Un costo que crece
El impacto económico de los amparos también aumentó de forma significativa. Durante 2025, el cumplimiento de las sentencias judiciales demandó unos US$ 159,5 millones. De ese monto, aproximadamente US$ 142 millones fueron asumidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que el resto correspondió al FNR.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que una parte importante de los medicamentos reclamados mediante esta vía ni siquiera cuenta con registro sanitario en Uruguay.
El escenario se vuelve más complejo ante la aparición constante de nuevas terapias, muchas de ellas de altísimo costo, que obligan a los sistemas de salud a tomar decisiones sobre qué tratamientos incorporar, con qué evidencia científica y bajo qué condiciones de financiamiento.
El Gobierno busca una salida de fondo
Ante el crecimiento de los amparos, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, convocó en julio a representantes de distintos sectores para comenzar a construir una política de Estado sobre el acceso a medicamentos de alto costo.
La convocatoria reunió a integrantes de la Suprema Corte de Justicia, las comisiones de Salud del Parlamento, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, la industria farmacéutica, sociedades científicas, organizaciones de pacientes y usuarios y representantes de universidades públicas y privadas.
El objetivo es construir una hoja de ruta que permita reducir la necesidad de recurrir a los tribunales sin restringir el acceso a la innovación terapéutica. Para el MSP, el desafío consiste en compatibilizar el derecho a la salud con la evidencia científica, la equidad entre pacientes y la sostenibilidad económica del sistema.
Actualizar las prestaciones y decidir con evidencia
Una de las principales líneas de trabajo ya está en marcha. Desde el comienzo de la actual administración funciona en la órbita de la Dirección General de la Salud (DIGESA) un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional encargado de actualizar el PIAS y el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM).
El grupo ordenó unas 300 solicitudes que habían sido planteadas durante el último año por asociaciones de pacientes, usuarios y representantes de la academia.
La incorporación de nuevas prestaciones no se realizará únicamente en función de la existencia de un nuevo medicamento o tratamiento. El MSP trabaja con metodologías de priorización utilizadas internacionalmente y adaptadas a la realidad uruguaya, con participación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSU).
El propósito es determinar cuáles tratamientos tienen suficiente evidencia científica para ser incorporados, cuál es su impacto sanitario y cuánto costaría extender su cobertura al conjunto del sistema.
Las nuevas prestaciones se incorporarán de manera progresiva, teniendo en cuenta su impacto sobre la cápita del FONASA y el presupuesto del FNR, además del espacio fiscal disponible.
Un FNR bajo mayor presión
El Fondo Nacional de Recursos cubre actualmente tratamientos para 45 patologías y financia 87 medicamentos, incluidos 26 biológicos y dos terapias avanzadas.
En 2025, el organismo financió 14.474 tratamientos. Ese volumen representó el 26% de su presupuesto anual, cercano a los US$ 460 millones.
La presión también se explica por el aumento de la cantidad de pacientes que requieren tratamientos complejos. En la última década, el número de pacientes oncológicos cubiertos por el FNR aumentó 142%, mientras que también se amplió la cobertura para personas con enfermedades raras.
La estrategia del Gobierno no se limita a revisar qué medicamentos ingresan al sistema. La discusión también incluye cambios en los procesos regulatorios, mecanismos para negociar mejores precios, fortalecimiento de la evaluación de tecnologías sanitarias y nuevas estrategias para facilitar el acceso a medicamentos innovadores.
Otro de los ejes planteados es mejorar la transparencia y la participación de pacientes, usuarios, especialistas y otros actores en las decisiones sobre incorporación de tratamientos.
El MSP considera que el problema requiere una mirada integral, no se trata solamente de aumentar las prestaciones, sino de establecer mecanismos que permitan decidir de manera más rápida, transparente y sostenible qué tecnologías deben ser financiadas por el sistema.
