“Nosotros queremos que no llegue la demanda extradicional, porque automáticamente queda libre”, manifestó.
Pero en el caso de que efectivamente llegue en los próximos días, “también nos sirve porque van a quedar expuestos, porque va a estar claro que lo que van a mandar es solo por blanqueo”, aseveró. “Van a quedar expuestos por que lo que hizo Paraguay hasta el momento fue mandar el formulario de Interpol, donde le metió dos delitos más”, apuntó.
Moratorio sostiene que “el blanqueo de capitales era el único delito por el que estaba en calidad de imputada” en Paraguay por la Operación A Ultranza Py. “Pero lo que le mandó a España fue por blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes y pertenencia a una organización criminal”, cuestionó el abogado, debido a que estos últimos dos delitos “nunca estuvieron en la imputación”, advirtió el abogado.
El defensor de Gianina García Troche entiende que esto “fue pura y exclusivamente un error voluntario (de Paraguay) para agravar la pena” de su clienta; porque “solo con el delito de blanqueo es imposible llegar a 22 años y medio”, sostuvo. Además, para Moratorio, la imputación por blanqueo de capital “tiene vicios por todos lados”. “Por razones de forma, por razones de fondo, por todos lados”, denunció.
“Paraguay tiene algo rarísimo, porque tipifican dos veces el lavado de activos. Y uno tiene una pena muchísimo mayor al otro, pero está derogada; porque es una ley general que luego viene una ley especial (que la deroga)”, explicó. “Pero igual le están poniendo el más gravoso”, señaló. Pero como “el máximo son 15 años, entonces no pueden explicar cómo piden 22 años y medio”, advirtió Moratorio.
La estrategia de defensa contra la acusación de lavado de activos
Sobre la acusación de la Fiscalía paraguaya contra García Troche, por blanqueo de capitales, “nosotros tenemos cómo controvertirlo”, aseguró. En ese sentido, Moratorio trabaja en Paraguay junto a un colega, reuniendo evidencia de la sociedad anónima San Jorge, que explica que ésta “nunca tuvo funcionamiento”.
Alegó que la sociedad “nunca tuvo movimientos financieros”. “Nunca tuvo ingreso, ni egreso de dinero y eso lo tenemos debidamente acreditado y probado y ya está con acta notarial, apostillado, legalizado y camino a Madrid”, aseguró Moratorio.
“Tenemos la cuenta bancaria, tenemos la certificación de los abogados del Tesoro, tenemos un informe de auditoría y tenemos por la contadora que la hizo cómo acreditar que ni se desembolsó el dinero del depósito, ni hubo movimientos”.
San Jorge SA “se creó en marzo y ellos (los Marset) en junio (de 2021) ya se habían ido de Paraguay”, sostuvo. Tres meses después, Sebastián fue detenido en Dubái.
“Nunca se desembolsó el dinero que hablan de los 1.000 millones de guaraníes, que son una especie de 200 mil dólares, entonces ¿dónde se lavó dinero acá?”, expresó.
Acerca de Total Cars, empresa tallerista de autos de alta gama, involucrada en la trama de lavado de activos de la organización investigada en el marco de A Ultranza Py, el abogado aclara que es una unipersonal de otra persona, Alexis Vidal González, que actualmente está preso en una cárcel de Paraguay, a la espera del juicio que era socio de García Troche en San Jorge SA, en la que tenía 25 % (y 75 % la pareja de Marset). Si bien no negó el vínculo entre ambas personas, aseguró que “Total Cars no tiene nada que ver con Gianina”, y que en Paraguay “no tienen nexos” entre San Jorge SA y Total Cars “que evidencien lavado de dinero a través de esta sociedad”.
“Si vos decís que la señora García lavó dinero a través de esa sociedad, o están generando un error en el juzgado, o están mintiendo y está generando para todas las connotaciones públicas que tiene este caso una falsedad tremenda”, enfatizó.
“Si España entra a analizar la evidencia o la imputación que viene de Paraguay, la debería dejar en libertad rápidamente”, sostuvo el abogado de García Troche.
