Romani: «El prohibicionismo hace más daño que las drogas»

La nueva medida permite que las personas mayores de 18 años puedan poseer para consumo personal un máximo de 2,5 gramos de estas sustancias, que no podrán ser confiscadas por la Policía. La norma también protege a quienes consumen, ya que no serán pasibles de multas, arrestos o acusaciones. Otra de las novedades de esta iniciativa es que las personas beneficiarias recibirán información sobre recursos sanitarios a disposición. “A través de esta exención, podremos reducir el estigma, el miedo y la vergüenza que siente la gente que consume drogas y ayudar a más personas a acceder a apoyos y tratamientos que pueden salvar vidas”, opinó la ministra federal de Salud Mental y Dependencias, Carolyn Bennett, en un artículo publicado en El País internacional.

También llegaron noticias desde Australia, que aprobó el consumo de medicamentos que contienen drogas psicodélicas como el éxtasis y los hongos alucinógenos, que a partir de julio podrán consumirse bajo prescripción médica. En un comunicado reciente, la Administración de Bienes Terapéuticos (TGA por sus siglas en inglés) informó la permisión de que estas sustancias sean prescritas por "psiquiatras específicamente autorizados para el tratamiento de algunas dolencias de salud mental". De acuerdo al organismo, se permite la prescripción de la droga sintética MDMA (éxtasis) para tratamientos del síndrome de estrés postraumático. En el caso de la psilocibina, podrá indicarse para depresiones que no mejoren con otros tratamientos. En ambos casos, especialistas que receten medicamentos que contengan estas sustancias deberán contar con la aprobación de la TGA, que luego elevará el caso a un comité de investigación ética. "Estas son las dos únicas enfermedades para las que hay suficientes pruebas de beneficios potenciales para algunos pacientes", comunicaron en el documento. Para recetar fármacos con estas sustancias, los psiquiatras deben recibir la aprobación de la TGA, que lo someterá al juicio de un comité de investigación ética.

Un debate necesario

Para Milton Romani, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, tanto la noticia de Canadá como la de Australia son “auspiciosas” y “un paso muy importante”, ya que “rompen una barrera que le ha hecho mucho daño a la humanidad, que es el prohibicionismo”. En tal sentido, el experto mencionó otros casos como el de Oregón y otras ciudades estadounidenses, donde se legalizó el consumo de psicodélicos con resultados favorables. “El tema droga, dicho siempre en singular, genera un sesgo determinado y se lo encapsula en esta visión prohibicionista, que ya hace más de 100 años predomina en la comunidad internacional. Desde la creación de la comisión del opio de Shanghái, en 1909, los organismos internacionales y el mundo en general han llevado a extremos inauditos la idea de que prohibir la producción, consumo y comercialización de sustancias psicoactivas es la medida más adecuada para resolver una problemática social, humana y productiva que ha causado muchos daños. Pero las políticas de drogas han causado más daño que las drogas mismas”, aseguró, citando Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas.

Por otro lado, Romani aclaró que despenalizar el uso médico de ciertas sustancias, como los hongos o el éxtasis, no es lo mismo que la legalización regulada, que es lo que se hizo en Uruguay con el cannabis, y que implica un acceso libre a la producción, comercialización y uso de esta droga. “Son dos cosas diferentes, aunque ambas son positivas. En Uruguay, la tenencia para uso personal de cualquier tipo de sustancia nunca tuvo carga penal, no es delito, está escrito en la Ley 14.294, que se aprobó en plena dictadura con base en un proyecto que había elaborado la doctora Adela Reta. Como en muchos fenómenos en Uruguay, se eligió el camino de la legalización y de la regulación”.

