La Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs) expresó su consternación tras el asesinato de Luna, una adolescente de 13 años, en Maldonado. Además, advirtió que el hecho “no es un caso aislado” sino un síntoma de un sistema de protección que “llegó tarde y que no logró poner en el centro a las infancias y adolescencias”.
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PIAs reclama declarar emergencia nacional por infancia y adolescencia.
Foto:Maria Ines HiriartCaras y Caretas Diario
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En un comunicado emitido este 21 de agosto, la organización reclamó la declaración de una emergencia nacional en materia de infancia y adolescencia, con el objetivo de jerarquizar políticamente la problemática y habilitar mecanismos urgentes para atenderla. “Hoy más que nunca es imprescindible declarar la situación de las infancias y adolescencias en Uruguay como una emergencia nacional”, enfatizó.
El colectivo señaló que, pese a la existencia de un ciclo de diálogo interpartidario realizado en 2024 donde se evidenciaron coincidencias sobre las fallas del sistema, todavía no se conoce un plan nacional integral que responda a los problemas diagnosticados. Entre ellos, mencionan la descoordinación entre organismos, la falta de respuestas territoriales y la ausencia de acciones articuladas.
También advirtieron sobre la violencia institucional y judicial que sufren niños, niñas y adolescentes, así como la insuficiencia de recursos humanos capacitados para atender las múltiples formas de violencia.
Otras demandas
Además de reclamar la emergencia nacional, la misiva contiene otras demandas, entre ellas la integración de recursos específicos al presupuesto nacional, la reglamentación inmediata de la Ley GAPIA N° 20.376, la instalación del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la prevención de la violencia vicaria y de género, el fortalecimiento del SIPIAV, y la implementación efectiva de la educación sexual integral con formación profesional y presupuesto asignado.
La Plataforma concluye que cada niño, niña y adolescente “tiene derecho a crecer protegido y en condiciones dignas”, y subraya que la situación constituye “una urgencia impostergable que compromete a todo el Estado y a toda la sociedad”.
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