En ese sentido, Moratorio confía en que España analice el fondo del asunto y se dé “la denegatoria de la extradición”, porque tiene posibilidad de ingresarlo a través del art. 5 del Tratado de Extradición de 1998 entre Paraguay y España, justificó.
Consultado sobre un escenario en el que se confirme y se ejecute la extradición, el letrado aseguró que irán a Paraguay y “vamos a dar la batalla jurídica que haya que dar”. Vamos a presentar todas las pruebas que tenemos, todos los testigos que tenemos, vamos a controvertir toda la prueba de la Fiscalía”, durante el juicio “porque contra Gianina no tienen absolutamente nada”, insistió Moratorio.
Con respecto a la imputación que le hizo Bolivia y al posible pedido de extradición de ese país, el abogado dijo que Bolivia “no mandó oficialmente nada”. “No se tiene absolutamente nada, porque no tienen nada en la carpeta investigativa”, explicó.
La previa a la detención de Gianina en Madrid y la crítica a Dubái
Consultado acerca de dónde provenía García Troche antes de ser rebotada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y luego detenida en Madrid (España), Moratorio dijo no conocer su procedencia, pero aseguró que “ella fue a entregarse a Dubái”. El defensor no aclaró si García Troche, previamente estaba viviendo en ese país y se encontraba viajando de vuelta. Solo se limitó a decir que “ella estaba en otro lado”.
El abogado explicó que “decide viajar con su pasaporte, a donde estaban sus hijos”, porque entendía que, si allí no la dejaban entrar, la detendrían y comenzaría un proceso judicial en ese país en el que “estaban sus hijos viviendo, con familiares, hace un tiempo”, y si todo salía bien (ya que se declara inocente), los podría ver.
“Los hijos fueron a Dubái primero, familiares estaban viviendo con los hijos, se asentaron ahí, se escolarizaron, estaban ahí instalados. Y una vez que se instalaron, ella decide que no quiere seguir corriendo más de la Justicia y dice ‘bueno, voy a viajar y si me detienen, no es que yo me voy a entregar, yo voy a intentar ir a ver a mis hijos, pero con mi pasaporte. Y si me detienen que me juzguen ahí’”, expresó.
Pero “Dubái hizo algo rarísimo”, manifestó el abogado. “Se dieron cuenta con el pasaporte que era una persona con alerta roja de Interpol” y su clienta dice: “Sí, perfecto, soy yo, y en vez de juzgarla, le dicen ‘no te permitimos ingresar’”, contó.
“La tuvieron cuatro o cinco horas en un hotel ahí en el aeropuerto, y le dijeron ‘elegí el destino que tú quieras, que nosotros te mandamos ahí’”, manifestó.
Moratorio comentó que tras comunicarse con su equipo, se decidieron por Madrid, “por tener familiares viviendo ahí, estudiando y trabajando hace años, por tener un abogado de nuestro equipo de confianza, y también por haber estudiado, analizado la jurisprudencia de España, que es un país serio”, donde creía que también “se van a analizar un montón de aspectos como la doble incriminación, que sea el delito en los dos países, el tema de la prueba, todos los requisitos que tiene que tener una extradición, el tratado de 1998 entre Paraguay y España, donde hay un par de artículos importantes donde permiten el ingreso de análisis de fondo”. Por esa estrategia de defensa eligieron Madrid, donde “un abogado la estaba esperando en el despacho del aeropuerto”, cuando Gianina estaba en la fila.
Respecto a la versión de la Policía de Uruguay sobre que la detención García Troche se llevó a cabo gracias a informes y trabajo conjunto de Interpol dijo: “Que se quieran sacar cartel, que acá haya habido una conferencia diciendo que hubo una cooperación de inteligencia...”. “Si una persona con alerta roja de Interpol, que es la esposa de uno de los narcotraficantes más buscados de todo el Cono Sur, viaja con su pasaporte como perico por su casa... dos más dos…”, deslizó.
