Durante décadas hemos avanzado en leyes, en políticas públicas y en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, esos avances conviven todavía con una cultura patriarcal que se resiste a desaparecer. Una cultura que banaliza el agravio, ridiculiza la dignidad de las mujeres y convierte la violencia verbal en entretenimiento.
Después nos estremecen las cifras de violencia basada en género y de femicidios. Pero debemos comprender que esas tragedias no aparecen de un día para otro. Antes hubo burlas normalizadas, insultos celebrados, humillaciones públicas, silencios cómplices y una sociedad que demasiadas veces miró hacia otro lado.
Por eso es imprescindible dejar de minimizar estas conductas. La violencia simbólica también produce daño. También vulnera derechos. Y según las circunstancias concretas de cada caso, determinadas expresiones públicas pueden incluso dar lugar a responsabilidades jurídicas, civiles, administrativas o penales cuando lesionan derechos protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Ese debate debe darse con seriedad, porque la libertad de expresión nunca puede transformarse en una licencia para ejercer violencia o promover discursos degradantes contra las mujeres. La responsabilidad no alcanza únicamente a quien pronuncia las palabras.
También interpela a los medios de comunicación, a quienes producen contenidos, a las plataformas digitales, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales y al Estado. Todos y todas tenemos un papel en la construcción de una cultura democrática basada en el respeto y la igualdad.
Como sociedad debemos preguntarnos qué estamos enseñando a nuestras niñas y niños cuando estas situaciones se vuelven virales. ¿Queremos que las nuevas generaciones crean que humillar a una mujer es divertido? ¿Queremos seguir reproduciendo un modelo de masculinidad basado en la agresión, la dominación y el desprecio? Estoy convencida de que la inmensa mayoría de la ciudadanía responde que no.
Necesitamos un cambio cultural profundo. Un cambio que no dependaúnicamente de las sanciones, aunque cuando correspondan deben aplicarse.
También necesitamos educación en derechos humanos, igualdad de género y convivencia democrática desde la primera infancia. Necesitamos medios responsables, liderazgos comprometidos y una ciudadanía que no naturalice ninguna forma de violencia.
Así como la sociedad ha comprendido que el racismo no puede justificarse como una opinión, también debe comprender que la misoginia y la violencia contra las mujeres no son aceptables bajo ningún pretexto. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero jamás puede utilizarse para legitimar discursos que promuevan la discriminación o la degradación de la dignidad humana.
Quiero reconocer a las mujeres que denuncian estas situaciones, aun cuando muchas veces deban soportar la revictimización y el descrédito. Y también a los hombres que entienden que esta lucha no es contra ellos, sino contra una cultura de violencia que limita la libertad de toda la sociedad.
La indiferencia siempre termina siendo aliada de los abusadores. Por eso debemos hablar, denunciar, educar y actuar.
Desde el lugar que ocupemos -en una familia, en un aula, en un medio decomunicación, en una organización social o en el Parlamento- podemos contribuir a construir ciudadanía, igualdad y respeto.
No se trata solamente de defender a las mujeres. Se trata de defender la democracia, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
Ese es el Uruguay que vale la pena construir: un país libre de patriarcado, de racismo y de toda forma de violencia. Un país donde ninguna mujer tenga que soportar humillaciones para ejercer su profesión o simplemente para vivir en libertad. Porque el cambio cultural ya no puede esperar.
Mae Susana Andrade
Senadora de la República
