Los inversores estafados explicaron que no buscan que el Estado se haga cargo de la deuda, sino que asuma responsabilidad por sus omisiones y colabore con el esclarecimiento del caso. En ese sentido, presentaron a los legisladores un documento de ocho páginas planteando sus cuestionamientos y preocupaciones.
Los ahorristas apuntaron que mientras aumentan los depósitos de fondos nacionales en el exterior desde 2019, llegando a un total de U$S 62.000 millones, “a los uruguayos que invierten en Uruguay no se los cuida y se los estafa con colaboración de funcionarios del Estado por acción o por omisión”.
Quedó claro que una estafa de tal magnitud “no pudo ser posible sin errores u horrores del Banco Central del Uruguay (BCU), la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de la República (BROU), la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Senaclaft), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio del Interior”, advirtieron.
“Nos encontramos frente a una asociación para delinquir con una madeja de corrupción, testaferros y lavado de activos difícil de cuantificar hasta ahora”.
“No es un contrato entre privados, es una estafa de unos privados a otros privados con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos”, indicaron.
El contradictorio oportunismo de la DGI
A fines de julio, la DGI se presentó como acreedor en el concurso de Conexión Ganadera reclamando U$S 6,4 millones, por presuntos tributos impagos por el “fondo ganadero”, una instancia que indignó a los damnificados por la millonaria estafa, que ahora pretenden impugnar la medida.
Los damnificados plantearon ante los senadores una insólita “contradicción” entre el BCU y la DGI en la acción de esta última al presentarse al concurso necesario de la empresa Conexión Ganadera Ltda. Mientras el expresidente del BCU, Washington Ribeiro, manifestó el 23 de enero de 2025 que “este tipo de inversiones en buena medida por cómo se configuran, no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son contratos de capitalización ganadera”, la DGI “se presenta ante el Concurso Necesario a reclamar las retenciones impagas por IRPF de los contratos financieros de Conexión Ganadera. La inversión o es productiva y debe pagar IMEBA o es financiera y debe pagar IRPF”, cuestionaron.
“Lo que dice el BCU hasta enero del presente año (en el acierto o en el error) no se puede cambiar en julio del mismo año y además hacerlo retroactivo”, expresaron. Según los denunciantes, este cambio de criterio —además aplicado en forma retroactiva— “afecta la legalidad y la estabilidad del mercado” y a su vez sienta “un antecedente peligroso” para los inversores privados uruguayos.
La permisividad del BCU con Conexión Ganadera
El BCU presentó un anteproyecto de ley para modificar su Carta Orgánica y ampliar su ámbito de control y regulación a entidades como los fondos ganaderos que, en los últimos meses, han sido cuestionados y fueron producto de investigaciones penales por estafas, como fue el caso Conexión Ganadera. El proyecto "Reforma del perímetro regulatorio del BCU", remitido al Ministerio de Economía, modifica la Carta Orgánica del organismo para "fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos".
En el documento explican que, a pesar de estar fuera del ámbito regulatorio del BCU, “el organismo sí tenía potestades para fiscalizar si los fondos ganaderos estaban sujetos a la obligación de obtener una licencia para la actividad y para actuar ante captación irregular de fondos asimilables a depósitos bancarios”.
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Mauricio Zina / FocoUy
Al respecto, las víctimas de la estafa de Conexión Ganadera hicieron alusión a que Pablo Carrasco, uno de los socios de la empresa que se encuentra en prisión preventiva hasta el 10 de febrero de 2026, logró “escapar” a los controles del BCU por “presunta complicidad” de funcionarios del ente. Critican que el BCU no haya instruido a Conexión Ganadera a cesar su publicidad, como sí hizo desde 2018 con otras empresas del sector, lo que le permitió —denunciaron— captar ahorro público de forma masiva y alcanzar una posición “cuasi monopólica” en el mercado.