Consultado sobre la posibilidad de que la estrategia que aplicó Uruguay al legalizar la marihuana se pueda utilizar para sustancias psicoactivas, Romani se refirió a la tradición liberal que tiene nuestro país y que ha permitido “abrir caminos”, no solo en políticas de drogas, sino en otros temas, como la legalización del trabajo sexual, que han sido ejemplo en el mundo. “Luego de años de estar retirado de la función pública me siguen convocando para hablar del mercado regulado del cannabis, que ha demostrado ser una política pública muy eficaz hasta tal punto que el actual gobierno, que está en las antípodas del Frente Amplio, la sigue conservando”. Y sumó: “Parece insólito que, en un escenario tan crispado por la confrontación política, a veces absurda y agresiva, y en un tema tan complicado como política de drogas, el mercado regulado del cannabis, a pesar de algunos pujos que ha tenido Cabildo Abierto y de algunas iniciativas del subsecretario Guillermo Maciel, se siga conservando”. A su entender, esto se debe a que se logró demostrar que el acceso legal de muchos usuarios de cannabis los alejó del mercado del narcotráfico. “Ya no concurren a las bocas de venta ni para cannabis ni para otras cosas. Actualmente hay más de 65. 000 uruguayos y uruguayas que están debidamente registrados en las tres modalidades de acceso, autocultivo, clubes cannábicos o compra en farmacia”.

Ante la pregunta de si la regularización resuelve la problemática del tráfico de drogas, respondió: “No, no lo resuelve, pero es un paso adelante porque preserva un derecho humano. Uruguay, antes de legalizar la marihuana, cuando ingresó como país miembro de la comisión de estupefacientes, que es la dirección política de Naciones Unidas, promovió la debida integración de los organismos de derechos humanos con la política de fiscalización de drogas. Y lo que está ocurriendo en el mundo demuestra que el camino va por allí, por la sencilla razón de que el prohibicionismo en su máxima expresión, que ha sido la guerra contra las drogas, es un modelo que fracasó rotundamente, pero que algunas cabecitas en Uruguay lo siguen considerando viable”. Para ilustrar esta idea se refirió al plan Colombia, “una suerte de alianza entre Estados Unidos y Colombia en la que cada uno aportó hasta 16.000 millones de dólares y lo único que consiguieron fue aumentar la producción de hoja de coca e incrementar la violencia”. Asimismo, se refirió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha declarado que un millón de latinoamericanos, mayormente jóvenes, mujeres y pobres, murieron en el marco de la guerra contra las drogas, lo cual, a entender de Romani, confirma la necesidad de cambiar el rumbo hacia legalización regulada”.

Romani subrayó la conveniencia de tener el mercado de las drogas “bajo control del Estado y no bajo el monopolio del narcotráfico”, que muchas veces está regulado por la intervención policial. “Cuando la Policía actúa contra una banda, aunque no quiera, está favoreciendo a otra respecto al control del comercio, eso es así por las reglas que fija el mercado. Y esta situación es una vía para la corrupción policial porque si se actúa dentro de un mercado ilícito sobre unos actores favoreciendo a otros, de alguna manera, siempre se cuela la posibilidad de corrupción”.

Con respecto a la existencia de una puja liberal por la legalización “descontrolada”, con reglas de competencia fijadas por el mercado, aseguró que “no es recomendable” para afrontar el narcotráfico y que “no es el camino elegido por Uruguay”. “Estados Unidos tiene un problema brutal de crisis de opiáceos que le ha costado casi 110.000 muertes por sobredosis y esto no es obra del narcotráfico, sino de la producción irresponsable y mentirosa de varios laboratorios como Johnson y Johnson, que generaron una publicidad falsa”.

El exjerarca y embajador estima que el camino hacia la regulación seguirá avanzando y se animó a afirmar que Estados Unidos será el próximo en regular el cannabis a nivel federal. “Ya son 17 circunscripciones subestatales y la capital que quieren legalizar la marihuana y 34 estados que la tienen legalizada para uso médico. Hay un proyecto que se votó en la cámara baja y que en algún momento va a entrar en el Senado. Estados Unidos va a ser la próxima jurisdicción nacional donde se va a legalizar la marihuana, entre otras cosas, porque es un absurdo que un mercado que mueve miles de millones de dólares esté en manos del narcotráfico y de organizaciones criminales que giran en torno a las drogas, a los migrantes, a las armas y al lavado de dinero”.

Y añadió: “Desde el punto de vista de la salud pública no hay duda de que la orientación de reducción de daños y gestión de riesgos es la mejor opción que para todas las sustancias, no solamente para el cannabis. En Uruguay se hicieron varias experiencias y han dado buenos resultados. Las drogas no se legalizan y regulan porque sean sustancias blandas, sino porque, precisamente, pueden ocasionar daños a la salud pública, es mejor que estén controladas por el Estado, que los

Estados libren las patentes necesarias y que se ejerza el derecho de toda persona a consumir lo que quieran, siempre y cuando no alteren el orden público ni a terceros, como establece el artículo 10 de la Constitución”.

