Desmayos, malestar y diferentes manifestaciones físicas en adolescentes fueron las señales que encendieron la alerta de educadores y referentes territoriales de los barrios de Bella Italia y Punta de Rieles, hace un año atrás. Sospecharon que tales episodios clínicos estaban vinculados al hambre y no se equivocaron: casi un 40% (39,7%) de los hogares en los que viven adolescentes tienen inseguridad alimentaria moderada, y un 12% grave. Así lo evidenció el resultado de un estudio reciente realizado por la Universidad de la República (Udelar), que también recomienda la intervención del Estado.
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En diálogo con Caras y Caretas, Florencia Ceriani, profesora adjunta de la Escuela de Nutrición e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la institución, contó los antecedentes que motivaron la realización del estudio. “El proyecto surgió a raíz de que educadores y referentes de la zona le plantearon al equipo del Programa Integral Metropolitano (PIM) una gran preocupación por estudiantes de enseñanza media que manifestaban tener hambre o sufrir algún cuadro vinculado a la mala nutrición. Es así que el PIM convocó a la Universidad de la República (Udelar) y se conformó un grupo de trabajo integrado por la Escuela de Nutrición, puntualmente el Observatorio del Derecho de Alimentación; la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y la Facultad de Ciencias Sociales. El proyecto, que combina un abordaje cuantitativo y otro cualitativo, se planteó como objetivo obtener datos certeros sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional en los hogares de Bella Italia y Punta Rieles en los que vive al menos un adolescente de entre 12 y 17 años”.
Con respecto a la metodología de la investigación, Ceriani contó que el trabajo de campo se realizó entre agosto del 2022 y febrero del 2023, y que se utilizó una muestra representativa de los hogares ubicados en los barrios estudiados. “Visitamos domicilios preguntando si había adolescentes de la franja de edad sondeada y, si el adulto responsable accedía a brindarnos información, se firmaba un consentimiento. Luego les hacíamos determinadas preguntas para conocer la situación de seguridad alimentaria, así como el estado nutricional de estos jóvenes y las características sociodemográficas generales”.
¿Qué implica la inseguridad alimentaria?
Entre los principales hallazgos de esta investigación, enfatizó la experta, se comprobó que en un 39,7% de los hogares estudiados presentaba inseguridad alimentaria moderada o grave, siendo la moderada un 27,3 % y la grave un 12%.
Consultada sobre lo que implica padecer inseguridad alimentaria, Ceriani explicó: “Es cuando las personas no pueden acceder regularmente a los alimentos suficientes, que sean inocuos y nutritivos, para poder desarrollar una vida activa y saludable”. Con respecto a cómo se mide esta variable, contó que en la investigación utilizaron la escala de experiencia de inseguridad alimentaria que también utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Es una escala de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación] que, por medio de determinadas preguntas, determina si tal hogar presenta o no seguridad alimentaria”.
La experta explicó que existen diferentes niveles de inseguridad alimentaria. Esta puede ser leve, que significa que el hogar tiene una incertidumbre sobre la capacidad de obtener alimentos; o moderada, cuando debido a la falta de recursos se pone en riesgo la calidad o la cantidad de alimentos que se consumen, lo que puede conducir a que la persona, ocasionalmente, se saltee alguna de las comidas diarias. En el extremo, existe inseguridad alimentaria grave, cuando las familias se quedan sin alimentos o alguno de los integrantes del hogar pasa sin comer durante uno o más días. También se pudo comprobar que el grado de inseguridad alimentaria se incrementaba en los hogares con más integrantes.
El informe, además, indagó sobre cómo se alimentaban los adolescentes encuestados, qué tipo de alimentos consumían y con qué frecuencia, ya que hay alimentos necesarios durante las etapas de crecimiento, según las propias recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Los resultados revelaron que un 75% de los adolescentes tenían un consumo frecuente de alimentos como cereales o tubérculos, como por ejemplo arroz, fideos, papa o boñato. Estos alimentos, explicó la especialista, “brindan una saciedad alta, son ricos en hidratos de carbono, de bajo costo y rendidores”. Además, un 34,6% manifestó un consumo diario de productos ultraprocesados -que son ricos en azúcar, sal y grasa-, mientras declararon un consumo poco frecuente de carnes de cualquier tipo, lácteos y frutas y verduras, que justamente se deberían consumir a diario”. Carnes, por ejemplo, solo un 39,6% de los adolescentes declaró consumir de forma diaria, el 6% una vez por semana y un 1,5% dijo no consumir.
Otro de los aspectos que se evaluaron en la investigación refiere a la valoración antropométrica de la población encuestada; es decir, la relación entre el peso y la estatura, lo cual, según explica el informe, es un indicador preciso de la alimentación pasada y presente, así como del estado nutricional. “En este caso, se observó que un 5,4% de los adolescentes tenían una estatura baja para la edad. Esta condición, si bien no es una relación de causa y efecto, puede estar correlacionada, de acuerdo a la teoría, con una historia de desnutrición en su infancia. Por otra parte, un 28,2 % de estos jóvenes presentaba algún grado de exceso de peso corporal para su estatura, sobrepeso u obesidad. Aquí se puede observar cómo coexisten la alimentación poco nutritiva, el exceso de peso corporal y una talla afectada por alguna historia de desnutrición en la primera infancia”.