“Aparte, en Dubái le habían dicho que ya se habían comunicado (con España) por lo tanto que se entregó, se entregó”. Llegó con su pasaporte y “en la fila la vinieron a buscar”, mientras “el abogado estaba en Madrid esperándola. La entrega fue así”.
La situación de Sebastián Marset y la nulidad de pruebas clave
Acerca de la situación legal de Sebastián Marset, “nosotros estamos ya hace tiempo dando los pasos pertinentes. Nosotros estamos litigando en Lyon (Francia), en la sede mundial de Interpol, para intentar bajar las alertas rojas”. El letrado explicó que también “estamos interponiendo todos los recursos y los escritos pertinentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Moratorio aseveró estar en la misma línea del abogado de Miguel “Tío Rico” Insfrán, Álvaro Arias, sobre que la acusación está basada en pruebas de interceptaciones de comunicaciones de Sky ECC, que “están viciadas de nulidad”.
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Miguel Insfrán y su abogado.
En ese sentido, aseguró estar en contacto con el defensor de Insfrán que “también está interponiendo las inconstitucionalidades y todas las ilegalidades que conlleva que no haya la autorización judicial previa, ni la cooperación internacional que tiene que venir de Francia y Holanda para la interceptación de ese tipo de teléfonos encriptados de Sky Ecc”. “Tampoco se respetó la cadena de custodia”, sostuvo.
La validez de estas comunicaciones tiene suma importancia, porque ocupan gran parte de la evidencia reunida por el fiscal paraguayo Deny Yoon Pak contra Tío Rico y Marset: “Nuestros clientes están involucrados de la misma manera”, aseguró.
Reconoció que “en las comunicaciones que tienen hay evidencias de varios aspectos”, pero siempre y cuando “ellos entiendan que es Sebastián Marset el que está detrás de ese sobrenombre del teléfono (encriptado)”, explicó el defensor. “Si nosotros podemos hacer caer esa evidencia, no tienen nada”, apuntó Moratorio.
El abogado sostiene “que está todo viciado por la teoría en derecho del Fruto del Árbol Envenenado”, porque entiende que “la evidencia que tienen es ilegal, que además hay un montón de sentencias y jurisprudencias que nos apoyan, porque no se puede condenar a una persona o una supuesta organización a través de una prueba que es obtenida de manera ilegal, no está previamente autorizada, no se siguió con la cadena de custodia”. En resumen, Moratorio advirtió que “no tienen ninguno de los requisitos que tiene que tener la prueba para entrar al juicio”.
El defensor confía en que esas pruebas “van camino a caer”. “Pero si aparece más evidencia, se tendrá que ver y plantearemos la estrategia de defensa”, aseveró.
Por las irregularidades señaladas, Moratorio no confía en la Justicia paraguaya. “No se puede confiar en que va a ser un juez justo, alguien que autoriza tener este tipo de evidencias totalmente viciadas de nulidad”, además de tener dos años imputada a la señora García, con un solo delito, y cuando ella se entrega a la Justicia le agregan dos delitos. ¿Cómo vas a confiar en una Justicia que se maneja en estos parámetros? Hay inconstitucionalidades, hay ilegalidades”, apuntó el abogado.
La defensa de los otros miembros del clan Marset-García
También puso como ejemplo la situación de Diego Marset, que estuvo dos años con alerta roja de Interpol y con una imputación de un montón de delitos, pero “la única evidencia que hay en toda la carpeta investigativa es que el hermano le había regalado un auto, un Audi”. “No tienen evidencia”, advirtió. Solo “tienen que viajó a Bolivia un par de veces”. Pero, “desde cuándo viajar es un delito”, cuestionó.
Asimismo, Moratorio se refirió a la situación de Mauro García Troche, también señalado por la Justicia paraguaya como parte de la organización. Para el abogado, al igual que con el de Marset, sobre el hermano de Gianina “no hay absolutamente nada que lo relacione”.
