Nueva ofensiva autoritaria en la educación pública

La medida, que es radicalmente represiva, intimidatoria y por supuesto autoritaria, se inscribe en una larga secuencia de ataques a la educación pública, que comenzó con la inconstitucional eliminación de los Consejos de Educación -previstos en el artículo 202 de nuestra Carta Magna- y de los representantes docentes en los organismos de conducción, determinada por la Ley de Urgente Consideración. La nueva estructura horada la autonomía en todos los niveles.

Naturalmente, para lograr el objetivo de subordinar al sistema educativo a los dictados del Poder Ejecutivo, en todos los cargos ejecutivos de la ANEP fueron designadas personas funcionales a la tan mentada transformación educativa, que es realmente un mamarracho copiado de otros países que no se adecua a la realidad ni a las necesidades de la sociedad uruguaya.

Por supuesto, el segundo gran golpe fue la sanción de un presupuesto que le amputó a la enseñanza nada menos que 130 millones de dólares, lo cual se tradujo en supresión de cargos y horas docentes y pérdida de fuentes de trabajo.

Obviamente, a raíz de esta situación los alumnos por aula, que en los gobiernos anteriores habían bajado a 27, hoy superan los 40, con todas las dificultades que ello conlleva para el vínculo entre el estudiante y el educador y los aprendizajes.

Aunque en la rendición de cuentas del año pasado se otorgaron 45 millones de dólares adicionales a la ANEP, esos recursos están lejos de la quita que aplicó el oficialismo en el Parlamento nacional.

Sin embargo, los embates contra la educación no se redujeron meramente a lo presupuestal, sino a una conducción vertical y nada participativa, que castiga a los docentes.

Al respecto, cabe recordar el sumario aplicado a 15 profesores liceales de San José por haber incurrido, según las autoridades, en violación de la laicidad, al pronunciarse contra el proyecto de reforma constitucional “Vivir sin miedo” promovido por el fallecido ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga. La denuncia, que databa inicialmente de 2019, cuando este gobierno aún no estaba en funciones, fue desarchivada en 2020.

Es claro que los docentes no incurrieron en ningún acto ilegal, porque no emitieron proclamas de contenido político partidario. Sin embargo, la directora general de Secundaria, la colorada Jennifer Cherro, optó sin pruritos por la vía punitiva.

Empero, posteriormente la jerarca dispuso la prohibición del uso de tapabocas en los liceos con inscripciones contrarias a la LUC, en lo que fue un nuevo atentado a la libertad de expresión de este gobierno autoritario y represivo.

Incluso, es ineludible recordar un episodio similar acaecido en el liceo 3 Dámaso Antonio Larrañaga, cuando el presidente del Codicen, Robert Silva, ordenó borrar una inscripción estudiantil que cuestionaba los recortes al presupuesto educativo, registrada en la acera de acceso al centro. Obviamente, la medida también fue ilegal porque la proclama estudiantil estaba escrita en la vía pública y no en la escalera de acceso o en las paredes del edificio.

Por supuesto, la denuncia penal presentada por el oficialismo contra miembros de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria por el supuesto “uso indebido” de las licencias gremiales también constituye otro atropello, contra el cuerpo docente, de legisladores que gozan de total impunidad para cobrar sin trabajar.

El sumario con separación del cargo al director del IAVA, que generó la ocupación del local liceal por parte de los estudiantes y un paro docente, constituye otra expresión de autoritarismo y de falta de diálogo que contamina el vínculo entre las jerarquías de la ANEP, los educadores y los alumnos.

La medida incluso contradice el discurso teórico de las autoridades, que en su tan promocionada reforma reivindican la autonomía de los centros y la centralidad del estudiante.

Más allá del origen del conflicto, es claro que el director sumariado actuó con la sensibilidad necesaria y priorizó el buen vínculo con el colectivo estudiantil, en un liceo aluvional y de matrícula multitudinaria, que presenta problemas que es indispensable atender con una actitud más abierta y menos intransigente.

No en vano, en 2022 se suicidó un estudiante y este año hubo un intento de autoeliminación, un contexto complejo que requiere un talante ponderado y negociador, que siempre estuvo ausente en el talante de las autoridades de la ANEP.

El director sancionado es un educador de vasta experiencia que ya desempeñó la misma función en otros tres liceos, por lo cual su idoneidad en materia de gestión no está en tela de juicio.

En cambio, lo que sí está en cuestión es la idoneidad de las jerarquías educativas, que en lugar de privilegiar el diálogo han optado por la represión y la intransigencia.

Insólitamente, en la carátula del sumario aplicado al educador se alega que asumió una actitud de “insubordinación”, lo cual parangona al sistema educativo con la misma disciplina que puede imperar en un cuartel o en una comisaría.

Esta expresión, que tiene un fuerte tufillo a dictadura, remite a la Ley 14.101, de enero de 1973, engendrada por el expresidente Julio María Sanguinetti, que por entonces se desempeñaba como ministro de Educación y Cultura durante el breve período legal del dictador Juan María Bordaberry. Esta norma, que eliminó la autonomía de los entes educativos y los subordinó a un órgano rector denominado Consejo Nacional de Educación (Conae), permitió, durante el gobierno dictatorial, la persecución y destitución de miles de educadores.

Empero, la disposición -al igual que el resto de la ley- fue derogada en la posdictadura. Es decir, que la sanción al jerarca liceal, además de improcedente, es jurídicamente ilegal, como antes lo fue la eliminación de los Consejos de Educación incluida en la LUC, que es groseramente inconstitucional.

La ofensiva de la derecha más recalcitrante contra le educación pública -a la cual los más reaccionarios consideran un “nido de bolches y tupas”- comenzó ya en la década del 50 del siglo pasado.

La represión fue elevando los decibeles durante los años 60, con la asunción, en 1968, del prepotente mandatario colorado Jorge Pacheco Areco, quien gobernó durante todo su período con medidas prontas de seguridad, que arrasaron todas las libertades públicas. En ese contexto, abundaron la represión, los encarcelamientos ilegales y la rígida censura de prensa. Obviamente, lo más trágico de este oscuro período de nuestra historia fue el asesinato, por parte de la Policía, de los tres mártires estudiantiles: Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos.

Evidentemente, este gobierno alberga en su seno la misma genética autoritaria y liberticida de los déspotas del pasado.