Consultado sobre si la sociedad uruguaya y el gobierno están preparados para avanzar hacia la regulación de sustancias como las psicodélicas, Romani respondió afirmativamente. “Debido a la experiencia que hemos tenido en materia de regulación del cannabis, creo que Uruguay es de los países que están más preparados para aceptar la legalización y regulación de otras sustancias. Cuando empezamos a manejar el tema de la legalización de la marihuana en 2013 había una opinión pública totalmente contraria. A pesar de que el debate parlamentario fue muy bueno, y de que varios legisladores opositores, como Daniel Radío, no votaron la ley pero se manifestaron acordes a ella, en el imaginario social el tema drogas estaba muy vinculado al peligro, concepción que con el tiempo se logró invertir. En estos momentos las encuestas de opinión son muy favorables al mercado regulado del cannabis. Hay que seguir trabajando en la educación y concientización”. No obstante, Romani reconoció que sigue habiendo mentalidades conservadoras y rígidas que creen que sigue siendo mejor prohibir que legalizar, por lo que insistió en que “es un debate social que hay que dar”, ya que “Uruguay, un país chico que no es potencia militar y económica, tiene excelentes condiciones y ha sido un líder respetable en la legalización de la marihuana”.

“Nosotros ingresamos a la Comisión de Estupefacientes de la ONU en 2008, organismo conformado por 53 miembros, donde nos han reelegido por sexta vez porque la comunidad internacional ha comenzado a ver que Uruguay, en base a la armonización con los instrumentos de derechos humanos, tiene sus ventajas. Creo que realmente podemos dar un paso frente a los psicodélicos, que ya están siendo aceptados desde el punto de vista médico y recreativo en muchas partes del mundo”, agregó Romani.

Viento en contra

Sobre las posibilidades de que este gobierno ponga el tema de la regulación de sustancias psicoactivas en la agenda, Romani no manifestó expectativas: “Teniendo en cuenta las contradicciones que tiene está coalición multicolor, y no solo en el tema drogas, no veo posibilidad de que ingresen en esta discusión. No van a arriesgar el equilibrio de una coalición que se les está desarmando, y que está enfrentando una nueva campaña electoral con los pujos de Cabildo Abierto y de otros partidos que buscan perfilarse”.

Con respecto a las embestidas de referentes cabildantes contra le ley del cannabis, la cual plantearon derogar el año pasado, y a los pedidos de “mayor combate a las drogas” del líder y senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, el exjerarca de la JND respondió: “El general Manini Ríos es un hipócrita, habla del cuco de las drogas y yo le sigo preguntando qué dispositivos de salud y de rehabilitación de drogas instrumentó en la dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas cuando él fue director. No conozco ninguno, a no ser que me diga que la familia militar no tiene problemas de consumo. La comunidad que se atiende en el servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas tiene casi 250.000 personas. Me gustaría saber si el general Manini Ríos podría compartir la experiencia de atención para los adictos de drogas de esa comunidad, y hablo también del alcohol. En un lugar tan sensible como las Fuerzas Armadas, ¿qué hizo el comandante en jefe para reducir el consumo abusivo y problemático de alcohol, por ejemplo, en los casinos de oficiales?”.

Para Romani, el senador Manini Ríos “tendría que explicar por qué sigue siendo más eficaz que al mercado lo siga regulando el narcotráfico y frenándolo con un enfoque de guerra. Él conoce de guerra y sabe perfectamente que no puede ser el camino. Y Afganistán es un claro ejemplo, estuvo ocupado durante 20 años por Estados Unidos, combatiendo al Talibán, que una de sus fuerzas y sus enclaves populares eran los campesinos que producían la amapola con la que se elaboran el opio, la morfina y la heroína. Después de 20 años de inversiones multimillonarias, Afganistán sigue siendo el productor de casi el 80% del opio en el mundo. Es decir, el enfoque de guerra con ocupación militar y con la prohibición bajo mando del Ejército estadounidense no pudo frenar la producción de amapola y de opio. Es más, actualmente se instalaron en laboratorios que producen la materia prima de la amapola y la exportan en forma refinada. Ese es el éxito, entre comillas, de la guerra contra las drogas”.