“Él (Mauro) era el encargado del establecimiento 23 de abril. Era un trabajador independiente”. Moratorio argumenta que “tiene planilla de trabajo, trabajó toda la vida y lo único que tienen contra él es que era encargado de ese campo. Y ese campo es justamente de una organización. Bueno, primero no tienen cómo probar que ese campo es de la organización. ¿Y después qué delito le imputás a alguien que está trabajando en ese campo como encargado?”, preguntó.
El abogado defensor de la familia Marset-García sostiene que “la imputación a Gianina García, a Diego Marset y a Mauro García es por portación de apellido”.
En tal sentido, recordó la teoría del derecho penal del Enemigo de Günther Jakobs, que refiere a que “se deja el derecho penal de acto por el derecho penal de autor”. “Si sos la esposa de un narcotraficante, ya está. Y si lo tenemos que acorralar, te vamos a acorralar, y aunque nunca hayas cometido un delito, te vamos a perseguir y le vamos a poner color y en toda la prensa se va a manejar que has cometido tal y tal delito, cuando no cuentan con evidencia ninguna”, manifestó.
Asimismo, Moratorio cree que “acá hasta hay cuestiones de género. Por ser la mujer de, por tener el apellido que tiene”. Y eso no debe suceder “en un Estado de derecho serio, donde (debe existir) un derecho penal mínimo de acto”, sostuvo.
Para el abogado de Sebastián Marset y su círculo familiar, la Operación A Ultranza Py (la investigación más grande de la historia de Paraguay sobre narcotráfico) “es mucho bombo, mucha espuma y de evidencia tienen muy poco”, señaló.
Con respecto a la situación de Gianina García Troche, Moratorio informó que “hemos presentado un Habeas Corpus en Paraguay, hemos presentado recursos de inconstitucionalidad y tenemos tres escritos más que están ahí, que no nos los reciben porque consideran que está en rebeldía. Entonces ahí tenemos otro punto. Cómo va a estar en rebeldía si todo el mundo sabe que está presa en Madrid, pero ellos interpretan que la rebeldía es porque no está presa en Paraguay”, cuestionó.
La corrupción en Paraguay y Bolivia, y el asesinato del fiscal Pecci
Consultado sobre el nivel de confianza que le genera la Justicia de Paraguay y la de Bolivia, además de la corrupción existente a nivel político en esos países, el abogado dijo: “Lo que realmente veo es que en Paraguay, y en Bolivia más, hay un nivel de corrupción tal que llega al partido de gobierno, a los gobiernos anteriores y que lamentablemente hasta lo que he podido ver en Paraguay, que me he reunido, he estado en el juzgado, yo lo que veo con diferentes actores es eso, que hay un problema y es tan diferente a acá a Uruguay, por suerte que hay un nivel de corrupción enorme. Entonces se viven recusando jueces y fiscales, implantan pruebas, sacan prueba, no sé, yo la verdad que por algo lo he repetido en varios medios, no me da ninguna garantía litigar en Paraguay, menos en Bolivia”.
“En Bolivia tengo cosas muchísimo más graves que por razones de estrategia, lógicamente nunca las mencionamos por ahora en la prensa”, advirtió el abogado.
Respecto a Bolivia, “tenemos evidencia contundente de corrupción y en Paraguay es clarísimo también que hay corrupción”. Entonces, "vemos que lo agarran como chivo expiatorio, el causante de todos los males a Sebastián Marset. Lo mismo pasó con el homicidio del fiscal (Marcelo) Pecci, que no tienen evidencia ninguna contra él”.
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“Tienen a los autores materiales, tienen las líneas de investigación de los autores intelectuales, y ninguna tiene relación con Marset, pero, así y todo, bueno, le echan la culpa...”. Si bien una de esas líneas apunta al que es indicado como su socio (Miguel Insfrán), sostiene que “no hay evidencia que lo involucre” a Marset.
“El tema es que esto fue una bola de nieve, que fue creciendo a tal punto que hasta (Gustavo) Petro, el presidente colombiano, se puso el traje de juez y sentenció que había sido Sebastián Marset” el responsable de mandar matar al fiscal Pecci.
