero, 10.000 millones de dólares más que hace tres años.

Hablando en la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, que evoca a los emblemáticos Mártires de Chicago, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, definió contundentemente al capitalismo concentrador que rige en nuestro país, como “una bomba de succión”, que trasfiere la riqueza de abajo hacia arriba, de los trabajadores a la casta rentista privilegiada.

Durante el encuentro, los trabajadores organizados, que recordaron los 40 años del primer acto de masas del 1º de mayo de 1983 durante la dictadura y los 50 años de la heroica huelga general contra el golpe de Estado, fustigaron las políticas hambreadoras del gobierno multicolor, que se tradujeron en rebaja salarial y de jubilaciones -que mantienen una pérdida del poder de compra del 3,7%-, el aumento de la pobreza, los sueldos sumergidos- más de 540.000 trabajadores perciben menos de 25.000 pesos- la precarización del empleo, la pobreza y las miles de personas que se encuentran en situación de calle.

Los tres oradores, el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE),

Martín Pereira, la sindicalista de Fuecys Abigail Puig y el Presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, homenajearon a los participantes del acto del 1º de mayo de 1983, en la persona del sindicalista de la bebida Richard Read y de su colega bancario Juan Pedro Ciganda.

La convocatoria, que reafirmó la unidad del movimiento obrero y su inclaudicable vocación combativa contra el inicuo modelo concentrador, tomó las banderas de la mejor estirpe del sindicalismo policlasista uruguayo, representado en los fundadores del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) -creado para sustituir el vacío dejado por la ilegalizada Convención Nacional de Trabajadores (CNT)- y de los héroes que, hace medio siglo, paralizaron el país, ocupando sus lugares de trabajo, en defensa de las instituciones arrasadas por una dictadura liberticida digitada por el imperialismo norteamericano e instaurada por los cipayos vernáculos.

Cuando uno lee la extensa proclama que presidió el 1º de mayo de 1983, sorprenden las coincidencias entre la situación de aquel entonces y la actual coyuntura que afronta el país.

No en vano, la dictadura, además de ser una estructura autocrática, también era un proyecto económico y social, que afianzó el statu quo neoliberal implantado a fines de la década del cincuenta y comienzos de la del sesenta por dos gobiernos del Partido Nacional, continuado por el régimen autoritario del colorado Jorge Pacheco Areco, por cuatro gobiernos de los partidos tradicionales en la posdictadura y por la actual administración derechista encabezada por Luis Lacalle Pou.

Más allá de los avances en materia de derechos registrados durante el ciclo progresista -parte de los cuales fueron revertidos en los últimos tres años- hay una suerte de continuidad histórica en la profundización de un paradigma injusto y regresivo, pautado por este gobierno de coalición, que incumplió sus promesas electorales y privilegió a la clase dominante.

No en vano, a la grosera acumulación de riqueza en manos de una minoría -con una transferencia de abajo hacia arriba estimada en 1.000 millones de dólares- se sumó un ahorro de 900 millones de dólares en plena crisis, la no cobertura de 3.000 vacantes en el Estado y la caída en la inversión estatal, que, por ejemplo, dejó a OSE sin recursos para afrontar las devastadoras consecuencias de la sequía.

Obviamente, contra esas políticas predadoras se alza el movimiento sindical, pero también el estudiantil no solo nucleado en la Federación de Estudiantes Universitarios, sino también en los alumnos liceales, que resisten la prepotencia del gobierno que sumarió al director del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo. Hoy, como ayer, se escuchó la desafiante proclama “obreros y estudiantes unidos y adelante”.

Uno de los temas más recurrentes del acto fue la reforma del sistema jubilatorio aprobada por el oficialismo, que condenará a los uruguayos a trabajar más años por pasividades más bajas y desprotegerá a las viudas y a los discapacitados, entre otras graves consecuencias. Para el movimiento obrero, esta ley es una suerte de “ajuste fiscal encubierto”, como antes lo fue la rebaja de los ingresos de la mayoría de la población y el aumento subrepticio de impuestos, consagrado en la reducción de 2% de las compras por medios electrónicos y el cambio en la base de cálculo para quienes tributan el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

En tal sentido, los sindicalistas criticaron ácidamente al impresentable contubernio que nos gobierna, que negoció modificaciones en la norma a cambio de la prisión domiciliaria para los criminales de la dictadura recluidos en el penal de Domingo Arena, que era insistentemente reclamada por el partido ultraderechista Cabildo Abierto.

Obviamente, no estuvo ausente el tema de la corrupción enquistada en la cúpula gubernamental y la seguridad pública, que volvió a ser una de las principales preocupaciones de los uruguayos, por el estrepitoso fracaso de un gobierno que prometió soluciones y, como en otros tantos casos, no cumplió. No en vano, 2022 marcó un récord en la tasa de homicidios y en el primer trimestre de este año aumentaron también las rapiñas.

Los discursos pusieron particular énfasis en la dicotomía entre el crecimiento macroeconómico, que promedió el 3% en tres años y marcó un techo del 4,9% en 2022, y la situación de vastos sectores de la población, que siguen alimentándose en las ollas populares y los comedores del INDA, mientras más de 5.000 compatriotas duermen a la intemperie.

En ese contexto, el movimiento sindical fustigó el descomunal aumento de la desigualdad, la ausencia de medidas gubernamentales redistributivas y el intento de reglamentar la actividad gremial, descalificando el demagógico discurso de la derecha, que sigue sosteniendo una teoría del derrame que es una mera falacia pergeñada en el laboratorio del neoliberalismo más ortodoxo y regresivo.

La central obrera, que representa a toda la clase trabajadora incluyendo a aquellos empleados que no están sindicalizados, se puso nuevamente de pie para enfrentar a un gobierno que ha hecho de la corrupción, la pérdida de derechos y las prebendas a sus socios oligarcas una suerte de dogma de fe.

Como hace más de un siglo -cuando nacieron los primeros sindicatos de matriz anarquista- la clase obrera sigue siendo la vanguardia de la lucha popular por una sociedad más justa y solidaria sin explotados ni explotadores y por el cumplimiento de la proclama artiguista que reclamó “que los más infelices sean los más privilegiados”.