Apuntaron que “la omisión del BCU de no denominar a los contratos financieros como tales en el caso de Conexión Ganadera les hizo un gran daño a los ahorristas y al ahorro público del país y, en definitiva, a la legalidad, porque de esta manera:
1. Permitió que las actividades de la empresa no fueran reguladas por el BCU, siendo muy fácil para los exdirectores de la empresa y sus testaferros -dentro y fuera de las familias- el no cumplimiento de la obligación establecida por los artículos 1 y 2 de la Ley 17.835 del 23 de setiembre de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 18.494 del 5 de junio de 2009, relativas al Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
2. No instruyó a los exdirectores de la empresa ‘al cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal’ con el fin de proteger el ahorro público. Recordemos que entre las funciones del BCU está la de impedir que personas o empresas que no se encuentren reglamentadas por la institución capten el ahorro público. Al no tener este impedimento, la empresa pudo desplegar una intensa actividad publicitaria para la captación del ahorro público a niveles exorbitantes.
3. Esta omisión del BCU con Conexión Ganadera, y no con las otras empresas ganaderas, permitió que esta empresa fuera la única con publicidad masiva y le dio una posición privilegiada en el mercado (por acción o por omisión), lo que explica el crecimiento exuberante de captación que tuvo en los últimos años”, señalaron.
También cuestionaron que el BCU mantenga en reserva información recabada desde 2018, pese a que exdirectores de la empresa están imputados por estafa y lavado.
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Conexión Ganadera: la estafa de las vacas fantasmas.
Críticas al MGAP por irregularidades en la trazabilidad de ganado
En la comisión del Senado, los ahorristas no solo apuntaron al BCU, sino que también hablaron de irregularidades en la órbita del Ministerio del Interior, el MGAP en administraciones pasadas, sobre todo en el manejo de guías de Dicose y caravanas para el ganado. Los ahorristas denunciaron posibles complicidades de funcionarios, ya que se hallaron numerosas guías selladas y firmadas, pero sin completar, lo que involucraría tanto a empleados del MGAP como de Interior.
En ese sentido, una de las damnificadas señaló a Caras y Caretas la responsabilidad del director del Sistema Nacional de información Ganadera (SNIG) del MGAP, Gabriel Osorio, por lo que exigen que se haga una profunda investigación en el MGAP, “donde se violentó el sistema de trazabilidad, con caravanas en cajones (más de 7 mil encontradas en las oficinas Gustavo Basso Negocios Rurales), con guías físicas falsas sin respaldo de ganado, selladas por la Jefatura de Policía de Florida, Seccional 1a y emitidas y firmadas por el encargado de trazabilidad de Conexión Ganadera Sr Diego Quiroga”, quien es uno de los indagados que aún siguen libres, sin imputaciones.
Exigen a los tres poderes del Estado que investiguen a los responsables
También reclamaron que se anule el crédito presentado por la DGI en el Concurso, que se levante la confidencialidad de las actuaciones del BCU y que se investigue a directivos, familiares, intermediarios y funcionarios públicos que habrían participado en la trama, que según la Fiscalía involucra a 30 empresas.
Asimismo, exigieron “que se investiguen las actuaciones del BROU, especialmente la sucursal Florida, permitiendo transacciones por sumas extraordinarias sin pedir justificación de fondos; que se investigue a los escribanos miembros de las maniobras de lavado de dinero en compras de campos, inmuebles, autos de alta gama y maquinaria agrícola; que se investigue la actividad del contador José Santeugini emitiendo informes contables de la empresa Conexión Ganadera en los cuales afirma que los mismos se ajustan a las normas contables emitidas por el Colegio de Contadores y Economista del Uruguay. Dichos informes no se ajustan a la normativa mencionada, omitiendo información de suma relevancia en lo material y lo conceptual”, denunciaron los damnificados ante los senadores.
“Estamos frente a un grupo de delincuentes que se burló de la legalidad, engañó y manipuló a políticos y tuvo montado un esquema delictivo sin referencias a nivel nacional”, dice la misiva. En ese contexto nombraron al exdirector de la OPP Isaac Alfie, al exintendente de Montevideo Daniel Martínez y al senador Sebastián Da Silva como figuras que confiaron en el negocio promovido por Basso y Carrasco.
Apuntaron que “el (Poder) Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia están en un cruce de caminos”, por lo que pidieron que los tres poderes del Estado trabajen “de forma conjunta y a fondo” para “construir el país del futuro donde los criminales reciban sus penas, las víctimas sean reparadas y las inversiones de los uruguayos sean tratadas con el mismo respeto que las inversiones de las empresas extranjeras”.
