Un colectivo conformado por más de 150 vecinos del departamento de Colonia y de distintos rincones del país emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo a los proyectos +Colonia y Praxis. Argumentan diversos aspectos vinculados a la tramitación, el impacto ambiental y el modelo de desarrollo propuesto para la zona costera.
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Motivos del rechazo a +Colonia y Praxis
El pronunciamiento señala que el cambio de categoría —que pasaron de rurales a suburbanas con fines turísticos—multiplicó en forma exponencial el valor de las propiedades, la familia argentina Bastitta, elevando el costo de seis a sesenta dólares el metro cuadrado. En esa línea, la organización sostiene que con esta medida "la Intendencia hizo legal lo ilegal abriendo un precedente potencialmente grave para toda la costa del departamento".
Asimismo, el colectivo critica que la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental (Dinacea) otorgara una categoría B de impacto ambiental "basándose solo en un informe pagado por la empresa, y solo para una porción de las 520 hectáreas, sin exigir una evaluación integral total con audiencia pública". También objetan la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 18 de abril de 2024, la cual eximió a la firma por una década de tributos de importación, IVA, renta y aranceles para maquinaria y obras.
Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la empresa Alas Este SAS, a la que acusan de no haber cumplido con su responsabilidad contractual respecto al pago de dos millones de dólares al departamento de Colonia. Según indican, la deuda salió a la luz "gracias a una denuncia pública hecha por el colectivo No a + Colonia", tras lo cual la empresa reconoció el monto pero se negó a abonarlo, obteniendo por parte del ejecutivo y la junta departamental la autorización para renegociar y abonar en cuotas.
Por otro lado, los firmantes advierten sobre una "segregación social" al crear "una ciudad aislada a espaldas de Colonia del Sacramento, su historia, su cultura y su identidad, con su propia gobernanza, seguridad y accesos exclusivos". También consideran que el proyecto promueve "una modalidad renovada de colonialismo mediante la importación de un modelo urbano diseñado para élites locales y extranjeras, enmascarado tras el discurso de la smart city".
Asimismo, desestiman el concepto de sustentabilidad utilizado al señalar que "destruir las dunas primarias y el bosque nativo no puede ser parte de ninguna propuesta de sustentabilidad". Para ellos, este discurso "no es más que un producto de marketing".
También critican la falta de participación ciudadana en este proyecto, ya que consideran "inaceptable" que "el desarrollo urbano y el objetivo de duplicar la población de Colonia del Sacramento queden en manos privadas y no en una decisión de los colonienses" cuando es el pueblo que "a través de sus impuestos, asumirán los costos de la provisión de los servicios públicos de + Colonia/Praxis".
Además, aseguran que el concepto de "ciudad inteligente" es falso, señalando que "prometen alta conectividad, pero omiten detalles sobre la gestión de datos, algoritmos, gobernanza o problemas urbanos reales a resolver".
Propuesta del colectivo
Ante este escenario, el colectivo reclama la suspensión inmediata de las obras hasta que se conozcan en profundidad las dimensiones sociopolíticas y ambientales de la iniciativa, exige una evaluación de impacto ambiental independiente que abarque la totalidad del emprendimiento y demanda transparencia en los contratos, acuerdos e inversiones vinculados al proyecto.