Para la nutricionista, estos datos sobre inseguridad alimentaria “no deberían llamar mucho la atención” porque “están sobre la mesa desde hace tiempo”. Y recordó:
“El informe que presentó el INE en octubre del 2022, muestra que en Uruguay la inseguridad alimentaria general se ubica en un 15%, pero al analizarla por el primer quintil de ingresos, las cifras trepan a un 42,8%, asemejándose a las de nuestro informe. Claramente, en el Municipio F, que es donde se ubican los barrios estudiados, el nivel socioeconómico es mayoritariamente bajo. De hecho, en este estudio se constató que más del 70% de las familias con inseguridad alimentaria presentan un nivel socioeconómico bajo. Es decir, son datos que ya se conocen desde octubre del 2022, solo que ahora nuestro equipo puso la lupa en estos barrios”.
Una historia repetida
La fase cualitativa de la investigación se enfocó en conocer aspectos como las características de los alimentos consumidos, las fuentes o estrategias para obtenerlos y la organización familiar y doméstica para la preparación, distribución y consumo de los alimentos. Para ello se realizaron entrevistas en profundidad con adultos referentes de los hogares en los que vivía algún adolescente, y que habían sido visitados durante la etapa cuantitativa. Esta instancia también aportó datos relevantes, como la recurrencia del hambre. “Pudimos constatar que la inseguridad alimentaria es una historia que se viene repitiendo a lo largo del tiempo. Es una experiencia vivida en otras oportunidades por estos adultos referentes, quienes relataban que cuando eran niños también experimentaron la escasez de alimentos o la incertidumbre por el acceso a la alimentación”, señaló Ceriani.
Un factor común entre la mayoría de las familias encuestadas tiene que ver con las estrategias para afrontar el hambre. “Como respuesta a la situación de inseguridad alimentaria, estas personas combinan diferentes apoyos como las transferencias económicas estatales, asignaciones familiares, comedores públicos o la asistencia a ollas y merenderos populares. También la comercialización de objetos para obtener dinero, la recolección de desechos para el consumo y, en algunos casos, se observó la autoproducción de alimentos como forma de sustentarse o de acceder a determinados grupos de alimentos”.
Desde este abordaje cualitativo, también se pudo comprobar que, en contextos de escasez, señaló la experta, como norma general, los más chicos del hogar tienen la prioridad en cuanto al consumo de alimentos, en el entendido de que están en etapa de desarrollo. “Esto genera que los adolescentes sean tomados, de alguna manera, como adultos, quedando postergados al momento del reparto de recursos. En Uruguay, esta situación se refleja en el programa de alimentación escolar de ANEP, que brinda una alimentación balanceada y adecuada y supervisada por nutricionistas. Pero cuando este niño termina sexto de escuela y pasa a séptimo pierde este derecho. Actualmente, no hay un programa de alimentación destinado a liceales. Se produce un corte brusco cuando en la adolescencia, etapa del estirón puberal, los requerimientos nutricionales también están muy elevados. Si bien un 29% de estos jóvenes confirmó usufructuar el beneficio del bono cantina, es muy bajo y no alcanza”.
En el informe se aclara que es preciso tener en cuenta que el trabajo de campo se realizó durante la etapa de pospandemia, situación que afectó la economía de las familias, agudizó las desigualdades y “embistió en la alimentación de estos hogares que vieron afectadas sus estrategias domésticas de consumo alimentario”. Consultada por el peso de la pandemia en los resultados que arrojó el estudio sobre inseguridad alimentaria, la académica respondió: “Es claro que la pandemia agudizó todas estas situaciones, no cabe duda, pero también observamos que son historias que vienen de tiempo atrás, pareciera ser algo más estructural. Tenemos que ser conscientes de que casi un 20% de niños, niñas y adolescentes en Uruguay viven en la pobreza”.
Mensaje al Estado
El equipo investigador concluyó que “en la población estudiada, adolescentes que en su mayoría están escolarizados, pero no cuentan con cobertura de alimentación dentro del sistema educativo de pertenencia, existe una vulneración del derecho a la alimentación adecuada”. Ante esta afirmación, ponen sobre la mesa la siguiente recomendación: “Es urgente que el Estado, a través de sus organismos competentes, garantice la provisión de alimentos en forma digna, suficientes en cantidad y calidad, de manera de contribuir, desde una perspectiva integral, al logro del derecho a la alimentación adecuada de los adolescentes”. En tal sentido, Ceriani explicó que el grupo de autores del informe considera necesaria la implementación de un programa de alimentación para adolescentes, así como “una mirada más global” sobre la problemática, más allá de lo económico. “A veces ponemos el foco en que se hacen las transferencias económicas y el problema está resuelto. Además de una alimentación adecuada y equitativa para toda la población, entendemos necesario preservar las condiciones de vida, socioambientales y la garantía de los derechos humanos”.