Las tres adolescentes fueron imputadas por dos delitos de lesiones personales y uno de violencia privada, en calidad de autoras. La Justicia dispuso su internación en el Inisa por un plazo de 30 días.
El sindicato comenzó su pronunciamiento expresando su preocupación por lo sucedido y reafirmando su «más absoluto e incondicional respeto a los derechos de las víctimas y de las personas que resultan afectadas por situaciones de violencia». También aclaró que sus cuestionamientos no pretenden minimizar la agresión ni desconocer el derecho de las víctimas a recibir protección y justicia.
Sin embargo, consideró alarmante que se haya recurrido al encierro como respuesta cautelar frente a adolescentes de tan corta edad, cuando existen otras medidas alternativas que permiten atender los eventuales riesgos procesales sin recurrir a la privación de libertad.
Tres adolescentes a prisión
El planteo del Sinau apunta especialmente a las circunstancias que rodean las trayectorias de vida de las adolescentes. «Nos resulta alarmante que en estas decisiones no se ponderen las trayectorias de vida, las vulnerabilidades preexistentes, las situaciones de trauma y el contexto de extrema desprotección en el que se encuentran estas adolescentes», sostiene.
Y agrega una definición que coloca en el centro de la discusión el papel del sistema de protección: «Quienes hoy son recluidas son las mismas gurisas a las que el sistema de protección no logró brindar a tiempo las condiciones de amparo que requerían».
Para los trabajadores, el pasaje de un dispositivo de protección a un centro de reclusión no constituye una solución al problema, sino que puede profundizar las condiciones de exclusión. «La institucionalización permanente y el encierro no educan, ni reparan. Para las infancias y adolescencias en situación de mayor vulnerabilidad, la respuesta jamás puede reducirse a pasar de un dispositivo de amparo a un centro de reclusión adolescente, profundizando la estigmatización y la desigualdad», advierte el comunicado.
Una agresión que derivó en una discusión sobre el sistema de protección
El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del hogar del INAU donde residen las adolescentes, ubicado junto a la vivienda de Ripoll, en la zona de Agraciada y San Fructuoso, en Montevideo.
La dirigente del Partido Nacional denunció que fue agredida cuando esperaba un taxi para trasladarse a una entrevista. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, estaba registrando lo que ocurría con su teléfono celular cuando una de las adolescentes intentó quitárselo y la golpeó en el rostro. La agresión le provocó un hematoma que posteriormente mostró públicamente.
El caso tuvo repercusión política y mediática, tanto por la identidad de la víctima como por las circunstancias en que ocurrió. La decisión judicial de enviar a las adolescentes al Inisa durante 30 días sumó ahora otro componente a la discusión.
El pronunciamiento sindical no desconoce la gravedad de la violencia ejercida ni el derecho de Ripoll y su hija a recibir protección. Pero introduce una pregunta que trasciende el episodio: qué responsabilidad tiene el Estado cuando las adolescentes que hoy protagonizan un hecho de violencia son, al mismo tiempo, menores que estaban bajo su sistema de protección.
