La militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papasso, como había anunciado la semana pasada en sus redes sociales, acusó al fiscal Rodrigo Morosoli por tres delitos y solicitó una investigación penal al fiscal de Corte, debido a que fue identificada con su nombre anterior en la documentación de la investigación que llevó a su condena abreviada tras haberse manifestado frente a la Intendencia de Montevideo cuando Inácio Lula da Silva estuvo en Uruguay, en enero de este año.
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En la denuncia, remitida al fiscal de Corte Juan Gómez, expresa que Morosoli cayó en "irregularidades con visos delictivos" cuando la investigó, según divulgó Subrayado. "A nuestro entender podrían tratarse de delitos de odio, de falsificación ideológica por un funcionario público y abuso innominado de funciones", explica el documento.
Papasso solicitó que Fiscalía investigue penalmente a Morosoli por haberse referido a ella con el nombre de su nacimiento, y no el actual, siendo que la militante "tiene todos y cada uno se sus documentos, tarjetas bancarias, carnet de salud, el de conducir de la IMM y la cédula de identidad, con su nombre actual y que debe ser respetado", además de estar en el sistema policial con el nombre actual.
La militante argumentó que Morosoli no "entiende el modo en que se debe abordar el tema", cayó en "una falta de respeto a la imputada y apartarse de lo exigido a todo funcionario". "Desestima los logros más básicos que ha logrado la comunidad trans luego de años de lucha", reclama y lo acusa de incitación al odio por razones de género.
Además, cuestionó que la Fiscalía publicó en su sitio web "algo tan privado como la historia clínica" de ella, lo que entiende que "demuestra que ha existido un exceso que podría calificarse como un delito de odio".
"Un tratamiento psiquiátrico es un derecho de todo ciudadano, no debe ser utilizado como una 'pena infamante' para 'ridiculizar' a la imputada, filtrándolos en la propia web de Fiscalía, la que hasta el momento siempre se ha utilizado con moderación y respeto", expresa en la denuncia.
Por último, la militante nacionalista alega que no se le permitió presentar pruebas, como los videos que tenía del incidente, considerando que es "excesivo". "Para que exista justificación probatoria en un acuerdo se debe aportar al menos un mínimo de prueba en favor de la acusada. De lo contrario se incurre en una absoluta indefensión y la pena solo se justifica por la firma del imputado luego de estar 48 horas en el calabozo y con promesas de llevar al Comcar a una persona sin antecedentes según manifiesta Romina Papasso. No cotejar pruebas e impedir la defensa es otro exceso", dice el escrito.
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